Ocho expolicías acusados de participar de la represión que causó la muerte del docente Carlos Fuentealba, durante una protesta en Neuquén en 2007, comenzarán a ser juzgados hoy en la causa conocida como Fuentealba II.
Argentina01 de marzo de 2023
Sures Noticias
"Es muy importante que se produzca este juicio porque tiene que sentar el antecedente de que la policía jamás puede actuar de esa forma", manifestó hoy en declaraciones radiales la viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez, y agregó que "lograr una condena es parte de la defensa de la democracia".
Asimismo, recordó que el entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, no fue imputado en la causa y expresó que "tiene una gran condena social, hoy vamos a juzgar a los funcionarios de su gobierno que estaban al mando de él".
El exjefe de la policía de Neuquén Carlos Zalazar, el exsubjefe Moisés Soto, el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana Adolfo Soto, el exjefe del Departamento de Seguridad Metropolitana Jorge Garrido y el exdirector de Seguridad Mario Rinzafri están imputados por abuso de autoridad y encubrimiento, y serán acusados por la querella que representa a Rodríguez y a sus dos hijas.
También serán acusados solo por la querella, integrada por los abogados Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña, los policías Aquiles González y Julio César Lincoleo que se encuentran imputados por encubrimiento agravado.
En tanto, el policía Benito Matus (imputado por abuso de armas y lesiones leves), será acusado por la querella y por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid de la Unidad de Delitos Ambientales y Leyes Especiales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.
El tribunal, integrado por los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Diego Chavarría Ruiz, dará inicio mañana a las 8.30 a las audiencias que se extenderán hasta el 14 de marzo.
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizará este miércoles un paro por 24 horas y se movilizará a las 8 hasta las puertas de la Ciudad Judicial, ubicada en Leloir y Entre Ríos de la capital neuquina, para acompañar a Sandra Rodríguez.
El maestro Carlos Fuentealba murió por el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo de la policía neuquina Darío Poblete el 4 de abril de 2007, durante una manifestación del gremio docente en la ruta nacional 22, en cercanías del paraje Arroyito.
Por el hecho, Poblete fue condenado a prisión perpetua por ser responsable del delito de homicidio calificado con alevosía.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Daniel Vera, docente jubilado de 64 años de Resistencia, Chaco, cumple seis meses bajo arresto domiciliario por publicaciones en Facebook que denunciaban el conflicto en Gaza y criticaban a figuras públicas como el presidente Javier Milei. La Justicia Federal, a cargo del juez Ariel Lijo, lo acusa de amenazas y apología al antisemitismo, pese a que la pena máxima es excarcelable y sus defensores denuncian persecución política.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.