El Gobierno de Córdoba declaró el estado de ‘emergencia y/o desastre agropecuario’ en localidades productivas de 21 departamentos del interior provincial, como consecuencia de la sequía. La norma establece eximiciones impositivas para atenuar el impacto de las obligaciones tributarias que debe tributar el sector.
Córdoba05 de abril de 2023
Sures Noticias
El Decreto N°404, publicado en el Boletín Oficial provincial, determina el estado de ‘emergencia y/o desastre agropecuario’ desde el 1 de marzo de 2023 y hasta el 31 de agosto de 2023 para los productores agrícolas, forestales y frutihortícolas afectados por el fenómeno de sequía entre el segundo semestre de 2022 y enero de 2023.
Para el caso de los productores ganaderos, tamberos y apícolas la misma medida regirá entre el 1 de marzo de 2023 y 29 de febrero de 2024, sostiene la norma.
Asimismo, añade que las zonas afectadas han sido delimitadas utilizando el criterio de polígonos geo-referenciados, que en este caso abarca a localidades productivas de 21 de los 26 departamentos que componen la geografía provincial.
El instrumento jurídico exime entre el 41,66% y el 83,33% el pago del Impuesto Inmobiliario Básico Rural, la parte proporcional del Adicional del Impuesto Inmobiliario Básico Rural y la parte proporcional de las diferencias de impuestos que pudieran surgir correspondiente a la anualidad 2023, y de la Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA).
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
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Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.