Así lo determinó la Cámara Federal de Resistencia respecto de personal que cumplía funciones en el Ejército, la Policía del Chaco, la Alcaidía y la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de la capital chaqueña durante la última dictadura cívico-militar. En línea con un planteo del MPF, también revocó la falta de mérito de otros dos imputados y ordenó para ellos un nuevo pronunciamiento
Argentina15 de mayo de 2025
Sures Noticias
a Cámara Federal de Resistencia confirmó ayer el procesamiento de once exoficiales y exsuboficiales de la policía provincial y el Ejército acusados por privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 23 víctimas, en el marco de la denominada causa “Caballero IV”. Según la investigación, los hechos ocurrieron en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía Policial y la Unidad Penitenciaria Federal N°7 (U7), todos ellos ubicados en la provincia de Chaco, entre 1974 y 1979, y durante la última dictadura cívico-militar.
El procesamiento confirmado alcanza a los extenientes coronel Aldo Martínez Segón y Tadeo Betolli y al exteniente primero Alberto Patteta, -que pertenecían al Ejército Argentino-; al excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, al exsuboficial mayor Gabino Manader, al exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra, al exsargento José Marín y al exagente Emilio Zárate, quienes integraban la Dirección de Investigaciones de la Policía de Chaco, junto al agente Ignacio López del área de Comunicaciones de esa fuerza de seguridad. También procesó al oficial de la Alcaidía policial Juan Ramón Rodríguez Valiente y al exalcalde y jefe de guardia de la U7 de Resistencia, Pablo Cesar Casco.
El fallo de las camaristas Roció Alcalá y Patricia García confirmó los procesamiento dictados el 30 de diciembre pasado por la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.
Tanto Ibarra como Marín cumplen prisión preventiva en la cárcel federal U7. En los casos de López, Zárate y Juan Ramón Rodríguez Valiente, la Cámara confirmó la decisión de la jueza de primera instancia de otorgarles la prisión domiciliaria. Por su parte, Manader, Rodríguez Valiente, Martínez Segón, Patetta y Betolli continuarán cumpliendo la prisión preventiva con modalidad de arresto domiciliario por condenas por otros hechos similares y Pablo Casco se encuentra excarcelado.
A su vez, la resolución avaló la apelación presentada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia -integrada por el fiscal general Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y los fiscales ad-hoc Diego Vigay y Horacio Rodríguez-, y por las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Provincia y la Nación, y revocó las faltas de mérito de los imputados Ignacio López y Humberto Maidana, para quienes ordenó el dictado de una nueva resolución.
Algunos de los imputados en la causa Caballero IV. Foto: Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia.
Los fundamentos del fallo
Las juezas realizaron un amplio análisis de todos los casos e imputaciones y refirieron que las declaraciones de los testigos directos y víctimas “adquieren singular importancia ya que fueron protagonistas de los sucesos, sin perjuicio de su confrontación con otras declaraciones obrantes y con documentación que ilustra sobre la modalidad represiva imperante en la época”.
En esa línea, en otro tramo del fallo, las magistradas expresaron que los dichos de las víctimas “resultan contundentes y verosímiles en lo que respecta a las condiciones de detención en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía Provincial, la identificación y el estado físico de los detenidos, los tratos recibidos y especialmente, la individualización de los presuntos responsables”.
Las camaristas sostuvieron que de tales relatos “puede colegirse el modus operandi de algunos funcionarios policiales y militares intervinientes, quienes ejecutaban procedimientos violentos como parte de un plan sistemático dirigido a la población civil a efectos de obtener información respecto de otros objetivos, lo que permite encuadrar jurídicamente sus conductas dentro de los tipos penales atribuidos, considerados como delitos de lesa humanidad”.
Las víctimas
En la causa “Caballero IV” se investigan los tormentos -psíquicos y físicos- agravados por la condición de detenidos políticos, las privaciones ilegítimas de la libertad y la violación de domicilio en perjuicio de 23 víctimas, entre ellas, un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, quienes tenían militancia social en escuelas, facultades, parroquias y barrios, en las Ligas Agrarias o en agrupaciones políticas como la Juventud Peronista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el peronismo de base.
Las víctimas fueron secuestradas en operativos desplegados conjuntamente entre el Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Luego eran trasladadas al centro clandestino que funcionaba en el ámbito de la Brigada de Investigaciones, para después ser llevadas a la Alcaidía Policial o la cárcel federal U7.
La acción de protesta promovida por los gremios pertenecientes a la CGT de Río Grande y Ushuaia fue acordada ayer, en el marco de una reunión multisectorial realizada en la Casa del Deporte en Tolhuin.
Diversas organizaciones y ciudadanos han expresado su enérgico rechazo al procesamiento de la diputada nacional Vanina Biasi y a la condena del dirigente Alejandro Bodart. Ambas decisiones, consideradas parte de una ofensiva judicial contra la libertad de expresión, fueron dictadas por el juez federal Daniel Rafecas el 7 de abril de 2025. EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH, Colectivo Más Democracia y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos firmantes de Córdoba.
El artículo por el cuál el Presidente demandó al periodista de El Destape se republica hoy con firma colectiva, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información como pilares fundamentales de la libertad. O´Donnell, Bercovich, Roth, Martin, Brieva, Barral Grigera, Navarro, Echarri, Carla Gaudensi, Mengolini, Saborido, Casella, Aliverti, y Grandinetti; entre las y los periodistas cordobeses firmaron: Maria Ana Mandakovic, Tri Heredia, Alexis Oliva, Rodrigo Savoretti, Jorge Ariel Vasalo y Carlos Alberto Martin.
El espacio formará parte de la Jornada de Lucha del 22 de mayo y convoca a un Acto para el 29.
El Gobierno anunció una reforma migratoria con tinte discriminatorio, que tendrá un endurecimiento para obtener las residencias y expulsiones "Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno eso se termina", dijo Adorni.
La diputada nacional Cecilia Moreau (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando la interpelación, con carácter de urgencia, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El motivo central es el reciente traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad -calificados como “genocidas” por Moreau y otros legisladores- a la cárcel de Campo de Mayo, señalada como una “cárcel VIP” por sus condiciones diferenciadas respecto a otros penales
Un grupo de mujeres activistas realizó una protesta en el Vaticano durante el inicio del cónclave para elegir al Papa Leon XIV. Lanzaron humo rosa como símbolo de su reclamo por la igualdad de género en la Iglesia católica, exigiendo la ordenación sacerdotal femenina y una mayor inclusión en roles de liderazgo y toma de decisiones. Aunque reconocen los avances en diálogo e inclusión promovidos por el Papa Francisco, consideran que estos son insuficientes.
La toma pacífica de la planta de Costa Azul y una marcha masiva el 9 de mayo visibilizan el conflicto por el traspaso del servicio cloacal. Los trabajadores exigen la absorción de 48 empleados, mientras el municipio propone menos de 20 y la Secretaría de Trabajo guarda silencio.
Legisladores recibieron a una delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Parlamentarios de las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos de la Unicameral cordobesa obtuvieron informes de este organismo sobre la situación imperante en diversos ámbitos de encierro de la provincia de Córdoba. La comitiva estuvo encabezada por el presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal.
Los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán trabajando en la fosa común de más de 40 metros de profundidad.
En el décimo aniversario de la primera movilización de #NiUnaMenos, organizaciones y activistas convocan a una asamblea abierta en la Facultad de Derecho para coordinar la próxima marcha y reforzar la agenda feminista frente al aumento de femicidios y transfemicidios, especialmente bajo el actual gobierno.
La diputada nacional Cecilia Moreau (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando la interpelación, con carácter de urgencia, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El motivo central es el reciente traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad -calificados como “genocidas” por Moreau y otros legisladores- a la cárcel de Campo de Mayo, señalada como una “cárcel VIP” por sus condiciones diferenciadas respecto a otros penales
El Gobierno anunció una reforma migratoria con tinte discriminatorio, que tendrá un endurecimiento para obtener las residencias y expulsiones "Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno eso se termina", dijo Adorni.
El artículo por el cuál el Presidente demandó al periodista de El Destape se republica hoy con firma colectiva, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información como pilares fundamentales de la libertad. O´Donnell, Bercovich, Roth, Martin, Brieva, Barral Grigera, Navarro, Echarri, Carla Gaudensi, Mengolini, Saborido, Casella, Aliverti, y Grandinetti; entre las y los periodistas cordobeses firmaron: Maria Ana Mandakovic, Tri Heredia, Alexis Oliva, Rodrigo Savoretti, Jorge Ariel Vasalo y Carlos Alberto Martin.