La ley aprobada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el 15 de julio de 2010 marcó un antes y un después en la historia de la ampliación de los derechos humanos en Argentina”
15 de julio de 2024
Sures Noticias
Hoy se cumplen 14 años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, un hito que marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad de género en el país. La ley, aprobada por el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 15 de julio de 2010, permitió que parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio y adoptar hijos, garantizando así sus derechos y protegiendo su dignidad.
Desde su aprobación, la ley ha tenido un impacto significativo en la sociedad argentina. Según datos oficiales, más de 20.000 parejas del mismo sexo se han casado en Argentina desde la entrada en vigencia de la ley. Además, se han registrado más de 1.000 adopciones por parte de parejas del mismo sexo, brindando así una familia y un hogar a niños y niñas que necesitaban amor y protección.
La Ley de Matrimonio Igualitario también ha tenido un impacto positivo en la sociedad en general, promoviendo la aceptación y el respeto hacia la diversidad sexual y de género. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el 70% de los argentinos apoya el matrimonio igualitario, mientras que el 20% se muestra indiferente y solo el 10% se opone.
La aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina también ha tenido un impacto en la región, inspirando a otros países a seguir el ejemplo. Hoy en día, más de 20 países en América Latina y el Caribe han aprobado leyes que permiten el matrimonio igualitario, garantizando así los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.