La Asociación de Abogados por la Justicia Social (AJUS) La Plata, Berisso y Ensenada denunció ante la Relatoría Especial sobre Independencia Judicial de Naciones Unidas a los cuatro integrantes de la Corte Suprema por supuesta falta de "independencia e imparcialidad"
Argentina27 de julio de 2022
Sures Noticias
La presentación se hizo ante la "Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y los Abogados" y se dirigió "contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", se informó hoy en un comunicado.
Los hechos denunciados ponen "al descubierto las graves intromisiones e irregularidades efectuadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el dictado del fallo 'Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires', conformando un Consejo de la Magistratura 'a la carta', poniendo en riesgo el estado de derecho y al propio sistema democrático de la República Argentina", sostuvo la presentación.
Los denunciantes aludieron al fallo que declaró inconstitucional la reforma del organismo que selecciona y sanciona a los jueces y administra los fondos del Poder Judicial argentino.
"La sentencia se inscribe en un sendero de deslegitimación y debilitamiento en la calidad institucional de la Corte Suprema que se iniciara en 2015 con la designación de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes aceptaron ser designados en forma inconstitucional por el expresidente Mauricio Macri, actuando en franca regresión con los estándares de derechos humanos y en manifiesto conflicto de intereses", agregó el comunicado sobre la presentación.
La Corte "usurpó" funciones, advirtieron los denunciantes y pidieron que "se incluya a la Argentina en el informe anual que presentará ese Relator Especial al Consejo de Derechos Humanos, realizando un análisis completo, reflejando la complejidad que posee la manipulación del Sistema Judicial, que ha creado una “Justicia a la carta”".
En la denuncia que fue acompañada por organismos de derechos humanos, la AJUS pidió al relator de Independencia de la ONU Diego García Sayán que "realice un llamamiento urgente al gobierno a fin de que tome acciones respecto de la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
La denuncia se radicó el viernes último ante el organismo internacional a fin de que " se requieran medidas para favorecer la independencia e imparcialidad en la conformación del Consejo de la Magistratura específicamente en cuanto a que se encuentre entre sus miembros un juez de la Corte Suprema, y que se le remita al Estado argentino informes y disposiciones internacionales"
En forma puntual se aludió a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26080 de reforma de ese organismo, dictada por la Corte, lo que abrió la puerta a la vuelta a la conformación anterior de 20 miembros y a que quede presidido por el actual titular del máximo tribunal argentino, Horacio Rosatti.
"Se le vuelve a dar asiento al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la presidencia del Consejo de la Magistratura", se advirtió.
Además se denunció que se trató de una sentencia de la Corte "para otorgarse privilegios, manipular el sistema judicial, en regresión a los estándares de independencia e imparcialidad" y con "abuso de poder"
"En otras palabras, es una sentencia dictada por los mismos magistrados que se ven beneficiados por el fallo que emiten", sostuvo la presentación en alusión a los miembros de la Corte Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz
La sentencia "vulnera la independencia de la justicia y configura un retroceso en materia de imparcialidad que afecta a todo el sistema jurídico argentino"
Además es "una sentencia en la cual los jueces de la Corte Suprema debieron excusarse, y que ha vulnerado también los antecedentes que el máximo tribunal ha desarrollado en los últimos años, respecto de la constitucionalidad de la ley 26.080".
El planteo ante la ONU contó con la adhesión de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza De Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, entre otros organismos de derechos humanos.
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El dato se desprende de las 343 sentencias dictadas hasta hoy, desde el reinicio de los juicios en 2006. Un año antes la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En la actualidad hay 14 juicios en curso y casi 400 procesados. Las personas privadas de la libertad son 612 y casi 500 permanecen en arresto domiciliario.
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