En la primera semana de gobierno del presidente Javier Milei se anunciaron los lineamientos de la política cambiaria, monetaria y fiscal. En una segunda etapa, también en diciembre, se conocerán los contenidos de las reformas estructurales planteadas.
Argentina16 de diciembre de 2023
Sures Noticias
En el presente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se desarrolla, en el primer apartado, el contenido de las medidas concretadas y anunciadas. En el segundo punto se compara la magnitud que representa el mentado ajuste a la “casta” versus la magnitud de los recortes fiscales. En el tercer apartado, el informe avanza sobre el impacto de las políticas de mega devaluación y desregulación de precios con nula recomposición de ingresos. En cuarto lugar, se detallan los beneficios al poder económico. Por último, el documento reflexiona sobre la viabilidad de este conjunto de medidas económicas en función del Congreso, los mercados, los OOII y la población.
¿Quién paga el ajuste? El fin del relato de la “casta”
En la mañana del día 12 de diciembre, se anunciaron los lineamientos de la ley de Ministerios, que suponen un reordenamiento de las estructuras ministeriales. El cálculo concreto de esta decisión es que lo que Milei denominaba “casta”, finalmente representaba el 0,0014% del PBI, equivalente a un ahorro anual de $3.200 millones correspondiente a la reducción de 8 ministerios, 50 secretarías y 42 subsecretarías.
Las medidas anunciadas abren interrogantes: ¿configuran un plan de estabilización o constituyen una etapa intermedia de una dolarización futura? En este sentido, vale mencionar que el mercado interpreta y pricea la primera de las opciones, sin la incertidumbre que generó la dolarización durante la campaña electoral.
A la par, el plan original de endeudamiento que representaba Caputo debería analizarse pensando en si el objetivo es empalmar con los dólares de la cosecha o complementar esto con un nuevo esquema de deuda. En ese sentido ¿de dónde podrían obtenerse los dólares de endeudamiento? Según Bullmarket, se podrían lograr unos USD 25.500 millones, con aportes de USD 12 a 15 mil millones de Arabia Saudita o EAU, USD 3 mil millones del FMI, USD 5 mil millones de exportadores. Se puede agregar la utilización de la cuota del swap de China, la ampliación de la línea de crédito del BIS, de USD 3000 millones o dinero de la CAF.
Aunque el recorte fiscal resulta brutal, en el debate interno del equipo de Gobierno ganó el “gradualismo”: 2,2 puntos del déficit se resuelven con recaudación y “sólo” 3 puntos vía recorte de gastos. Un sector del oficialismo consideraba que debían ser 5 puntos de recorte de gastos. No deja de ser paradójico que, en sus primeros anuncios de medidas, Milei incrementó retenciones e impuesto a las Ganancias.
Finalmente, la virulenta transferencia de ingresos como resultado de la devaluación, quita de subsidios, suspensión de obra pública, recorte de trasferencias a provincias, y consecuentes aumentos de la pobreza y la indigencia, hacen difícil imaginar que no haya reclamos populares. En este sentido, y tal como anticipamos hace varios meses, un programa de estas características requiere indefectiblemente de un aparato represivo que condicione la protesta social y sindical.
El informe completo acá
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
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