En los fundamentos de la medida, Javier Milei argumentó que el derecho a la intimidad es más importante que resolver un delito que persiste desde hace más de 40 años y que ha dejado a cientos de hombres y mujeres sin conocer su verdadera identidad.
Argentina14 de agosto de 2024
Sures Noticias
El gobierno de Javier Milei avanzó este miércoles en su postura negacionista al eliminar la Unidad Especial de Investigación, cuyo fin era localizar a los nietos raptados por la dictadura militar, una entidad que la vicepresidenta Victoria Villarruel parece reverenciar. Esta controvertida acción ocurre pocas semanas después de que un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitara a genocidas sentenciados por crímenes de lesa humanidad. La decisión se oficializó mediante el Decreto 727/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
El Decreto 727/2024 derogó Decreto 715/2004 del ex presidente Néstor Kirchner que funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), una herramienta que permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que la unidad tenía "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal". En esa línea, señaló que se trata de herramientas que "violentan nuestro régimen constitucional".
Y señaló que "corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial" y que por tal motivo se creó "en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la 'Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado'".
Para el gobierno de Milei es más importante "el derecho a la intimidad" que encontrar a los bebés que fueron secuestrados, un delito que sigue ocurriendo al día de hoy con los centenares de hombres y mujeres que desconocen su verdadera identidad. El decreto advierte que la Unidad Especial de Investigación viola preceptos constitucionales "como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este solo puede ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada destinada a obtener información específica, legítima, idónea, proporcional y razonable a los fines buscados, sin que pueda ser evitada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos".
En ese sentido, afirman que las facultades de investigación que le fueron otorgadas a la Unidad Especial de Investigación "contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias".
Pese a que el Gobierno marca la recuperación del salario registrado privado contra la inflación en el último mes, el salario mínimo, vital y móvil sufrió «una caída brutal en los meses transcurridos» de la administración de Javier Milei, según un informe del Centro Cifra.
Según publica el sitio fiscales.gog.ar es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. Las víctimas fueron vistas con vida por última vez, golpeadas, el 28 de abril de 1990 en calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Juan Carlos Alzugaray fue condenado por los tormentos a José Eduardo Porcel (h), quien fue detenido ilegalmente el 18 de enero de 1975 cuando viajaba a Tucumán para rendir una materia de la carrera de Derecho. La víctima recuperó la libertad en septiembre de 1983.
Mediante el Decreto 780/2024, el Poder Ejecutivo ha introducido modificaciones en la aplicación de la legislación. Se ha suprimido el requisito de informar acerca de asuntos de la "vida privada" y de las deliberaciones previas a una resolución gubernamental.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de La Plata condenó a Luis Alberto Ramos a cadena perpetua por el homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género de Tehuel de la Torre.
Cada miércoles, un grupo de jubilados se congrega en el Congreso para reclamar mejoras en sus pensiones. En esta ocasión, se sumaron más personas en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, y la policía, bajo el mando de Patricia Bullrich, procedió a dispersar la manifestación. Hoy marcharon en rechazo del anunciado veto del Poder Ejecutivo al aumento de las jubilaciones. Pese a la represión de la policía que golpeó y gaseó a Jubilados , jubiladas y también a la prensa, la marcha avanza nutrida desde el Anexo del Congreso hasta Plaza de Mayo. En Córdoba se realizaron rondas.
Organizada por la Red de Derechos Humanos en Contexto de Encierro Córdoba, la III Jornada se desarrollará el 23 de agosto de 16.30 a 20 hs. en el Auditorio de la Legislatura de Córdoba la jornada tendrá dos momentos: de 16.30 a 17.30, taller-encuentro de la Red y de 18 a 20 hs, conversatorio de cierre.
En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.
Según publica el sitio fiscales.gog.ar es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. Las víctimas fueron vistas con vida por última vez, golpeadas, el 28 de abril de 1990 en calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por orden del Fiscal José Alberto Mana, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3 se dictó el decreto de Prisión Preventiva en contra de Nestor Aguilar Soto por la muerte de Catalina Gutierrez producida el día 17 de julio de 2024 tras considerar que existen múltiples indicios de Peligrosidad Procesal, tanto de fuga como entorpecimiento, lo que hacen necesario el encarcelamiento cautelar del imputado.
El Duo sin Viento junto a Jorge Chacho Marzetti se presentan este viernes 30 de agosto a las 21 hs, con entrada libre y salida a la gorra consciente, en el Centro Cultural La Piojera, recuperado por la lucha barrial: Av. Colón 1559 -B° Alberdi
El Colectivo "¿Donde está Lichita? denunció ante la opinión pública nacional e internacional un nuevo acto de brutalidad y violencia contra Carmen Villalba y sus compañeras de pabellón en la Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Asunción del Paraguay.