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El Bloque de Trabajadorxs Migrantes condenó el anuncio del Gobierno nacional sobre la imposición de aranceles a los extranjeros no residentes para servicios de salud y educación.
La medida propuesta es inviable, ya que quienes se inscriben en las universidades ya poseen un DNI argentino, proporcionado por Migraciones, y están exentos de cualquier tarifa debido a que la educación gratuita está garantizada por la Ley de Educación Superior (Ley 24.521).
Sin embargo, el anuncio realizado por el portavoz presidencial Manuel Adorni, parece ser un intento de intensificar los ataques retóricos contra la inclusión. Aunque la batalla cultural continúa, muchas de las propuestas libertarias son inaplicables y han provocado un rechazo significativo en gran parte de la población.
La supuesta reforma universitaria que carece de viabilidad práctica
El Bloque Migrante ha advertido que el anuncio "constituye una infracción a los principios de igualdad, solidaridad y derechos humanos que han caracterizado históricamente al país; además, criminaliza y responsabiliza a los migrantes por la crisis actual que enfrentan los sistemas de salud y educación. Igualmente, ignora la contribución fiscal (IVA) que las personas extranjeras aportan al mantenimiento de hospitales, escuelas y universidades".
En este sentido, enfatizaron: "Lo hemos expresado innumerables veces: somos trabajadores que pagamos impuestos y contribuimos económicamente al mantenimiento de estos derechos, no se nos está regalando nada".
"Advertimos -prosiguieron- que esta privatización del acceso para los migrantes es solo el comienzo de la privatización total de los sistemas de salud y educación para los argentinos. Quien está desfinanciando la salud y la educación es el gobierno de Milei, no los trabajadores migrantes".
Al concluir el texto, destacaron lo que Adorni parecía ignorar: "no existe una normativa formal que las respalde". Por ello, instaron al Gobierno Nacional a revisar dichas medidas y a esforzarse por la inclusión de la población migrante que arriba al país, y solicitaron a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo argentino rechazar dichas políticas.
