La comisión que preside Hugo Yasky debatirá este miércoles la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria, y el aumento de penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.
Argentina01 de noviembre de 2023
Sures Noticias
La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzará a debatir este miércoles los proyectos de ley que proponen la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria, y el aumento de las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.
La comisión que preside Hugo Yasky se reunirá desde las 14 en el edificio anexo y también abordará el proyecto que establece la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática con la modificación del artículo 213 del Código Penal, sobre sanción para actitudes negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Entre los proyectos referidos a la penalidad del negacionismo se buscará aunar criterios en torno a iniciativas de Marina Stilman (Coalición Cívica) y de los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por el propio Yasky.
Uno de los proyectos, el del cordobés Fernández, establece la modificación del artículo 213 para estipular que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere".
En otro de los artículos, el proyecto señala que "será reprimido con multa económica de 10.000 a 100.000 pesos quien hiciere manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de los delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos éstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere".
En cuanto a los agravantes, prevé: "Será sancionado con la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario público de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad".
Y agrega: "Será reprimida con multa económica del doble de la fijada de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 213 ter de la presente Ley, el funcionario o la funcionaria que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad".
En cuanto al proyecto de Moisés, también propone modificar el artículo 213 creando un tipo penal agravado para los funcionarios o funcionarias públicas al disponer "sanciones como la destitución de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena".
Además, establece que el funcionario o funcionaria pública que haya sido apartado del cargo "deberá acreditar capacitación en materia de derechos humanos previo a una nueva y futura designación, una vez cumplida la pena de inhabilitación".
Entre otros aspectos distintivos, el proyecto dedica un apartado para establecer capacitación en la temática de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para todos los agentes de la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Y establece que dicha instrucción será obligatoria para las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El tema que se debatirá este miércoles volvió al centro del debate en medio de la campaña electoral que se desarrolla desde junio, como consecuencia de los dichos de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en relación a la negación del Terrorismo de Estado de la década del '70 y a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar (1976-1983).
En cuanto al proyecto sobre el Observatorio para la Convivencia Democrática, elaborado por la massista Mónica Litza, señala que el mismo "tendrá entre sus funciones diseñar acciones académicas contra los discursos de odio y violencia; describir las TIC en el sistema político con énfasis en el negacionismo; y organizar actividades de formación y difusión de conocimiento".
Otra de las iniciativas que estará sobre la mesa será la de la modificación de la ley marco de regulación del empleo público para prohibir acciones discriminatorias por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo, cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La autora es la peronista entrerriana Blanca Osuna.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que busca recomponer el financiamiento en ciencia y tecnología, frenar privatizaciones y garantizar la continuidad de la investigación pública. La iniciativa logró avanzar pese al retiro de los representantes oficialistas y ahora espera definición en el Senado.
Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre. Inicialmente la condena fue a 10 y 8 años de prisión.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital emitió un comunicado enérgico en respuesta a un pronunciamiento del Ministerio de Capital Humano que considera negacionista. En su declaración, ATE critica la apertura de un sumario policial por la colocación de una baldosa con la inscripción "Barrios x Memoria y Justicia" en la sede de la Secretaría de Trabajo, señalando que esta acción es un homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la dictadura.
Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre. Inicialmente la condena fue a 10 y 8 años de prisión.
El cuerpo de delegado de ATE del Complejo Esperanza denunció la grave situación que atraviesa el organismo dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia (SENAF).
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El juez Alejo Ramos Padilla desestimó el reclamo de La Libertad Avanza para posicionar a Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional, ratificando a la racista Karen Reichardt al frente de la nómina luego de una serie de renuncias y controversias sobre la paridad de género en la lista.
Con una agenda cultural renovada y actividades para toda la familia, la localidad de Bialet Massé celebrará la segunda edición de su Feria del Libro los días 17 y 18 de octubre, reafirmando su compromiso con la educación y la cultura local. Participa de la Feria el Centro Cultural Sonia Torres.