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Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la resolución 879/2024 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) por la cual se suspenden las matrículas de más de 9.000 cooperativas y mutuales en todo el país “por incumplimiento al proceso de Actualización Nacional de Datos” y “falta de documentación asamblearia y estados contables”.
Mediante esta resolución las entidades suspendidas que aún no hayan completado el registro en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y adeuden documentación contarán con 10 días hábiles “para ejercer su derecho de defensa, siendo condición esencial acreditar haber efectuado la Actualización Nacional de Datos y presentado la documentación adeudada”.
El Gobierno se propone la destrucción de cualquier atisbo de organizar modos de subsistencia mediante la eliminación de organizaciones y referentes”.
COMUNICAOO DE FETRAES.
Por su parte, las organizaciones que tengan toda su documentación presentada y no se hayan registrado en el sistema deberán hacerlo “en el término de 45 días”, según se explica en la resolución que adjunta 4 listados con las más de 9000 entidades suspendidas por la medida.
En el mismo sentido la resolución 878/2024 también publicada en el Boletín Oficial insta a otras 7000 mutuales y cooperativas para que en los próximos 30 días presenten los documentos adeudados o se procederá “a la automática suspensión de la autorización para funcionar por obstaculización al ejercicio de la fiscalización pública”.
Desde la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes) afirmaron que con estas medidas el gobierno nacional busca “profundizar la estigmatización, la persecución y criminalización como modo de quebrar toda resistencia popular” a la vez que se “pone en marcha un nuevo ataque a los sectores populares organizados de modo asociativo mediante cooperativas de trabajo”.
“Nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias de un plan que consiste en la miseria planificada y de modo simultáneo el gobierno se propone la destrucción de cualquier atisbo de organizar modos de subsistencia mediante la eliminación de organizaciones y referentes”, aseguraron en un comunicado.
En diálogo con Somos Télam, el presidente de la Fetraes, Eduardo Montes, dijo que -ante la falta de información directa sobre cuáles son las entidades suspendidas y cómo se las notificará- “nos obligan a informarnos a través del Boletín Oficial” y explicó que desde la federación van “a dar una mano a cada cooperativa que podamos en temas administrativos” para evitar que, al no ser notificados, se venzan los plazos y terminen dadas de baja.
Hasta el momento ni el Ministerio de Capital Humano ni el Inaes informó el número exacto de organizaciones afectadas por las resoluciones. Tampoco explicaron la forma o el tiempo en que éstas entidades serán notificadas, sin embargo aseguraron que en la página web del Inaes, las organizaciones podrán consultar el padrón y corroborar mediante el ingreso de Cuit o matrícula si se encuentran “vigentes” o “suspendidas”.
Ante la falta de información oficial, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic) y la Asociación Civil Trabajando por la Economía Social (TES) lanzaron una plataforma web “de asistencia solidaria” para que las cooperativas puedan consultar si se encuentran en el listado de organizaciones afectadas por las resoluciones y “recomienda pasos a seguir para poder continuar operando, así como canales de asistencia”.
El sitio web https://cooperativas-suspendidas.sutty.nl/ además consigna un gráfico donde se encuentran listadas 20647 entidades y el conteo de las 11752 que figuran como “suspendidas”.
“En tiempo récord llega una respuesta solidaria de la mano de la misma comunidad cooperativa”, explicaron en el lanzamiento de esta web, a una semana de que el vocero presidencial, Manuel Adorni anunciara que el Ministerio de Capital Humano iba a “depurar y controlar” el padrón nacional de cooperativas que “reviste innumerables irregularidades”.
Desde Facttic consideraron que estas medidas son “parte de un intento de denostar el sector cooperativo y mutual que motoriza la economía y genera miles de puestos de trabajo”.
