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"Con el equipo de trabajo que me acompaña, estamos trabajando en la regulación de armas no letales y en un plan de desarme de armas letales con el intercambio hacia armas menos peligrosas para el resguardo ciudadano. El debate está abierto", Asi lo presentaba en la red social IG el mencionado concejal cordobesita.
El proyecto de ordenanza busca "garantizar la seguridad personal y la protección en situaciones de amenaza o peligro". Además, propone un programa de intercambio de armas de fuego por opciones menos letales.
Aunque no está incluido en la ley provincial 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, el Concejo Deliberante de Córdoba debatirá un proyecto de ordenanza para regular la posesión y uso de armas menos letales por parte de los ciudadanos, permitiendo su uso en legítima defensa.
La propuesta, firmada por el concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, Diego Casado, se prevé que genere extensas discusiones. "Los ciudadanos deben tener la posibilidad de defenderse y proteger sus propiedades de forma no letal", expresó en el programa Punto y aparte de la 90.7 Punto a Punto Radio, según lo reportado por Perfil Córdoba.
La iniciativa propone criterios rigurosos para la concesión de licencias, incluyendo ser mayor de 18 años, carecer de antecedentes penales y completar un curso de formación en el manejo responsable de armas no letales. Dichas licencias se renovarán bi-anualmente tras un curso de reciclaje y revisión de antecedentes.
Las armas autorizadas incluyen bastones, aerosoles de pimienta, pistolas Taser, proyectiles de goma y sprays de autodefensa. Su empleo se restringirá a "circunstancias de defensa legítima propia o ajena ante una amenaza inmediata". Se prohíbe su uso en manifestaciones públicas y en lugares específicos como instituciones educativas y centros médicos, excepto en situaciones de emergencia.
"La intención no es que la población porte armas letales; si necesitan protegerse, que sea con medios que no causen muertes ni sufrimiento a los ciudadanos", declaró el concejal.
El proyecto establece la creación de un registro de portadores y la realización de controles periódicos por las autoridades. Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas, suspensión de licencias y acciones legales en casos de abuso o uso indebido.
Programa de Intercambio de Armas de Fuego
Un aspecto destacado de la propuesta es el programa municipal de intercambio voluntario de armas de fuego por dispositivos menos letales, como medida para disminuir los accidentes y crímenes asociados a armas letales.
Dicho programa contempla la inutilización y destrucción de las armas recibidas y busca asegurar la amnistía por posesión ilegal de armas durante el periodo de implementación.
Contra la inseguridad
La iniciativa busca un equilibrio entre el derecho a la autodefensa y la reducción de la violencia e inseguridad, protegiendo los derechos humanos a través de medidas precautorias, formación y supervisión, y fomentando opciones menos peligrosas para los ciudadanos.
Diego Casado, concejal
Armas que dividen las opiniones
Sus defensores sostienen que el uso de las taser le otorga a las fuerzas de seguridad (en Córdoba se pretendería que las y los ciudadanos de a pie la porten) una herramienta de control y defensa “no letal” o, al menos, con una letalidad menor a las armas de fuego. Los detractores sostienen que su “menor letalidad” puede llevar a un uso indiscriminado y abusivo y que puede utilizarse como un elemento de tortura.
“Se recomienda tenerlas y usarlas con los adecuados protocolos, entrenamientos y precauciones, pero son muy importantes porque evitan el uso de armas letales y, además, protegen a los agentes en situaciones en las que podrían verse arrinconados”, explicó a Chequeado Diego Fleitas, investigador de la Asociación de Políticas Públicas, profesor sobre Tendencias Delictivas en la Universidad de Tres de Febrero y ex director de Investigación y Diseño de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad nacional durante el gobierno de Cambiemos.
Por otra parte, un informe del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), cuyo presidente es el abogado Mariano Ciafardini, cuestiona: “El hecho de considerarlas erróneamente como ‘armas no letales’ puede dar lugar a su uso indiscriminado y en cualquier tipo de contexto, lo que se ha demostrado que involucra un incremento no sólo de los casos de tortura sino también de las muertes de personas incluso desarmadas, implicando graves violaciones a los derechos humanos”.
