Solicitan al poder judicial que declare inconstitucional el reglamento de uso de armas de fuego de Bullrich

El 14 de marzo se publicó en el Boletín Oficial la resolución 125/2024 emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación por la cual se aprobó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales. Esta normativa reedita en términos generales el reglamento de uso de armas que había establecido en 2018, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, y que daba lugar a la llamada “doctrina Chocobar”.

En la presentación sostienen que el reglamento se aparta de los principios, las reglas y los estándares establecidos a nivel internacional para la regulación del uso de armas de fuego. Si bien el texto cita estos estándares internacionales, no los cumple. Las directivas propuestas pasan por alto principios básicos como el de excepcionalidad, progresividad y proporcionalidad en el uso de la fuerza e incumplen las obligaciones jurídicas que el Estado argentino asumió a nivel internacional.

Allí se selala que la amplitud de las situaciones en las que los funcionarios están autorizados a disparar sus armas de fuego, habilita un amplio margen de discrecionalidad para la evaluación de tales circunstancias. Esto implica un peligro gravísimo para la vida e integridad física de la población.

Bajo este nuevo marco legal, por ejemplo, los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que las fuerzas de seguridad federales podrían responder con el uso de la fuerza letal, aun cuando en la situación de amenaza no hubiera armas de fuego.

La ministra de Seguridad trae nuevamente a la escena el caso Chocobar, pero este hecho justamente evidencia la relevancia de una investigación judicial que interprete la normativa y los estándares de uso de la fuerza según cada situación. En el caso Chocobar, mientras que las autoridades del gobierno de aquel entonces defendieron la intervención policial, la investigación judicial resolvió que el policía había actuado de manera abusiva.

Otro aspecto preocupante es que podría habilitar el uso de armas letales dentro de las cárceles por parte del Servicio Penitenciario Federal en situaciones mal definidas en el reglamento. La ley de Ejecución Penal es clara en relación con este punto: el personal que está en contacto directo con las personas detenidas no puede portar armas letales. 

A su vez, el reglamento incorpora la prohibición a las oficinas de control policial de imponer sanciones administrativas que afecten la continuidad laboral de los integrantes de las fuerzas que hayan hecho uso de sus armas de fuego. 

Abuelas de Plaza de Mayo,  H.I.J.O.S. Capital y CELS reclaman medidas de preservación de la documentación para sostener el trabajo de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura.

El Ministerio de Defensa desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis sobre Archivos de las Fuerzas Armadas.

Los organismos de derechos humanos expresaron su rechazo al desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis de Archivos de las Fuerzas Armadas, creado por la resolución ministerial 308/2010, que establece, además, el acceso irrestricto a las dependencias donde están los archivos de cada fuerza. Estos equipos realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad. La decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad. Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización.

Mientras cierra un área que ha aportado a la reconstrucción de la verdad, el Gobierno Nacional cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep, el Poder Judicial y otros gobiernos han construido rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia. ¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?; ¿dónde están los 300 nietos y nietas que aún buscamos? La verdad que todavía nos falta depende en gran parte del acceso a los archivos y documentos: es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia, sostienen.

El vaciamiento de este equipo se da en medio de una ola de despidos masivos en el Estado. Miles de trabajadores y trabajadoras, junto a sus familias, se quedan sin ingresos. Como en otras áreas, en este caso del equipo de archivistas del Ministerio de Defensa, los despidos implican además la pérdida de recursos técnicos y conocimientos valiosos, y ponen en riesgo políticas públicas centrales para el acceso a derechos.

Continuaran exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria, verdad y justicia, y los derechos humanos. concluyeron.

Según Perfil, fuentes cercanas a Casa Rosada afirman que "el programa no será dado de baja". Sin embargo, confirmaron que lo que ocurrió es que "no se renovaron algunos contratos” de los archivistas que trabajaban en esa área.