El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó sobre la decisión de realizar una auditoría. Con ello, buscan identificar irregularidades en los procesos y consideran solicitar la devolución de fondos otorgados incorrectamente.
Argentina23 de abril de 2024
Sures Noticias
Este lunes, el Gobierno comunicó que suspenderá los pagos de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado y llevará a cabo una auditoría de todas las compensaciones concedidas y solicitadas. Esta medida se anunció después de identificar varias irregularidades en los procedimientos, de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Justicia.
La medida fue dispuesta por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a través de la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ-. “Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, escribió el ministro en el comunicado difundido a través de la red social X.
En el comunicado, se especificó que la decisión se tomó tras detectar "varios casos con irregularidades en el proceso, concesión y/o pago" de los beneficios a las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto entre 1976 y 1983, periodo en el cual miembros de las Fuerzas Armadas cometieron desapariciones forzadas y torturas.
Así, el Gobierno explicó los objetivos de esta auditoría exhaustiva. Señalaron que "la auditoría suspenderá los pagos y reconocimientos hasta obtener información completamente fiable que justifique la concesión de los beneficios".
La auditoría se inició tras la confirmación de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal del fallo de procesamiento en la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita". Respecto a los pagos indebidos mencionados en la causa penal, se buscará la devolución de las sumas pagadas fraudulentamente. La Secretaría de Derechos Humanos, actuando como querellante, solicitará medidas cautelares como la inhibición de bienes o embargos.
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Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
El joven tenía 24 años cuando fue secuestrado en 1976. Además, solicitaron que se establezca el arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una práctica sistemática del terrorismo de Estado. La fiscalía acompañó el pedido de los familiares para que se establezca que su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas dirigida contra la población en el marco de la última dictadura cívico militar.
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