El Cels presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de esa normativa para fuerzas de seguridad federales y el servicio penitenciario federal, que se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente.
Argentina06 de abril de 2024
Sures Noticias
El 14 de marzo se publicó en el Boletín Oficial la resolución 125/2024 emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación por la cual se aprobó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales. Esta normativa reedita en términos generales el reglamento de uso de armas que había establecido en 2018, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, y que daba lugar a la llamada “doctrina Chocobar”.
En la presentación sostienen que el reglamento se aparta de los principios, las reglas y los estándares establecidos a nivel internacional para la regulación del uso de armas de fuego. Si bien el texto cita estos estándares internacionales, no los cumple. Las directivas propuestas pasan por alto principios básicos como el de excepcionalidad, progresividad y proporcionalidad en el uso de la fuerza e incumplen las obligaciones jurídicas que el Estado argentino asumió a nivel internacional.
Allí se selala que la amplitud de las situaciones en las que los funcionarios están autorizados a disparar sus armas de fuego, habilita un amplio margen de discrecionalidad para la evaluación de tales circunstancias. Esto implica un peligro gravísimo para la vida e integridad física de la población.
Bajo este nuevo marco legal, por ejemplo, los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que las fuerzas de seguridad federales podrían responder con el uso de la fuerza letal, aun cuando en la situación de amenaza no hubiera armas de fuego.
La ministra de Seguridad trae nuevamente a la escena el caso Chocobar, pero este hecho justamente evidencia la relevancia de una investigación judicial que interprete la normativa y los estándares de uso de la fuerza según cada situación. En el caso Chocobar, mientras que las autoridades del gobierno de aquel entonces defendieron la intervención policial, la investigación judicial resolvió que el policía había actuado de manera abusiva.
Otro aspecto preocupante es que podría habilitar el uso de armas letales dentro de las cárceles por parte del Servicio Penitenciario Federal en situaciones mal definidas en el reglamento. La ley de Ejecución Penal es clara en relación con este punto: el personal que está en contacto directo con las personas detenidas no puede portar armas letales.
A su vez, el reglamento incorpora la prohibición a las oficinas de control policial de imponer sanciones administrativas que afecten la continuidad laboral de los integrantes de las fuerzas que hayan hecho uso de sus armas de fuego.
Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y CELS reclaman medidas de preservación de la documentación para sostener el trabajo de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura.
El Ministerio de Defensa desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis sobre Archivos de las Fuerzas Armadas.
Los organismos de derechos humanos expresaron su rechazo al desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis de Archivos de las Fuerzas Armadas, creado por la resolución ministerial 308/2010, que establece, además, el acceso irrestricto a las dependencias donde están los archivos de cada fuerza. Estos equipos realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad. La decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad. Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización.
Mientras cierra un área que ha aportado a la reconstrucción de la verdad, el Gobierno Nacional cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep, el Poder Judicial y otros gobiernos han construido rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia. ¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?; ¿dónde están los 300 nietos y nietas que aún buscamos? La verdad que todavía nos falta depende en gran parte del acceso a los archivos y documentos: es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia, sostienen.
El vaciamiento de este equipo se da en medio de una ola de despidos masivos en el Estado. Miles de trabajadores y trabajadoras, junto a sus familias, se quedan sin ingresos. Como en otras áreas, en este caso del equipo de archivistas del Ministerio de Defensa, los despidos implican además la pérdida de recursos técnicos y conocimientos valiosos, y ponen en riesgo políticas públicas centrales para el acceso a derechos.
Continuaran exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria, verdad y justicia, y los derechos humanos. concluyeron.
Según Perfil, fuentes cercanas a Casa Rosada afirman que "el programa no será dado de baja". Sin embargo, confirmaron que lo que ocurrió es que "no se renovaron algunos contratos” de los archivistas que trabajaban en esa área.
"Responsabilizo a Javier Milei por cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética: lo que debería hacer el Presidente es defender a la Argentina y a YPF", sostuvo este martes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
Ante el deterioro de las políticas culturales del actual gobierno, del 3 al 9 de julio se llevará a cabo el Festival ENTRÁ, un encuentro federal y autogestivo en apoyo al Instituto Nacional del Teatro (INT).
La protesta en la Avenida 9 de Julio se llevó a cabo en el contexto de las manifestaciones que exigen mejoras en los salarios y en el presupuesto del hospital Garrahan. Este domingo, los trabajadores del hospital llevaron a cabo una nueva acción de fuerza.
Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.
Fue gracias a un acuerdo de conciliación calificado por las partes como una "salida superadora". El caso se inició en noviembre de 2023 con una inspección fiscalizadora en una finca de la localidad de Joaquín V. González, donde una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte. Ninguno tenía ropa ni herramientas adecuadas, dormían hacinados en una casilla y parte del pago, les era descontado en concepto de alimentos.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.
El estudio comparativo explora las creencias sociales de los argentinos en dimensiones clave como la democracia, el orden público, la relación entre el Estado y el mercado, la agenda de derechos y libertades, y la política exterior. El informe revela cambios y continuidades en estas percepciones a lo largo de los dos años, ofreciendo una serie histórica para identificar tendencias en las opiniones de la población argentina sobre temas políticos y sociales. El estudio fue realizado por Pulsar.UBA.
La funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires está acusada de vandalizar la casa de José Luis Espert. “Está presa por mujer y peronista”, aseveraron en un comunicado firmado por legisladores de Unión por la Patria.
Una familia de cinco palestinos vivió una experiencia traumática al intentar ingresar a Argentina, en medio de un contexto migratorio tenso influenciado por el alineamiento del gobierno autoritario de Javier Milei con Estados Unidos e Israel.
La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), conjuntamente con el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College), informaron que “se solicitó a la justicia provincial una urgente medida cautelar (in extremis) para proteger la vida del quebracho blanco de 283 años de Villa Allende”.
La Red por los Derechos Humanos en contextos de encierro, junto al Museo de Antropologías, junto a IDACOR, CONICET y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, organiza una jornada de debate el 15 de julio de 2025 a las 18 hs en el Museo de Antropologías, para reflexionar sobre los derechos humanos desde las ciencias sociales.
Mientras el Gobierno Nacional utiliza los salarios como herramienta para consolidar la desinflación, Córdoba, gobernada por LLaryora, aliado de Milei, atraviesa un escenario de caída del empleo, ajuste real del salario y conflictos gremiales en alza. Las tensiones sociales crecen al compás de un modelo que prioriza las metas macroeconómicas sobre la recuperación del poder adquisitivo.
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