La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a presentar un pedido de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una "dependencia" del Ministerio de Seguridad porteño, según informó hoy en sus redes sociales.
Argentina 09 de enero de 2023
Sures Noticias
"Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado", señaló la exmandataria en sus redes sociales.
Fernández de Kirchner expresó, desde su cuenta de Twitter, que formuló la presentación "en épocas de derechas violentas", en referencia al intento golpista registrado el domingo último en Brasil.
Entre los fundamentos de la presentación, difundida hoy, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que representan a la vicepresidenta, sostuvieron que "el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un 'trabajo' rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA".
"Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana", indicó el texto.
Y señaló: "Desde 2019, Capuchetti pasó de ser investigadora a 'Investigadora Senior' (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como 'Investigadora Senior' del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más".
En la presentación se indicó que "participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo".
Los letrados de la vicepresidenta señalaron que "las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo".
También observaron los representantes legales de la expresidenta que la "autoridad política" de ese organismo es el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, lo cual "tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Fernández de Kirchner y el espacio político que integra".
"Por otro lado -añadieron-, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la Policía Federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida".
Los abogados afirmaron que "en pocas palabras, Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar" en la causa por el atentado.
Los letrados expresaron que "está claro que lo sucedido afecta gravemente la imagen que tanto las partes como la sociedad tenemos de la jueza (ya era muy mala, ahora es peor). De este modo, se configura lo que se conceptualiza como una falta de imparcialidad objetiva".
La presentación de la vicepresidenta tiene lugar en el marco de la causa caratulada "Sabag Montiel, Fernando s/ homicidio en grado de tentativa", que la tiene como querellante.
Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como "irregularidades y arbitrariedades" cometidos por la jueza "desde el primer día" de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha prohibido a sus trabajadores el uso de términos como "agroecología", "cambio climático", "género", "sustentabilidad", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta" en documentos y publicaciones del organismo. Esta medida ha sido denunciada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta), que señala que la censura afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030.
Los familiares y amigos del genocida pudieron compartir sus últimos años de vida con él y tendrán un lugar donde llorar su muerte. Derecho que les fue arrebatado a miles de detenidos desaparecidos que Jueces como él tenían el deber de proteger durante la última dictadura militar, señalo en un comunicado HIJOS Santiago del Estero
A través de un comunicado Abuelas señaló que, por medio de un decreto, el Gobierno pretende eliminar una unidad de investigación fundamental que busca garantizar el derecho a la verdad y a la identidad.
La iniciativa es de la Multisectorial Federal de la República Argentina, un espacio que se basa en principios de inclusión, participación y respeto a la diversidad. Valora todos los aportes, ya sea desde un enfoque técnico, profesional o representativo de espacios específicos y creen que la diversidad de perspectivas enriquece las discusiones y fortalece sus propuestas para la construcción de una Argentina Justa, Libre y Soberana.
Los ataques María O´Donnell, por viajar a ver la Copa America y a Marcelo Longobardi, quien fue etiquetado en las redes sociales de Milei como "dinosaurio", "chanta" y "pifiador serial", se unen a los casos de otros treinta comunicadores. Se solicita que se inste al Estado argentino a abstenerse de utilizar discursos que criminalicen.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Un estudio del Centro de Almaceneros revela que, debido a la escasez de plata, se intensifica la práctica de omitir comidas (con padres y madres que no comen para que sus hijos puedan hacerlo), y las meriendas se están convirtiendo en cenas.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.