Este es el segundo incidente en dos meses en el norte del país. Para justificar sus políticas de endurecimiento en la zona fronteriza y su “guerra contra el narcotráfico”, Bullrich discrimina y criminaliza a los trabajadores informales, quienes transportan productos para sostener a sus familias.
Argentina12 de febrero de 2025
Sures Noticias
Hace dos meses, la ministra Patricia Bullrich presentó el “Plan Güemes” en la frontera norte de Argentina. Desde entonces, las operaciones de la Gendarmería han resultando en la muerte de dos jóvenes trabajadores. El 6 de febrero, un grupo de cuatro agentes asesinó a Rodrigo Torres (22) cuando viajaba en su motocicleta en La Quiaca, Jujuy. Este homicidio se suma al del 18 de diciembre, cuando en otra intervención de gendarmes en Orán, Salta, fue asesinado Fernando Gómez, de 27 años.
El Plan Güemes fue dado a conocer como una iniciativa para combatir el narcotráfico y delitos relacionados. Sin embargo, en lugar de esos operativos, lo que ha proliferado son episodios de persecución y ataques a trabajadores informales que comercian en la región, incrementando así los niveles de violencia hacia los sectores más vulnerables del norte del país.
Rodrigo Torres pertenecía a la comunidad kolla de San Juan de Quillakes en la Puna jujeña. Era el menor de cuatro hermanos, trabajaba en la albañilería, cuidaba animales y estudiaba turismo. Para complementar sus ingresos, compraba mercancía en La Quiaca y la vendía en otros pueblos. Tras su asesinato, sus familiares encontraron en su mochila turrones y hojas de coca. Los gendarmes del Escuadrón 21 le dispararon al menos cinco veces.
En diciembre de 2024, en Salta, la Gendarmería también asesinó al bagayero Fernando Gómez mientras cruzaba desde Bolivia. Ese día, otros dos trabajadores también resultaron heridos. Ante la escena del joven muerto, las personas presentes reaccionaron contra los gendarmes, quienes respondieron disparando nuevamente. Más de una decena de oficiales gendarmes han sido acusados por el crimen de Fernando, pero la investigación no ha avanzado en esclarecer los hechos. Los familiares exigen que se realicen las pericias necesarias para determinar la responsabilidad de cada uno de los agentes involucrados.
Para justificar su política de control fronterizo y su “guerra contra el narcotráfico”, la ministra de Seguridad estigmatiza a los pequeños comerciantes, a las comunidades indígenas y a los trabajadores bolivianos. Acciones como la que resultó en la muerte de Rodrigo vuelven a poner de relieve la cultura de los pueblos fronterizos, donde la compra y venta de mercancías se convierte en la única forma de subsistencia para muchas familias.
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