Sures Noticias
Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, María Celeste Ardaiz Guenumil, Yésica Bonnefoi y Matías Santana son acusados por fiscalía y querellas, por su participación en los hechos derivados del conflicto por tierras en Villa Mascardi, desde el año 2017.
Les atribuyeron los supuestos delitos de usurpación, turbación de la posesión y también daños a estructuras y vehículos. Los reproches judiciales contra los nombrados, en este juicio, apuntan directamente a predios pertenecientes a Parques Nacionales (hotel y vehículos), como así también al predio La Escondida, propiedad de María Magdalena Giménez de Tournier y al predio conocido como Los Radales. Todos los hechos reprochados ocurrieron en predios ubicados a la vera de la Ruta 40 sur, a la altura del kilómetro 2006 y se prolongaron en el tiempo hasta el mes de octubre de 2022, cuando la zona fue desalojada en un procedimiento desplegado por fuerzas federales.
Como ocurrió en el juicio anterior, la defensa de Betiana Colhuan planteó el sobreseimiento por no haberse dado al trámite el régimen de minoridad que exigía su edad al momento de los hechos (17). Vale recordar que en el juicio anterior, en el que fueron condenadas a dos años de prisión en suspenso Luciana Jaramillo, Romina Rosas y Jésica Bonnefoi, Colhuan había resultado sobreseída.
En diálogo con Sures Noticias, Eduardo Soares, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina y miembro del equipo de la defensa de los acusados señalo: lo acontecido en estas tres audiencias del segundo juicio a la comunidad Wincul.
"...Le llamamos la causa trucha, porque se origina en un invento, durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernandez y Anibal Fernández, un invento, (...) un armado de causa,.."
"...La actitud racista por parte del tribunal, impidiendo a los imputados que reivindiquen el rewe, que es su sitio sagrado. O sea, ellos pueden tener un crucifijo, pero los imputados no pueden reivindicar su rewe. Una actitud de franco ataque a la defensa de la gremial de abogados. Desde el primer momento, a mí personalmente el juez me amenazó con cerrar mi micrófono...".
Prosigue: "...Ayer declaró el jefe de la Guardia de Infantería de la Policia Federal, nada más y nada menos, un comisario mayor, el tipo que intervino en las principales actuaciones, lo concreto es que cuando le exhiben el acta (de actuaciones), él dice que la firma que está ahí no es de él, la firma que está en el acta, junto con otras firmas de otros funcionarios, él la niega. Niega la firma que está abajo, niega la firma que está al costado. Esto, en cualquier estado de derecho, llamémosle, o con algún fiscal y juez medianamente, pero medianamente objetivo y le ha originado un quilombo terrible. El fiscal lo que tiene que hacer es investigar un delito, un delito de falsificación de firma. Le falsifican la firma al jefe de la Guardia de Infantería; y el juez hizo el boludo, y siga, siga como Lamolina, y así estamos..."
Por último, Soares señala: La gremial de abogados seguramente hablará de esto en el alegato, pero lo que quiero decir es, fíjense el nivel de impunidad con que se manejan, (...) Está claro que esto es lo que nosotros decimos, se crea un enemigo común, que es el terrorista mapuche, y todo se adecua a eso, a perjudicarlo procesal y penalmente en todo lo que se pueda. Contra eso estamos peleando.
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