En Neuquén, un tribunal integrado por los magistrados Simón Bracco, Luis Foglia y Alejandro Silva estará a cargo del juicio de una causa de lesa humanidad que tiene como imputados al exjuez Pedro Duarte y al exfiscal Víctor Ortiz por delitos cometidos entre 1976 y 1983 denunciados por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la Patagonia.

En tanto que, en Bahía Blanca, el Juzgado Federal N°1 elevó a juicio oral el pasado 21 de diciembre la causa contra el excamarista Néstor Luis Montezanti, acusado por haber pertenecido a la organización paraestatal Triple A con actuación en esa ciudad, donde se le atribuye a la organización la comisión de 24 homicidios entre 1974 y 1975.

Se espera que, en febrero, en Neuquén se desarrolle la audiencia de prueba para luego poner fecha de inicio del debate al que los exmagistrados federales llegan acusados de "omisión de promover la persecución penal, participación en privaciones ilegítimas de la libertad y prevaricato" en más de 25 hechos.

Luego de que en la provincia se hayan concretado desde 2008 siete juicios por crímenes de lesa humanidad con condenas a responsables del ámbito militar e integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, este será el primer juicio que se seguirá a exmiembros del Poder Judicial.

"No importa tanto si son uno, dos o 30 los acusados. Lo que importa es la trama que se vislumbra detrás del aparato del Poder Judicial y del comportamiento que tuvo durante la dictadura, ya sea por participación directa u omisión", sostuvo en diálogo con Télam el abogado Marcelo Medrano, que representa a la querella que lleva la APDH de Neuquén en este caso.

El abogado enfatizó que los exmagistrados "estaban ahí", en referencia a los juzgados durante la última dictadura, para "mirar a otro lado", y consideró que comprender esto resulta "sustancial" para "entender el plan sistemático de parte del Poder Judicial".

En este sentido, el caso de Duarte cuenta con la particularidad de que es "el único caso en el país" -remarcó Medrano- en que un auditor del Ejército fue designado como juez federal.

"Con Duarte se da la paradoja de que, previo a asumir como juez federal en 1976, fue auditor del Ejército, o sea, era nada más ni nada menos que el abogado de la plana mayor, el que asesora a los que mandan, un contralor legal de la cúpula de los batallones", insistió Medrano.

También señaló las dilaciones provocadas por el exjuez durante estos diez porque, con un gran despliegue de recursos y apelaciones, "recusó todo lo que pudo" -al juez instructor varias veces- y "hasta se tomó seis meses para efectuar su indagatoria, algo que habitualmente se hace en seis horas".

Sin embargo, Medrano es optimista: "Luego de años de mucho trabajo donde pudimos hacer una gran recolección de prueba, tenemos un caso sólido con testimonios de mucho peso como los de la Madre de Plaza de Mayo Inés Ragni; la histórica referente de la APDH Noemí Labrune y los de dos abogados que intervinieron en la época que brindaron testimonios impresionantes".

Por su parte, en la causa que se investiga en Bahía Blanca, Montezanti está imputado como coautor de los delitos de asociación ilícita -por su vinculación con los máximos exponentes de la Triple A-, y de intimidación pública perpetrada en agosto de 1974 durante la toma armada de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En 1975, tres miembros de la Triple A asesinaron al estudiante David Hover Cilleruelo en la Universidad Nacional del Sur (UNS), y Montezanti fue el "abogado de confianza" de uno de los acusados.

"En medio de archivos perdidos encontramos dos causas penales provinciales donde el abogado de confianza de dos líderes de la patota de la Triple A era Montezanti", señaló a esta agencia el fiscal de la causa, Miguel Palazzani.

"No se puede soslayar que este hombre era personal civil de inteligencia presentado, nada más y nada menos, por el exgeneral Carlos Guillermo Suárez Mason y por el oficial del Batallón 601 José Osvaldo Ribeiro", subrayó.

Montezanti "tenía su peso" en la región y al momento de los hechos era abogado y personal civil de inteligencia de la SIDE.

Luego, se desempeñó como profesor de derecho y por muchos años integró y presidió hasta 2016 la Cámara Federal de Apelaciones bahiense.

El letrado explicó que cuando se trata de exmagistrados, los tipos de defensas y los planteos que se hacen para "dilatar los tiempos procesales son distintos que los que hacen otro tipo de imputados e involucra un trabajo distinto de prueba".

"En las dos jurisdicciones donde tenemos imputados jueces o fiscales de la última dictadura, sus causas no han tenido la fluidez que tuvieron las causas con los militares, con la 'mano de obra'", expresó Palazzani.

Sobre el rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, el fiscal opinó que "fue constitutivo del mismo proceso" y que "no pudieron haber habido 540 centros clandestinos, denuncias en todo el país, desapariciones si el Poder Judicial hubiera estado activo".

"No se podría haber desarrollado el terrorismo de Estado tal como se dio y se impuso sin la complicidad del Poder Judicial", sostuvo y lamentó que no se hayan conseguido "tantas condenas como tanta complicidad ha habido".

Y reflexionó: ""Estamos hablando del Poder Judicial, que es el primer auxilio que tiene cualquier ciudadano. Te desaparecen a un ser querido y ¿adónde vas ir?".

Asimismo, Palazzani advirtió que "no se puede mirar el fenómeno de forma sesgada o segmentada" ya que "si uno tomara como delito de lesa humanidad sólo el de secuestro y tortura, pierde de vista el proceso que es muchísimo más complejo, todo lo que se tuvo de dar antes y que rodeó el fenómeno criminal".

Remarcó que el ataque generalizado y sistematizado contra un sector de la población civil -que siempre fue el mismo- empezó antes del golpe de Estado del '76.

"El 24 de marzo de 1976 no es un corte, es un puente, donde lo que hubo fue un cambio de modalidad: mientras la operatoria de la Triple A era exponer los cuerpos, cuando empezó la dictadura el modus operandi fue esconderlos", completó.