En los fundamentos de la medida, Javier Milei argumentó que el derecho a la intimidad es más importante que resolver un delito que persiste desde hace más de 40 años y que ha dejado a cientos de hombres y mujeres sin conocer su verdadera identidad.
Argentina14 de agosto de 2024
Sures Noticias
El gobierno de Javier Milei avanzó este miércoles en su postura negacionista al eliminar la Unidad Especial de Investigación, cuyo fin era localizar a los nietos raptados por la dictadura militar, una entidad que la vicepresidenta Victoria Villarruel parece reverenciar. Esta controvertida acción ocurre pocas semanas después de que un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitara a genocidas sentenciados por crímenes de lesa humanidad. La decisión se oficializó mediante el Decreto 727/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
El Decreto 727/2024 derogó Decreto 715/2004 del ex presidente Néstor Kirchner que funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), una herramienta que permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que la unidad tenía "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal". En esa línea, señaló que se trata de herramientas que "violentan nuestro régimen constitucional".
Y señaló que "corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial" y que por tal motivo se creó "en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la 'Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado'".
Para el gobierno de Milei es más importante "el derecho a la intimidad" que encontrar a los bebés que fueron secuestrados, un delito que sigue ocurriendo al día de hoy con los centenares de hombres y mujeres que desconocen su verdadera identidad. El decreto advierte que la Unidad Especial de Investigación viola preceptos constitucionales "como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este solo puede ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada destinada a obtener información específica, legítima, idónea, proporcional y razonable a los fines buscados, sin que pueda ser evitada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos".
En ese sentido, afirman que las facultades de investigación que le fueron otorgadas a la Unidad Especial de Investigación "contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias".
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Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
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Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
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