Ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner remarcó que el Estado debe recuperar "el control y la auditoría de las políticas sociales", definición en línea con una reciente campaña del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que recuerda a los destinatarios de programas sociales que tienen el derecho a recibir la totalidad de la prestación. "El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, es trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que nos den el alta y la baja", agregó Fernández de Kirchner.
Argentina21 de junio de 2022
Sures Noticias
Incluido el presidente Alberto Fernández expresó hoy un fuerte respaldo a las organizaciones sociales, valoró y agradeció su trabajo en la "contención" de los sectores más vulnerables durante la etapa más crítica de la pandemia de coronavirus y defendió su compromiso ético en la gestión de los recursos, en sociedad con el Estado.
"Han trabajado denodadamente para que la Argentina no explote", afirmó el jefe de Estado al referirse a las organizaciones sociales, en un discurso que pronunció en el Museo del Bicentenario, donde lanzó el III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.
Recordó que, cuando llegó al Gobierno, "la verdadera discusión era cuánto tiempo iba a pasar para que haya un estallido social o el primer saqueo".
"Nada de eso pasó, en gran medida porque las organizaciones sociales estuvieron al lado de los más necesitados. No se llevaron la plata de los vulnerables, los acompañaron, los alimentaron, se asociaron al Estado en la gestión de todo eso; no saben todo lo que hicieron por los derechos humanos", reflexionó.
Fernández insistió con que los movimientos estuvieron junto al Gobierno "ayudando a contener a los sectores vulnerables, llevando solidaridad y compromiso donde no existía".
"Quiero agradecérselos, aun cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos", advirtió y agregó: "Lo que no es bueno es generalizar; no esperen que yo generalice. Mi eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones".
Hoy, dirigentes de los movimientos sociales que integran el FdT consideraron que "existe una matriz ideológica antigua que no comprende" el trabajo que cumplen en la actualidad estas agrupaciones y negaron que exista "una tercerización" de parte del Estado en relación a la administración de los planes que perciben los trabajadores desocupados.
De esta forma, los referentes de estos sectores se refirieron a los conceptos formulados por la vicepresidenta y plantearon: "En términos de políticas sociales, el discurso de Cristina marcó aspectos en los que podemos coincidir, como la universalización, pero creemos que le erró al enfoque porque tiene diferencias con algunas organizaciones sociales".
"Me dolió la estigmatización que hizo de los movimientos sociales ", señaló el referente de Barrios de Pie Somos y subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, en declaraciones a AM 750.
En tanto, Esteban 'Gringo' Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), opinó que "hay una matriz de pensamiento que quiere recuperar el pleno empleo, el trabajo bajo patrón con todos los derechos a los cuales adscribimos muchos, Cristina y yo también".
En este contexto, el Presidente pidió a la dirigencia del Frente de Todos: "Les pido que no cedamos. Sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y que estemos muy unidos".
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, ratificó que "todos están de acuerdo en que los planes sociales deben transformarse en trabajo" formal en el seno del Gobierno, en una entrevista que concedió a El Destape Radio.
También, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois señaló a través de la red social Twitter que "la economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos".
Por su parte, en declaraciones a Radio con Vos, Esteban "Gringo" Castro recordó que en los años '90 hubo "un Estado ausente que empezó a privatizar las empresas, echar a trabajadores, a concentrar la economía" y recordó que "muchos de los que quedaron a la intemperie empezaron a organizar actividades laborales en los barrios".
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Daniel Vera, docente jubilado de 64 años de Resistencia, Chaco, cumple seis meses bajo arresto domiciliario por publicaciones en Facebook que denunciaban el conflicto en Gaza y criticaban a figuras públicas como el presidente Javier Milei. La Justicia Federal, a cargo del juez Ariel Lijo, lo acusa de amenazas y apología al antisemitismo, pese a que la pena máxima es excarcelable y sus defensores denuncian persecución política.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.