La fiscal Paloma Ochoa concluyó que el periodista de El Destape ejerció su derecho a la libertad de expresión al publicar una nota crítica sobre el Gobierno. El caso ahora queda en manos del juez, mientras organizaciones advierten sobre intentos de intimidación a la prensa.
Argentina20 de mayo de 2025
Sures Noticias
La denuncia presentada por el presidente Javier Milei contra el periodista Ari Lijalad, de El Destape, fue desestimada este lunes por la fiscal Paloma Ochoa, quien dictaminó que no existió delito en la publicación cuestionada. La fiscal sostuvo que la nota de Lijalad, en la que se advertía sobre “el proceso de incitación al odio y la violencia contra el que piensa distinto” por parte del Gobierno, está amparada por la protección reforzada que la Constitución y los tratados internacionales otorgan a la libertad de prensa y de expresión.
El pasado 9 de mayo, Milei denunció a Lijalad por supuestas calumnias e injurias, luego de que el periodista publicara que el mandatario “tiene el mismo discurso que utilizaban los nazis para justificar el asesinato de millones de judíos”. Sin embargo, la fiscal Ochoa explicó que, por tratarse de un asunto de interés público, las expresiones vertidas gozan de especial protección y solo pueden ser sancionadas si se demuestra “real malicia”.
En su dictamen, Ochoa recordó que la protección de la libertad de prensa y expresión está consagrada en la Constitución Nacional y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, citó precedentes clave como el fallo “Kimel vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que las restricciones a la libertad de expresión deben ser proporcionales y que los asuntos de interés público cuentan con una protección especial.
La fiscal también mencionó la sanción de la ley 26.551 en 2009, que eliminó las penas de prisión por calumnias e injurias y despenalizó las expresiones referidas a temas de interés público. Asimismo, recordó el caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, donde la Corte Interamericana reafirmó que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio social y que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a informar y ser informado.
El dictamen fue celebrado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advirtió que la denuncia de Milei puede entenderse como un intento de intimidación contra la participación pública y el trabajo periodístico. “Lo de Ari Lijalad fue en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión”, señalaron desde la organización.
Ahora, la decisión final queda en manos del juez, quien deberá resolver si archiva definitivamente la causa. El caso reavivó el debate sobre los límites de la crítica periodística y la importancia de proteger la libertad de prensa en una sociedad democrática.
El reciente otorgamiento de prisión domiciliaria “provisoria”, por tres meses, al represor Raúl Guglielminetti, de 83 años, por parte del Tribunal Oral Federal N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, sorprendió y generó una fuerte reacción en Mercedes y organismos de derechos humanos.
El Reporte Anual 2024 del Proyecto Mirar revela cómo las provincias argentinas sostienen el acceso al aborto legal y la política de salud sexual y reproductiva, ante un gobierno nacional que muestra desinterés y recortes. El informe presenta datos, voces de usuarias y análisis regulatorio desde una perspectiva feminista y federal.
Alertas en la universidad pública argentina. A pesar del feroz ajuste y la precarización impuesta por el gobierno de Javier Milei, la Universidad de Buenos Aires logró mantenerse en el top ten del ranking QS regional. Pero el informe advierte un franco deterioro en la investigación y la formación científica, con graves síntomas de vaciamiento en todo el sistema público. Argentina, que supo ser referente en acceso y calidad, hoy soporta una ofensiva inédita contra sus universidades que amenaza su futuro.
El Reporte Anual 2024 del Proyecto Mirar revela cómo las provincias argentinas sostienen el acceso al aborto legal y la política de salud sexual y reproductiva, ante un gobierno nacional que muestra desinterés y recortes. El informe presenta datos, voces de usuarias y análisis regulatorio desde una perspectiva feminista y federal.
El legislador Matías Chamorro ha impulsado una iniciativa que mejora el acceso a la tierra y la vivienda para numerosas familias en Córdoba. La propuesta modifica varios artículos de la ley provincial 10.362, relacionada con los loteos y fraccionamientos promovidos por el Estado, e incluye a sectores cooperativistas, mutualistas, sindicatos y asociaciones civiles sin fines de lucro.
El 3 de octubre, la explanada del CPC San Vicente será escenario de un encuentro inédito entre radios comunitarias surgidas de talleres y espacios vinculados a la salud mental. El evento contará con una transmisión en vivo conjunta y el cierre musical a cargo de la Alta Banda. La iniciativa busca fortalecer la inclusión, la creatividad y el tejido comunitario en Córdoba.
La Flotilla Global Sumud, integrada por más de 497 activistas de 44 países y con el objetivo de entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, fue interceptada esta semana por la Marina de Israel en aguas internacionales, a cerca de 130 kilómetros de la costa. Las fuerzas israelíes actuaron con embarcaciones de guerra y cañones de agua, abordando y deteniendo brutalmente a los tripulantes, según denuncian los organizadores y testigos directos. En varios puntos del país, incluido Córdoba hubo movilizaciones de apoyo a la Flota. Impulsan campaña Internacional: Urgente Defensa de la Tripulación de la Global Sumud Flotilla
El reciente otorgamiento de prisión domiciliaria “provisoria”, por tres meses, al represor Raúl Guglielminetti, de 83 años, por parte del Tribunal Oral Federal N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, sorprendió y generó una fuerte reacción en Mercedes y organismos de derechos humanos.