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El gobierno de Javier Milei avanzó este miércoles en su postura negacionista al eliminar la Unidad Especial de Investigación, cuyo fin era localizar a los nietos raptados por la dictadura militar, una entidad que la vicepresidenta Victoria Villarruel parece reverenciar. Esta controvertida acción ocurre pocas semanas después de que un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitara a genocidas sentenciados por crímenes de lesa humanidad. La decisión se oficializó mediante el Decreto 727/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
El Decreto 727/2024 derogó Decreto 715/2004 del ex presidente Néstor Kirchner que funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), una herramienta que permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que la unidad tenía "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal". En esa línea, señaló que se trata de herramientas que "violentan nuestro régimen constitucional".
Y señaló que "corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial" y que por tal motivo se creó "en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la 'Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado'".
Para el gobierno de Milei es más importante "el derecho a la intimidad" que encontrar a los bebés que fueron secuestrados, un delito que sigue ocurriendo al día de hoy con los centenares de hombres y mujeres que desconocen su verdadera identidad. El decreto advierte que la Unidad Especial de Investigación viola preceptos constitucionales "como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este solo puede ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada destinada a obtener información específica, legítima, idónea, proporcional y razonable a los fines buscados, sin que pueda ser evitada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos".
En ese sentido, afirman que las facultades de investigación que le fueron otorgadas a la Unidad Especial de Investigación "contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias".
