Dos procesos orales y públicos por crímenes de lesa humanidad que tienen como acusados a exmiembros del Poder Judicial que actuaron en jurisdicciones del sur del país durante el terrorismo de Estado están elevados y próximos a comenzar este año en los tribunales federales de Neuquén y Bahía Blanca.
Argentina08 de enero de 2023
Sures Noticias
En Neuquén, un tribunal integrado por los magistrados Simón Bracco, Luis Foglia y Alejandro Silva estará a cargo del juicio de una causa de lesa humanidad que tiene como imputados al exjuez Pedro Duarte y al exfiscal Víctor Ortiz por delitos cometidos entre 1976 y 1983 denunciados por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la Patagonia.
En tanto que, en Bahía Blanca, el Juzgado Federal N°1 elevó a juicio oral el pasado 21 de diciembre la causa contra el excamarista Néstor Luis Montezanti, acusado por haber pertenecido a la organización paraestatal Triple A con actuación en esa ciudad, donde se le atribuye a la organización la comisión de 24 homicidios entre 1974 y 1975.
Se espera que, en febrero, en Neuquén se desarrolle la audiencia de prueba para luego poner fecha de inicio del debate al que los exmagistrados federales llegan acusados de "omisión de promover la persecución penal, participación en privaciones ilegítimas de la libertad y prevaricato" en más de 25 hechos.
Luego de que en la provincia se hayan concretado desde 2008 siete juicios por crímenes de lesa humanidad con condenas a responsables del ámbito militar e integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, este será el primer juicio que se seguirá a exmiembros del Poder Judicial.
"No importa tanto si son uno, dos o 30 los acusados. Lo que importa es la trama que se vislumbra detrás del aparato del Poder Judicial y del comportamiento que tuvo durante la dictadura, ya sea por participación directa u omisión", sostuvo en diálogo con Télam el abogado Marcelo Medrano, que representa a la querella que lleva la APDH de Neuquén en este caso.
El abogado enfatizó que los exmagistrados "estaban ahí", en referencia a los juzgados durante la última dictadura, para "mirar a otro lado", y consideró que comprender esto resulta "sustancial" para "entender el plan sistemático de parte del Poder Judicial".
En este sentido, el caso de Duarte cuenta con la particularidad de que es "el único caso en el país" -remarcó Medrano- en que un auditor del Ejército fue designado como juez federal.
"Con Duarte se da la paradoja de que, previo a asumir como juez federal en 1976, fue auditor del Ejército, o sea, era nada más ni nada menos que el abogado de la plana mayor, el que asesora a los que mandan, un contralor legal de la cúpula de los batallones", insistió Medrano.
También señaló las dilaciones provocadas por el exjuez durante estos diez porque, con un gran despliegue de recursos y apelaciones, "recusó todo lo que pudo" -al juez instructor varias veces- y "hasta se tomó seis meses para efectuar su indagatoria, algo que habitualmente se hace en seis horas".
Sin embargo, Medrano es optimista: "Luego de años de mucho trabajo donde pudimos hacer una gran recolección de prueba, tenemos un caso sólido con testimonios de mucho peso como los de la Madre de Plaza de Mayo Inés Ragni; la histórica referente de la APDH Noemí Labrune y los de dos abogados que intervinieron en la época que brindaron testimonios impresionantes".
Por su parte, en la causa que se investiga en Bahía Blanca, Montezanti está imputado como coautor de los delitos de asociación ilícita -por su vinculación con los máximos exponentes de la Triple A-, y de intimidación pública perpetrada en agosto de 1974 durante la toma armada de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
En 1975, tres miembros de la Triple A asesinaron al estudiante David Hover Cilleruelo en la Universidad Nacional del Sur (UNS), y Montezanti fue el "abogado de confianza" de uno de los acusados.
"En medio de archivos perdidos encontramos dos causas penales provinciales donde el abogado de confianza de dos líderes de la patota de la Triple A era Montezanti", señaló a esta agencia el fiscal de la causa, Miguel Palazzani.
"No se puede soslayar que este hombre era personal civil de inteligencia presentado, nada más y nada menos, por el exgeneral Carlos Guillermo Suárez Mason y por el oficial del Batallón 601 José Osvaldo Ribeiro", subrayó.
Montezanti "tenía su peso" en la región y al momento de los hechos era abogado y personal civil de inteligencia de la SIDE.
Luego, se desempeñó como profesor de derecho y por muchos años integró y presidió hasta 2016 la Cámara Federal de Apelaciones bahiense.
El letrado explicó que cuando se trata de exmagistrados, los tipos de defensas y los planteos que se hacen para "dilatar los tiempos procesales son distintos que los que hacen otro tipo de imputados e involucra un trabajo distinto de prueba".
"En las dos jurisdicciones donde tenemos imputados jueces o fiscales de la última dictadura, sus causas no han tenido la fluidez que tuvieron las causas con los militares, con la 'mano de obra'", expresó Palazzani.
Sobre el rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, el fiscal opinó que "fue constitutivo del mismo proceso" y que "no pudieron haber habido 540 centros clandestinos, denuncias en todo el país, desapariciones si el Poder Judicial hubiera estado activo".
"No se podría haber desarrollado el terrorismo de Estado tal como se dio y se impuso sin la complicidad del Poder Judicial", sostuvo y lamentó que no se hayan conseguido "tantas condenas como tanta complicidad ha habido".
Y reflexionó: ""Estamos hablando del Poder Judicial, que es el primer auxilio que tiene cualquier ciudadano. Te desaparecen a un ser querido y ¿adónde vas ir?".
Asimismo, Palazzani advirtió que "no se puede mirar el fenómeno de forma sesgada o segmentada" ya que "si uno tomara como delito de lesa humanidad sólo el de secuestro y tortura, pierde de vista el proceso que es muchísimo más complejo, todo lo que se tuvo de dar antes y que rodeó el fenómeno criminal".
Remarcó que el ataque generalizado y sistematizado contra un sector de la población civil -que siempre fue el mismo- empezó antes del golpe de Estado del '76.
"El 24 de marzo de 1976 no es un corte, es un puente, donde lo que hubo fue un cambio de modalidad: mientras la operatoria de la Triple A era exponer los cuerpos, cuando empezó la dictadura el modus operandi fue esconderlos", completó.
La protesta en la Avenida 9 de Julio se llevó a cabo en el contexto de las manifestaciones que exigen mejoras en los salarios y en el presupuesto del hospital Garrahan. Este domingo, los trabajadores del hospital llevaron a cabo una nueva acción de fuerza.
Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.
Fue gracias a un acuerdo de conciliación calificado por las partes como una "salida superadora". El caso se inició en noviembre de 2023 con una inspección fiscalizadora en una finca de la localidad de Joaquín V. González, donde una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte. Ninguno tenía ropa ni herramientas adecuadas, dormían hacinados en una casilla y parte del pago, les era descontado en concepto de alimentos.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.
Se llevó a cabo la presentación de la iniciativa local #PardonAssange, con la participación de líderes políticos, sindicales y defensores de derechos humanos, con el objetivo de aliviar las cargas legales que, a pesar de su liberación, aún afectan al fundador de WikiLeaks.
La organización denunció penalmente a las máximas autoridades de la SIDE por abuso de autoridad. El Plan de Inteligencia Nacional y la orden secreta que se conocieron días atrás son contrarios a la ley.
La provincia marca un hito al retornar, imitando al gobierno de Milei, a los mercados internacionales tras ocho años, pero especialistas cuestionan el timing y el costo de una estrategia que hipoteca el futuro. El endeudamiento sera para pagar deuda con vencimiento este 2027 y un concepto genérico "fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones".
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La funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires está acusada de vandalizar la casa de José Luis Espert. “Está presa por mujer y peronista”, aseveraron en un comunicado firmado por legisladores de Unión por la Patria.
Una familia de cinco palestinos vivió una experiencia traumática al intentar ingresar a Argentina, en medio de un contexto migratorio tenso influenciado por el alineamiento del gobierno autoritario de Javier Milei con Estados Unidos e Israel.
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La Red por los Derechos Humanos en contextos de encierro, junto al Museo de Antropologías, junto a IDACOR, CONICET y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, organiza una jornada de debate el 15 de julio de 2025 a las 18 hs en el Museo de Antropologías, para reflexionar sobre los derechos humanos desde las ciencias sociales.
El mensaje contenía una amenaza de muerte hacia a la funcionaria nacional y fue remitido el 19 de diciembre de 2024 por el Messenger de la red Facebook. La fiscalía identificó a un vecino de Orán como el supuesto autor del acto intimidatorio, realizado en un contexto de reclamo por la muerte de un trabajador de frontera en Aguas Blancas a manos de un disparo de escopeta tras un incidente registrado con efectivos de Gendarmería Nacional cuya responsabilidad política es de Bullrich.