El gobierno nacional, en otra prueba más por el desprecio a la cultura, bajó los contratos que se vencen el 31 de marzo, podaron horas extras y viajes del personal. Planean cerrar la plataforma Cine.ar, clausurar y vender el cine Gaumont.
Argentina12 de marzo de 2024
Sures Noticias
El Gobierno anunció este lunes una resolución que conlleva severos recortes en el financiamiento para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
La resolución, difundida en el Boletín Oficial y titulada "Suspensión de Erogaciones Económicas en el marco de racionalización de recursos", es parte de la emergencia pública incluida en el mega DNU de Javier Milei. Esta incluye la finalización de todos los contratos en el INCAA que expiran el 31 de marzo de este año.
Asimismo, se suspende el pago de horas extras, aportes económicos e institucionales, se elimina el apoyo económico a las provincias, se suprimen los adicionales por concepto de Seguridad en todos los edificios del Instituto y se suspenden los viajes del personal, los gastos en telefonía celular, la adquisición de alimentos y el pago de transporte para los empleados.
Carlos Luis Pirovano, director asignado por el gobierno para el organismo, ha comunicado que se planea cerrar la plataforma Cine.ar, clausurar y vender el cine Gaumont y retirar la financiación a festivales como el de Mar del Plata.
El INCAA, que depende de la Secretaría de Cultura bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, cuenta con 645 empleados, aproximadamente 500 de ellos son personal permanente.
Además, dentro del organismo se considera la implementación de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de concursos y reestructuración de algunos sectores, tal como ocurre en otras dependencias públicas.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Se llevó a cabo una reunión de la comisión de coordinación que definió un plan de trabajo para el próximo año. La entrega se realizará mediante dos eventos públicos, en conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado. En la actualidad, el registro de víctimas desaparecidas y sobrevivientes de la UNNE supera los 170. La corrección de los legajos fue sugerida por el MPF como una medida reparadora en los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Las condenas incluyeron a dos exmilitares, dos expolicías de la provincia de Santa Cruz y un exprefecto. Otros dos acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró los actos como delitos de lesa humanidad y reconoció oficialmente los lugares como sitios de memoria. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 13 de febrero.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.