Los sindicatos han rechazado el esfuerzo del Gobierno por aprobar el acuerdo con el organismo internacional a través de un DNU, eludiendo así el debate en el Parlamento.
Argentina10 de marzo de 2025
Sures Noticias
Alertan sobre la falta de claridad en la negociación y acusan que es una táctica similar a la empleada por el macrismo en 2018.
Las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) emitieron un duro comunicado en el que alertan sobre la intención del Gobierno de Javier Milei de utilizar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), eludiendo el tratamiento legislativo que exige la ley. «Se estaría cometiendo un nuevo atropello institucional», denunciaron en el documento firmado por Hugo Yasky y Hugo Godoy, secretarios generales de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, respectivamente.
El principal cuestionamiento de las centrales sindicales es la falta de información sobre los términos del acuerdo. «No se conocen los montos, los plazos de repago, la tasa de interés ni la direccionalidad de los flujos», expresaron. Además, señalaron que esta maniobra busca evitar el control parlamentario y «volvería a ubicar como responsable de la estafa a los argentinos a un viejo y perverso conocido: el FMI».
En su comunicado, las CTA compararon la situación actual con lo sucedido en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri gestionó un préstamo récord con el organismo internacional bajo la presión del entonces presidente de EE.UU., Donald Trump. «Ese préstamo multimillonario violó los propios estatutos del FMI y se evaporó en la fuga de capitales», recordaron. Según las centrales, la historia se repite con Milei, ya que «Trump presiona nuevamente al FMI para facilitar el negociado de un puñado de empresas y bancos».
Las organizaciones sindicales advirtieron que este tipo de acuerdos terminan por comprometer a la sociedad argentina a pagar con ajuste y desocupación las ganancias de sectores privilegiados. «El FMI sabe que su accionar es ilegal e ilegítimo y presiona para conseguir el aval del Parlamento argentino», señalaron, y remarcaron que los costos de esta negociación recaerán sobre «el pueblo trabajador».
Ante esta situación, las CTA convocaron a una reunión el próximo lunes 10 de marzo en la sede de la CTA Autónoma para definir estrategias de acción contra el acuerdo. «Expresaremos el rechazo de nuestro pueblo a lo que, de concretarse, configuraría una nueva estafa del Presidente Milei y del FMI contra el pueblo argentino», concluyeron en su comunicado.
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El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
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La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.