Ocho expolicías acusados de participar de la represión que causó la muerte del docente Carlos Fuentealba, durante una protesta en Neuquén en 2007, comenzarán a ser juzgados hoy en la causa conocida como Fuentealba II.
Argentina 01 de marzo de 2023
Sures Noticias
"Es muy importante que se produzca este juicio porque tiene que sentar el antecedente de que la policía jamás puede actuar de esa forma", manifestó hoy en declaraciones radiales la viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez, y agregó que "lograr una condena es parte de la defensa de la democracia".
Asimismo, recordó que el entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, no fue imputado en la causa y expresó que "tiene una gran condena social, hoy vamos a juzgar a los funcionarios de su gobierno que estaban al mando de él".
El exjefe de la policía de Neuquén Carlos Zalazar, el exsubjefe Moisés Soto, el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana Adolfo Soto, el exjefe del Departamento de Seguridad Metropolitana Jorge Garrido y el exdirector de Seguridad Mario Rinzafri están imputados por abuso de autoridad y encubrimiento, y serán acusados por la querella que representa a Rodríguez y a sus dos hijas.
También serán acusados solo por la querella, integrada por los abogados Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña, los policías Aquiles González y Julio César Lincoleo que se encuentran imputados por encubrimiento agravado.
En tanto, el policía Benito Matus (imputado por abuso de armas y lesiones leves), será acusado por la querella y por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid de la Unidad de Delitos Ambientales y Leyes Especiales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.
El tribunal, integrado por los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Diego Chavarría Ruiz, dará inicio mañana a las 8.30 a las audiencias que se extenderán hasta el 14 de marzo.
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizará este miércoles un paro por 24 horas y se movilizará a las 8 hasta las puertas de la Ciudad Judicial, ubicada en Leloir y Entre Ríos de la capital neuquina, para acompañar a Sandra Rodríguez.
El maestro Carlos Fuentealba murió por el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo de la policía neuquina Darío Poblete el 4 de abril de 2007, durante una manifestación del gremio docente en la ruta nacional 22, en cercanías del paraje Arroyito.
Por el hecho, Poblete fue condenado a prisión perpetua por ser responsable del delito de homicidio calificado con alevosía.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.
Los ataques María O´Donnell, por viajar a ver la Copa America y a Marcelo Longobardi, quien fue etiquetado en las redes sociales de Milei como "dinosaurio", "chanta" y "pifiador serial", se unen a los casos de otros treinta comunicadores. Se solicita que se inste al Estado argentino a abstenerse de utilizar discursos que criminalicen.
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
El informe "Cultura del Acoso: Punto y Aparte" presentado por la asociación reveló 19 incidentes de acoso sexual perpetrados por el periodista especializado en política internacional hacia sus colegas en varios medios de comunicación.
Daniela Calarco Arredondo, referente de un movimiento social, fue trasladada sin notificación a su abogado y presionada para firmar una declaración falsa a cambio de su libertad. Continúa detenida junto a David Sica, Cristian Valiente, Facundo Gómez y Roberto de la Cruz Gómez, cuya liberación inmediata sigue siendo exigida. Bullrich transformó su Ministerio en un centro de persecución política.
Tomás Arrieta es mencionado en un caso de delitos de lesa humanidad por torturar a soldados durante el conflicto bélico. "Nos quitaba la escasa comida cada vez que nos encontraba con los borceguíes desatados", relataron los excombatientes de CECIM La Plata.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Un estudio del Centro de Almaceneros revela que, debido a la escasez de plata, se intensifica la práctica de omitir comidas (con padres y madres que no comen para que sus hijos puedan hacerlo), y las meriendas se están convirtiendo en cenas.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.