El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó sobre la decisión de realizar una auditoría. Con ello, buscan identificar irregularidades en los procesos y consideran solicitar la devolución de fondos otorgados incorrectamente.
Argentina 23 de abril de 2024
Sures Noticias
Este lunes, el Gobierno comunicó que suspenderá los pagos de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado y llevará a cabo una auditoría de todas las compensaciones concedidas y solicitadas. Esta medida se anunció después de identificar varias irregularidades en los procedimientos, de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Justicia.
La medida fue dispuesta por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a través de la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ-. “Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, escribió el ministro en el comunicado difundido a través de la red social X.
En el comunicado, se especificó que la decisión se tomó tras detectar "varios casos con irregularidades en el proceso, concesión y/o pago" de los beneficios a las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto entre 1976 y 1983, periodo en el cual miembros de las Fuerzas Armadas cometieron desapariciones forzadas y torturas.
Así, el Gobierno explicó los objetivos de esta auditoría exhaustiva. Señalaron que "la auditoría suspenderá los pagos y reconocimientos hasta obtener información completamente fiable que justifique la concesión de los beneficios".
La auditoría se inició tras la confirmación de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal del fallo de procesamiento en la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita". Respecto a los pagos indebidos mencionados en la causa penal, se buscará la devolución de las sumas pagadas fraudulentamente. La Secretaría de Derechos Humanos, actuando como querellante, solicitará medidas cautelares como la inhibición de bienes o embargos.
En un operativo desmedido, violento e ilegal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma.
El informe "Cultura del Acoso: Punto y Aparte" presentado por la asociación reveló 19 incidentes de acoso sexual perpetrados por el periodista especializado en política internacional hacia sus colegas en varios medios de comunicación.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
La iniciativa es de la Multisectorial Federal de la República Argentina, un espacio que se basa en principios de inclusión, participación y respeto a la diversidad. Valora todos los aportes, ya sea desde un enfoque técnico, profesional o representativo de espacios específicos y creen que la diversidad de perspectivas enriquece las discusiones y fortalece sus propuestas para la construcción de una Argentina Justa, Libre y Soberana.
A partir de hoy 1 julio, entran en circulación “Los Chachos”, los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) denominados Chacho. Estos bonos cuentan con diferentes normas de seguridad a tener en cuenta por la población.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.