Dos procesos orales y públicos por crímenes de lesa humanidad que tienen como acusados a exmiembros del Poder Judicial que actuaron en jurisdicciones del sur del país durante el terrorismo de Estado están elevados y próximos a comenzar este año en los tribunales federales de Neuquén y Bahía Blanca.
Argentina 08 de enero de 2023
Sures Noticias
En Neuquén, un tribunal integrado por los magistrados Simón Bracco, Luis Foglia y Alejandro Silva estará a cargo del juicio de una causa de lesa humanidad que tiene como imputados al exjuez Pedro Duarte y al exfiscal Víctor Ortiz por delitos cometidos entre 1976 y 1983 denunciados por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la Patagonia.
En tanto que, en Bahía Blanca, el Juzgado Federal N°1 elevó a juicio oral el pasado 21 de diciembre la causa contra el excamarista Néstor Luis Montezanti, acusado por haber pertenecido a la organización paraestatal Triple A con actuación en esa ciudad, donde se le atribuye a la organización la comisión de 24 homicidios entre 1974 y 1975.
Se espera que, en febrero, en Neuquén se desarrolle la audiencia de prueba para luego poner fecha de inicio del debate al que los exmagistrados federales llegan acusados de "omisión de promover la persecución penal, participación en privaciones ilegítimas de la libertad y prevaricato" en más de 25 hechos.
Luego de que en la provincia se hayan concretado desde 2008 siete juicios por crímenes de lesa humanidad con condenas a responsables del ámbito militar e integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, este será el primer juicio que se seguirá a exmiembros del Poder Judicial.
"No importa tanto si son uno, dos o 30 los acusados. Lo que importa es la trama que se vislumbra detrás del aparato del Poder Judicial y del comportamiento que tuvo durante la dictadura, ya sea por participación directa u omisión", sostuvo en diálogo con Télam el abogado Marcelo Medrano, que representa a la querella que lleva la APDH de Neuquén en este caso.
El abogado enfatizó que los exmagistrados "estaban ahí", en referencia a los juzgados durante la última dictadura, para "mirar a otro lado", y consideró que comprender esto resulta "sustancial" para "entender el plan sistemático de parte del Poder Judicial".
En este sentido, el caso de Duarte cuenta con la particularidad de que es "el único caso en el país" -remarcó Medrano- en que un auditor del Ejército fue designado como juez federal.
"Con Duarte se da la paradoja de que, previo a asumir como juez federal en 1976, fue auditor del Ejército, o sea, era nada más ni nada menos que el abogado de la plana mayor, el que asesora a los que mandan, un contralor legal de la cúpula de los batallones", insistió Medrano.
También señaló las dilaciones provocadas por el exjuez durante estos diez porque, con un gran despliegue de recursos y apelaciones, "recusó todo lo que pudo" -al juez instructor varias veces- y "hasta se tomó seis meses para efectuar su indagatoria, algo que habitualmente se hace en seis horas".
Sin embargo, Medrano es optimista: "Luego de años de mucho trabajo donde pudimos hacer una gran recolección de prueba, tenemos un caso sólido con testimonios de mucho peso como los de la Madre de Plaza de Mayo Inés Ragni; la histórica referente de la APDH Noemí Labrune y los de dos abogados que intervinieron en la época que brindaron testimonios impresionantes".
Por su parte, en la causa que se investiga en Bahía Blanca, Montezanti está imputado como coautor de los delitos de asociación ilícita -por su vinculación con los máximos exponentes de la Triple A-, y de intimidación pública perpetrada en agosto de 1974 durante la toma armada de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
En 1975, tres miembros de la Triple A asesinaron al estudiante David Hover Cilleruelo en la Universidad Nacional del Sur (UNS), y Montezanti fue el "abogado de confianza" de uno de los acusados.
"En medio de archivos perdidos encontramos dos causas penales provinciales donde el abogado de confianza de dos líderes de la patota de la Triple A era Montezanti", señaló a esta agencia el fiscal de la causa, Miguel Palazzani.
"No se puede soslayar que este hombre era personal civil de inteligencia presentado, nada más y nada menos, por el exgeneral Carlos Guillermo Suárez Mason y por el oficial del Batallón 601 José Osvaldo Ribeiro", subrayó.
Montezanti "tenía su peso" en la región y al momento de los hechos era abogado y personal civil de inteligencia de la SIDE.
Luego, se desempeñó como profesor de derecho y por muchos años integró y presidió hasta 2016 la Cámara Federal de Apelaciones bahiense.
El letrado explicó que cuando se trata de exmagistrados, los tipos de defensas y los planteos que se hacen para "dilatar los tiempos procesales son distintos que los que hacen otro tipo de imputados e involucra un trabajo distinto de prueba".
"En las dos jurisdicciones donde tenemos imputados jueces o fiscales de la última dictadura, sus causas no han tenido la fluidez que tuvieron las causas con los militares, con la 'mano de obra'", expresó Palazzani.
Sobre el rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, el fiscal opinó que "fue constitutivo del mismo proceso" y que "no pudieron haber habido 540 centros clandestinos, denuncias en todo el país, desapariciones si el Poder Judicial hubiera estado activo".
"No se podría haber desarrollado el terrorismo de Estado tal como se dio y se impuso sin la complicidad del Poder Judicial", sostuvo y lamentó que no se hayan conseguido "tantas condenas como tanta complicidad ha habido".
Y reflexionó: ""Estamos hablando del Poder Judicial, que es el primer auxilio que tiene cualquier ciudadano. Te desaparecen a un ser querido y ¿adónde vas ir?".
Asimismo, Palazzani advirtió que "no se puede mirar el fenómeno de forma sesgada o segmentada" ya que "si uno tomara como delito de lesa humanidad sólo el de secuestro y tortura, pierde de vista el proceso que es muchísimo más complejo, todo lo que se tuvo de dar antes y que rodeó el fenómeno criminal".
Remarcó que el ataque generalizado y sistematizado contra un sector de la población civil -que siempre fue el mismo- empezó antes del golpe de Estado del '76.
"El 24 de marzo de 1976 no es un corte, es un puente, donde lo que hubo fue un cambio de modalidad: mientras la operatoria de la Triple A era exponer los cuerpos, cuando empezó la dictadura el modus operandi fue esconderlos", completó.
“El Presidente tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata y se lo tenemos que demostrar. El día de su arribo deberían cortarse todas las rutas de Bariloche. A él sólo le interesa conversar con empresarios planeros con exenciones impositivas", dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
La apertura del encuentro será el viernes 19 de abril de a 18 a 21 hs en el Auditorio de la UBA Sociales. El evento abordara las estrategias feministas frente a las nuevas derechas.
Ante ambas demandas, y con la firma de sus cuatro integrantes, el máximo tribunal consideró que no había “caso concreto”, “causa” o “controversia” para tratar la constitucionalidad o no del decreto de Milei.
Los licenciatarios de Servicios de TIC establecerán sus tarifas, las cuales deberán ser equitativas y razonables, cubrir los costos de operación y promover una prestación eficiente con un margen de operación razonable, según lo estipula el decreto 302/2024.
La cartera de Defensa, que encabeza Luis Petri, despidió a 10 de los 13 trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, programas cruciales para las políticas de promoción y protección de los derechos humanos en el país, así como de la democratización de las fuerzas armadas.
Legisladores de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal (HCF), Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal y Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FiT) recibieron a estudiantes de las casas de altos estudios en la Cámara baja. Adhirieron a la Marcha Federal Universitaria que se realizará el martes 23 de abril, y respaldaron las acciones para revertir esta situación se realizan en todo el país.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará el próximo sábado la inauguración de un microestadio en el Municipio de Quilmes por invitación de la intendenta local, Mayra Mendoza, y al ratificar su presencia en ese acto en un mensaje que publicó en sus redes sociales, consideró que el pueblo argentino “está siendo sometido a un sufrimiento inútil”, por parte del gobierno del presidente Javier Milei.
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Más de 8.000 personas participaron de la propuesta conjunta realizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. El paso siguiente será la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura para oficializar el nuevo nombre del puente peatonal que une el Parque Las Heras-Elisa con la ex Plaza Austria.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.