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La Justicia ha ordenado al Gobierno detener el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que forma parte del Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona. Esta decisión se tomó tras una solicitud de diversas organizaciones sociales y ONGs, marcando un avance significativo en la defensa de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal 1, atendió la solicitud en la última semana de diciembre y emitió una medida cautelar que prohíbe al ministerio reducir recursos humanos e infraestructura de la Subsecretaría.
No obstante, el 30 de diciembre, el Ejecutivo impugnó la medida cautelar dictada por el juez. Desde la cartera de Cúneo Libarona no se han proporcionado detalles sobre cómo se mantendrán los espacios, programas y herramientas necesarios para quienes los requieran.
A pesar de que el Gobierno ha negado el cierre de la Subsecretaría y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), como sucedió con los espacios relacionados con los Derechos Humanos, hasta ahora no se ha presentado evidencia que respalde esta afirmación.
Tras la solicitud del Ejecutivo para habilitar la feria judicial, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, compuesta por los jueces Marcelo D. Duffy, Jorge E. Moran y Rogelio W. Vincenti de la Sala IV, deberá decidir si acepta o no el recurso.
Qué establece la medida cautelar
En su resolución, Alonso Regueira subrayó que el Ministerio de Justicia, a pesar de argumentar que los programas y recursos están reorganizados bajo criterios de “eficacia y eficiencia” de la actual administración, no ha presentado evidencia que demuestre que se está garantizando la prestación mínima obligatoria según la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ni ha aclarado cómo se están cumpliendo las prestaciones mencionadas.
Además, el Gobierno no ha explicado en qué consiste la reorganización a la que se refiere ni cómo esta nueva estructura permitiría cumplir con la obligación de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El juez también enfatizó que el Estado no ha respaldado sus afirmaciones con documentación que demuestre cómo se estarían garantizando los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que son o pueden ser víctimas de violencia de género, resaltando que esta falta de claridad es incompatible con el principio de progresividad en la plena satisfacción de los derechos y el mínimo cumplimiento de la ley, que se aplica en todo el país.
