“Recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular”. El comunicado emitido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario y H.I.J.O.S. Rosario indica que han denunciado un reciente acto de violencia dirigido a una activista de derechos humanos de dichas organizaciones, quien participa en procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad.
Argentina 12 de abril de 2024
Sures Noticias
Los organismos informaron mediante un comunicado conjunto que la activista recibió recientemente una amenaza escrita dirigida a ella y su familia en su residencia, lo cual refleja el nivel de intimidación y la seriedad de la situación.
Asimismo, resaltaron que la nota incluye “una advertencia por su participación como militante de derechos humanos” y que, además, “amenaza su integridad física”.
“Es este clima social, habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunea la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia, el que fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo”, indica el comunicado de las Abuelas de Plaza de Mayo.
“Leemos este terrible hecho como parte de una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo en nuestro país: desde las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo para que no dé charlas en escuelas, hasta el ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera nuestra compañera Sabrina Bölke”. Los organismos interpretaron, al recordar los actos de violencia del mes pasado, que estos fueron perpetrados contra defensoras de los derechos humanos.
Abuelas e H.I.J.O.S. de las filiales rosarinas informaron que ya se hizo la denuncia pertinente ante la justicia y pidieron al poder judicial que “se aboque de lleno en la investigación y agote las instancias necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido”. Asimismo, pidieron “mesura” a la sociedad para no entorpecer dicho proceso judicial y “particularmente para resguardar a nuestra compañera y su familia” y, aclararon, “no podemos dejar de advertir públicamente sobre este hecho intimidatorio y violento, que no es aislado”.
“Es este clima social, habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunea la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia, el que fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo”, señalaron.
Además, los organismos advirtieron que...“este discurso también fue sostenido por el gobernador de nuestra provincia (Maximiliano Pullaro), quien no tuvo tapujos en decir que no quiere reclamos de los Organismos de Derechos Humanos, en medio de una escalada de violencia sin precedentes en nuestra ciudad”, denunciaron.
Para las organizaciones de derechos humanos, la reciente conmemoración de los 40 años del retorno a la democracia hace que estos delitos resulten aún más significativos “inadmisibles y repudiables”.
En el comunicado instaron “de manera urgente” tanto al gobierno nacional como provincial a “frenar los discursos de odio que habilitan la estigmatización y la violencia contra quienes piensan diferente” y exigieron “la adopción de las medidas necesarias para prevenir la repetición de actos semejantes y para garantizar la seguridad de las víctimas”.
“Los organismos de derechos humanos seguiremos trabajando colectivamente para demandar justicia por estos hechos de violencia y persecución política y continuaremos exigiendo el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la sanción a sus responsables. Nunca más es nunca más”, concluyeron.
A través de una medida de no innovar que dictó a pedido de la Fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak. La medida pretende que la documentación no pueda ser modificada, mudada o cambiada • En marzo se comenzó a desarmar la política de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaba desde hace catorce años.
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Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.
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Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
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