Ante la invisibilización del hambre y el trabajo de las mujeres en los comedores y merenderos por parte del Estado, se conformó la Mesa por la Emergencia Alimentaria y Nutricional. Exigen la declaración de la emergencia alimentaria en la provincia y están trabajando en la elaboración de un diagnóstico provincial y un proyecto de ley que garantice el abastecimiento de comedores y merenderos que presentarán en la Legislatura de Córdoba.
Córdoba28 de agosto de 2024
Sures Noticias
En Córdoba, en 5 de cada 10 familias, algunos de sus integrantes dejan de desayunar, cenar o almorzar por falta de recursos. El desabastecimiento estatal y el aumento exponencial de la demanda en los comedores y merenderos generó una sobrecarga en las trabajadoras comunitarias que son quienes están garantizando hoy el acceso a la alimentación en cientos de barrios de la provincia.
En el programa Más Ronda de FM La Ronda, dialogaron con Elena Fernández, integrante de una de las organizaciones que conforman la Mesa por la Emergencia Alimentaria y Nutricional de Córdoba “La verdad, ya no solamente se siente vacía la mesa de los que venimos de abajo, la clase media también está siendo afectada. A esta mesa de organizaciones que armamos se pueden sentar todos los que quieran construir un futuro mejor para nuestras niñeces. La comida es un derecho, esta mesa no es para hacer bandera política, es para construir”.
“Tenemos un poco más tiempo, más años de lo que este hombre (Milei) se va a quedar acá. Tenemos que tener el espíritu de lucha. He visto a la Argentina levantarse muchas veces, todavía hay un poquito de esperanza en nosotros. Hemos pasado hambre y frío pero nos hemos mantenido íntegros. Córdoba va a despertar y vamos a ser nosotros los de abajo, porque tenemos convicciones claras y estrategias de trabajo”, concluyó.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.