La comisión que preside Hugo Yasky debatirá este miércoles la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria, y el aumento de penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.
Argentina 01 de noviembre de 2023
Sures Noticias
La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzará a debatir este miércoles los proyectos de ley que proponen la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria, y el aumento de las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.
La comisión que preside Hugo Yasky se reunirá desde las 14 en el edificio anexo y también abordará el proyecto que establece la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática con la modificación del artículo 213 del Código Penal, sobre sanción para actitudes negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Entre los proyectos referidos a la penalidad del negacionismo se buscará aunar criterios en torno a iniciativas de Marina Stilman (Coalición Cívica) y de los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por el propio Yasky.
Uno de los proyectos, el del cordobés Fernández, establece la modificación del artículo 213 para estipular que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere".
En otro de los artículos, el proyecto señala que "será reprimido con multa económica de 10.000 a 100.000 pesos quien hiciere manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de los delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos éstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere".
En cuanto a los agravantes, prevé: "Será sancionado con la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario público de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad".
Y agrega: "Será reprimida con multa económica del doble de la fijada de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 213 ter de la presente Ley, el funcionario o la funcionaria que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad".
En cuanto al proyecto de Moisés, también propone modificar el artículo 213 creando un tipo penal agravado para los funcionarios o funcionarias públicas al disponer "sanciones como la destitución de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena".
Además, establece que el funcionario o funcionaria pública que haya sido apartado del cargo "deberá acreditar capacitación en materia de derechos humanos previo a una nueva y futura designación, una vez cumplida la pena de inhabilitación".
Entre otros aspectos distintivos, el proyecto dedica un apartado para establecer capacitación en la temática de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para todos los agentes de la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Y establece que dicha instrucción será obligatoria para las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El tema que se debatirá este miércoles volvió al centro del debate en medio de la campaña electoral que se desarrolla desde junio, como consecuencia de los dichos de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en relación a la negación del Terrorismo de Estado de la década del '70 y a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar (1976-1983).
En cuanto al proyecto sobre el Observatorio para la Convivencia Democrática, elaborado por la massista Mónica Litza, señala que el mismo "tendrá entre sus funciones diseñar acciones académicas contra los discursos de odio y violencia; describir las TIC en el sistema político con énfasis en el negacionismo; y organizar actividades de formación y difusión de conocimiento".
Otra de las iniciativas que estará sobre la mesa será la de la modificación de la ley marco de regulación del empleo público para prohibir acciones discriminatorias por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo, cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La autora es la peronista entrerriana Blanca Osuna.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó en las últimas horas la medida cautelar que suspende la entrada en vigor del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la ley 26.737, hasta que se resuelva el fondo del asunto, por lo que la Ley de Tierras continúa vigente.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
El juez federal Julián Ercolini notificó al ex presidente Alberto Fernández que debe nombrar un abogado defensor para su asistencia en la causa que investiga posibles irregularidades en la contratación de seguros para entidades públicas mediante el Banco Nación.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
Representantes de sindicatos, sectores sociales, industriales y de derechos humanos expondrán en el plenario de comisiones del Senado, que intenta emitir un dictamen sobre la normativa para su debate en la cámara. Si la ley se aprueba en general pero con cambios específicos, deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión.
Cuestionó “el “sacrificio inútil al que es sometido el pueblo argentino”. “Te puede haber votado el 60%, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes ¿de qué sirve?”, se preguntó la exmandataria al inaugurar en Quilmes, junto a Mayra Mendoza, el microestadio Néstor Kirchner.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó en las últimas horas la medida cautelar que suspende la entrada en vigor del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la ley 26.737, hasta que se resuelva el fondo del asunto, por lo que la Ley de Tierras continúa vigente.
La última jornada de Audiencia Pública arrancó y finalizó con las palabras de la Defensora del Público Miriam Lewin, que explicó la urgencia de este recorrido federal: “Desde diciembre del año pasado se han comenzado a dar cambios vertiginosos en el ecosistema de medios de comunicación y no podíamos esperar a que avanzara el año para tener un diagnóstico”.
Será en el marco de la Diplomatura Universitaria “Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género”. Las inscripciones se encuentran abiertas a todas las personas interesadas en formarse en estas temáticas. Esta instancia de capacitación no requiere de formación previa, inicia el 18 de mayo, es gratuita, consta de ocho módulos y la modalidad de cursado es híbrida.
El juez Aldo Alurralde ordenó un embargo de 100 millones de pesos para cada uno de los acusados. Además, dispuso el procesamiento de la empresa VICENTIN SAIC por el mismo delito. Interviene el fiscal federal Roberto Salum con la colaboración de PROCELAC
La muestra de diseñadorxs y costurerxs independientes de Córdoba será el sábado 18 de mayo en el Centro Cultural Graciela Carena desde las 15 hasta las 20hs. El centro cultural se encuentra en la calle Alvear 157 de nuestra ciudad.
“Quémenlos”, el documental de Adrián Jaime sobre el levantamiento popular en la ciudad de Córdoba en 1969 que se conoció como el “Cordobazo”, tendrá proyecciones especiales en el Espacio INCCA Cine Arte Córdoba el miércoles 29 y viernes 31 de mayo a las 21 hs y en La Piojera el jueves 30 de mayo a las 20 hs.