
Luego de la fallida licitación de la hidrovía, el Gobierno organiza y pone en funcionamiento la agencia que la gestiona de manera provisional
Se estableció la organización de segundo nivel de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
El juez Alonso Regueira aceptó la solicitud de diversas organizaciones de la sociedad civil y ordenó al Ministerio de Justicia detener el desfinanciamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Argentina13 de enero de 2025La Justicia ha ordenado al Gobierno detener el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que forma parte del Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona. Esta decisión se tomó tras una solicitud de diversas organizaciones sociales y ONGs, marcando un avance significativo en la defensa de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal 1, atendió la solicitud en la última semana de diciembre y emitió una medida cautelar que prohíbe al ministerio reducir recursos humanos e infraestructura de la Subsecretaría.
No obstante, el 30 de diciembre, el Ejecutivo impugnó la medida cautelar dictada por el juez. Desde la cartera de Cúneo Libarona no se han proporcionado detalles sobre cómo se mantendrán los espacios, programas y herramientas necesarios para quienes los requieran.
A pesar de que el Gobierno ha negado el cierre de la Subsecretaría y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), como sucedió con los espacios relacionados con los Derechos Humanos, hasta ahora no se ha presentado evidencia que respalde esta afirmación.
Tras la solicitud del Ejecutivo para habilitar la feria judicial, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, compuesta por los jueces Marcelo D. Duffy, Jorge E. Moran y Rogelio W. Vincenti de la Sala IV, deberá decidir si acepta o no el recurso.
Qué establece la medida cautelar
En su resolución, Alonso Regueira subrayó que el Ministerio de Justicia, a pesar de argumentar que los programas y recursos están reorganizados bajo criterios de “eficacia y eficiencia” de la actual administración, no ha presentado evidencia que demuestre que se está garantizando la prestación mínima obligatoria según la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ni ha aclarado cómo se están cumpliendo las prestaciones mencionadas.
Además, el Gobierno no ha explicado en qué consiste la reorganización a la que se refiere ni cómo esta nueva estructura permitiría cumplir con la obligación de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El juez también enfatizó que el Estado no ha respaldado sus afirmaciones con documentación que demuestre cómo se estarían garantizando los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que son o pueden ser víctimas de violencia de género, resaltando que esta falta de claridad es incompatible con el principio de progresividad en la plena satisfacción de los derechos y el mínimo cumplimiento de la ley, que se aplica en todo el país.
Se estableció la organización de segundo nivel de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
El concierto del cantante Milo J, programado para la ex ESMA, fue cancelado por el gobierno de Javier Milei, que invocó razones de seguridad y política. La medida generó un fuerte rechazo entre artistas y políticos, quienes denunciaron un ataque a la libertad de expresión.
La votación culminó con 144 votos positivos, 98 negativos y dos abstenciones. Unión por la Patria denunció la "proscripción" de Cristina Kirchner. Desde LLA, el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas contestaron que la historia de la Ficha Limpia no es de ahora, sino que se remonta casi una década atrás y es lo que reclama la ciudadanía para volver a creer en el sistema politico.
Este es el segundo incidente en dos meses en el norte del país. Para justificar sus políticas de endurecimiento en la zona fronteriza y su “guerra contra el narcotráfico”, Bullrich discrimina y criminaliza a los trabajadores informales, quienes transportan productos para sostener a sus familias.
Asambleas de todo el país respondieron al llamado desde la Patagonia, exigiendo al Gobierno que asuma su responsabilidad en la gestión del fuego y ponga fin a la criminalización. En Córdoba Capital el punto de encuentro será este jueves 13 de febrero a las 18.30hs, en Patio Olmos.
Martín Llaryora supervisó el inicio de obra del edificio que albergará la casa de altos estudios. La iniciativa busca promover la federalización de la educación universitaria dentro de la provincia. Un centenar de aspirantes ya se preinscribieron en el primer llamado para el ciclo lectivo 2025, con procedencias de diversas localidades de la región e incluso de provincias aledañas.
El organismo solicitó ajustar el proceso para prevenir la concesión de adjudicaciones inadecuadas. Indicó deficiencias en la evaluación de propuestas y carencias en el control ambiental.
“Este es un Gobierno de CEOs fracasados que le cuesta muy caro a la Argentina. Paralizan la ejecución de más de 100.000 viviendas en las que el Estado había invertido más de 3.000 millones de dólares. Generan un enorme déficit habitacional imposible de saldar ni siquiera en el mediano y largo plazo”, apuntó Rodolfo Aguiar.
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