El Gobierno anunció una reforma migratoria con tinte discriminatorio, que tendrá un endurecimiento para obtener las residencias y expulsiones "Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno eso se termina", dijo Adorni.
Argentina14 de mayo de 2025
Sures Noticias
El Gobierno anunció medidas más estrictas para la residencia, ciudadanía y acceso a servicios públicos, con un enfoque en la seguridad y el cumplimiento de la ley. Las nuevas disposiciones generan preocupación por su impacto en los inmigrantes y el acceso a derechos básicos.
El Gobierno Nacional de Argentina anunció este miércoles una serie de reformas en su política migratoria que endurecen los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, además de imponer aranceles a los servicios de salud y educación para extranjeros. Las medidas, presentadas por el vocero presidencial Manuel Adorni, buscan priorizar la seguridad y el cumplimiento de la ley, pero han generado inquietud por sus posibles efectos en los derechos de los inmigrantes y la imagen del país como destino de oportunidades.
En un anuncio sin espacio para preguntas de la prensa, Adorni detalló que cualquier inmigrante con antecedentes penales será expulsado del país, al igual que aquellos que proporcionen información falsa para ingresar. “Queremos seguir recibiendo a quienes vienen a construir un país más libre y próspero, pero dentro del marco de la ley”, afirmó, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior.
Las nuevas disposiciones incluyen el rechazo inmediato de condenados en las fronteras y la expulsión de quienes ingresen por pasos no habilitados. Además, se acortarán los plazos de apelación para deportaciones, que Adorni calificó como “eternos”. “La Argentina no será tierra fértil para delincuentes. Todo condenado por cualquier delito será deportado”, enfatizó, destacando que las normas actuales permiten la permanencia de personas con penas menores a cinco años, lo que considera un riesgo para la seguridad.
Otro aspecto clave de la reforma es la imposición de aranceles para servicios esenciales. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por la atención en el sistema de salud público y presentar un seguro médico para garantizar su capacidad de pago. Las universidades nacionales también podrán cobrar a extranjeros, respetando su autonomía. Estas medidas, según Adorni, buscan equiparar las condiciones para los inmigrantes “que cumplen con la ley” y evitar el abuso de recursos públicos, como los “famosos tours sanitarios” que, según el vocero, generaron un gasto de 114 mil millones de pesos en un año en ocho hospitales nacionales.
El endurecimiento también alcanza los requisitos para la residencia permanente y la ciudadanía, que ahora exigirá dos años de residencia continua sin abandonar el territorio. “Quienes permanezcan de forma irregular ya no serán recompensados con la ciudadanía”, aseguró Adorni, criticando la normativa actual por ser “permisiva” y permitir el ingreso de “casi cualquiera” sin controles rigurosos. Según el funcionario, en los últimos 20 años ingresaron 1.7 millones de inmigrantes irregulares, equivalente a la población de La Matanza o Tucumán.
La reforma, que se implementará mediante un decreto, forma parte de las promesas del presidente Javier Milei durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso. Sin embargo, la falta de detalles sobre los nuevos requisitos y la retórica centrada en la seguridad han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y comunidades de inmigrantes, que temen un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables. Además, el anuncio coincide con la campaña electoral de Adorni como candidato a legislador porteño, lo que sugiere un intento de capitalizar políticamente estas medidas.
El Gobierno prepara otro anuncio relevante para el jueves, previo a la veda electoral, sobre un blanqueo de dólares que busca reintegrar ahorros en divisas al sistema bancario. Mientras tanto, la nueva política migratoria plantea un escenario de incertidumbre para miles de extranjeros que buscan en Argentina un futuro mejor, en un contexto donde el equilibrio entre seguridad y derechos humanos se pone en cuestión.
La acción de protesta promovida por los gremios pertenecientes a la CGT de Río Grande y Ushuaia fue acordada ayer, en el marco de una reunión multisectorial realizada en la Casa del Deporte en Tolhuin.
Diversas organizaciones y ciudadanos han expresado su enérgico rechazo al procesamiento de la diputada nacional Vanina Biasi y a la condena del dirigente Alejandro Bodart. Ambas decisiones, consideradas parte de una ofensiva judicial contra la libertad de expresión, fueron dictadas por el juez federal Daniel Rafecas el 7 de abril de 2025. EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH, Colectivo Más Democracia y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos firmantes de Córdoba.
El artículo por el cuál el Presidente demandó al periodista de El Destape se republica hoy con firma colectiva, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información como pilares fundamentales de la libertad. O´Donnell, Bercovich, Roth, Martin, Brieva, Barral Grigera, Navarro, Echarri, Carla Gaudensi, Mengolini, Saborido, Casella, Aliverti, y Grandinetti; entre las y los periodistas cordobeses firmaron: Maria Ana Mandakovic, Tri Heredia, Alexis Oliva, Rodrigo Savoretti, Jorge Ariel Vasalo y Carlos Alberto Martin.
Así lo determinó la Cámara Federal de Resistencia respecto de personal que cumplía funciones en el Ejército, la Policía del Chaco, la Alcaidía y la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de la capital chaqueña durante la última dictadura cívico-militar. En línea con un planteo del MPF, también revocó la falta de mérito de otros dos imputados y ordenó para ellos un nuevo pronunciamiento
El espacio formará parte de la Jornada de Lucha del 22 de mayo y convoca a un Acto para el 29.
La diputada nacional Cecilia Moreau (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando la interpelación, con carácter de urgencia, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El motivo central es el reciente traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad -calificados como “genocidas” por Moreau y otros legisladores- a la cárcel de Campo de Mayo, señalada como una “cárcel VIP” por sus condiciones diferenciadas respecto a otros penales
Un grupo de mujeres activistas realizó una protesta en el Vaticano durante el inicio del cónclave para elegir al Papa Leon XIV. Lanzaron humo rosa como símbolo de su reclamo por la igualdad de género en la Iglesia católica, exigiendo la ordenación sacerdotal femenina y una mayor inclusión en roles de liderazgo y toma de decisiones. Aunque reconocen los avances en diálogo e inclusión promovidos por el Papa Francisco, consideran que estos son insuficientes.
La toma pacífica de la planta de Costa Azul y una marcha masiva el 9 de mayo visibilizan el conflicto por el traspaso del servicio cloacal. Los trabajadores exigen la absorción de 48 empleados, mientras el municipio propone menos de 20 y la Secretaría de Trabajo guarda silencio.
Con un gran porcentaje de votantes en una gran jornada electoral, la lista Blanca “Unidad y Participación”, sostiene y consolidó su mandato (2025- 2028) como resultado del escrutinio que se realizó para la renovación de autoridades del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) tras los comicios que se realizaron este jueves 8. La Comisión Directiva elegida asumió su mandato, con un 60 por ciento de participación del padrón electoral. De los votos emitidos, la lista sacó el 96 por ciento de los votos.
Legisladores recibieron a una delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Parlamentarios de las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos de la Unicameral cordobesa obtuvieron informes de este organismo sobre la situación imperante en diversos ámbitos de encierro de la provincia de Córdoba. La comitiva estuvo encabezada por el presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal.
Los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán trabajando en la fosa común de más de 40 metros de profundidad.
En el décimo aniversario de la primera movilización de #NiUnaMenos, organizaciones y activistas convocan a una asamblea abierta en la Facultad de Derecho para coordinar la próxima marcha y reforzar la agenda feminista frente al aumento de femicidios y transfemicidios, especialmente bajo el actual gobierno.
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