La Red Plurinacional de Pueblos Fumigados solicita solidaridad con la comunidad Mbya-guaraní Puente Quemado II de Misiones

“Recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular”. El comunicado emitido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario y H.I.J.O.S. Rosario indica que han denunciado un reciente acto de violencia dirigido a una activista de derechos humanos de dichas organizaciones, quien participa en procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad.

La Dirección Provincial de Veteranos de Guerra y el Observatorio Malvinas Argentinas de la Legislatura de Río Negro han denunciado "una invasión y expoliación de recursos naturales en más del 30% del territorio argentino". Además, han advertido sobre los planes del Reino Unido de "edificar un puerto de aguas profundas en las Malvinas y declarar una zona de pesca protegida en el litoral marítimo".

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad hizo públicos los elementos que llevaron a la condena a prisión perpetua dictada para el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el expolicía de la Comisaría 1era de Berazategui, Juan Humberto Keller, por el homicidio de un hombre y los secuestros y torturas a los que fueron sometida su tía, sus primos menores de edad y su medio hermano. Impulsado por la fiscalía, analizó diferentes conceptos que influyen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.

La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023 coloca a las Universidades Nacionales frente a una situación económica crítica. Frente a este escenario, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizaron un análisis detallado del presupuesto universitario desde el año 1997 hasta el primer trimestre del 2024.

Mediante un comunicado firmado por los titulares de APA, APLA, APTA y UPSA, los dirigentes apuntaron al Gobierno de Javier Milei y enfatizaron que "el achicamiento implica una pérdida de soberanía, lo que tendrá efectos concretos sobre la destrucción de trabajo argentino y la entrega de la aviación a compañías extranjeras".

La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.