Ante la invisibilización del hambre y el trabajo de las mujeres en los comedores y merenderos por parte del Estado, se conformó la Mesa por la Emergencia Alimentaria y Nutricional. Exigen la declaración de la emergencia alimentaria en la provincia y están trabajando en la elaboración de un diagnóstico provincial y un proyecto de ley que garantice el abastecimiento de comedores y merenderos que presentarán en la Legislatura de Córdoba.
Córdoba28 de agosto de 2024
Sures Noticias
En Córdoba, en 5 de cada 10 familias, algunos de sus integrantes dejan de desayunar, cenar o almorzar por falta de recursos. El desabastecimiento estatal y el aumento exponencial de la demanda en los comedores y merenderos generó una sobrecarga en las trabajadoras comunitarias que son quienes están garantizando hoy el acceso a la alimentación en cientos de barrios de la provincia.
En el programa Más Ronda de FM La Ronda, dialogaron con Elena Fernández, integrante de una de las organizaciones que conforman la Mesa por la Emergencia Alimentaria y Nutricional de Córdoba “La verdad, ya no solamente se siente vacía la mesa de los que venimos de abajo, la clase media también está siendo afectada. A esta mesa de organizaciones que armamos se pueden sentar todos los que quieran construir un futuro mejor para nuestras niñeces. La comida es un derecho, esta mesa no es para hacer bandera política, es para construir”.
“Tenemos un poco más tiempo, más años de lo que este hombre (Milei) se va a quedar acá. Tenemos que tener el espíritu de lucha. He visto a la Argentina levantarse muchas veces, todavía hay un poquito de esperanza en nosotros. Hemos pasado hambre y frío pero nos hemos mantenido íntegros. Córdoba va a despertar y vamos a ser nosotros los de abajo, porque tenemos convicciones claras y estrategias de trabajo”, concluyó.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.