El comunicado, firmado por el ministro Accastello, fue dirigido el día miércoles 13 de abril, al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. El pedido se debe a la notificación que recibieron recientemente industrias radicadas en la Provincia de Córdoba por parte de sus distribuidores mayoristas respecto de la imposibilidad de dar curso a los suministros de volúmenes de gas natural.
Córdoba16 de abril de 2022
Sures Noticias
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Gabinete Productivo, solicitó una reunión de carácter urgente a la Secretaría de Energía de la Nación por la notificación que recibieron recientemente industrias radicadas en la Provincia de Córdoba por parte de sus distribuidores mayoristas respecto de la imposibilidad de dar curso a los suministros de volúmenes de gas natural acordados en oferta, entre otras restricciones que se les anunciaron.
La solicitud, enviada el día 13 de abril, fue firmada por el titular de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, y dirigida al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.
La nota, expresa que la medida recientemente notificada a dichas empresas es de cumplimiento inmediato, impidiéndoles cualquier tipo de reprogramación operativa y provocando innumerables perjuicios por la falta de un recurso energético que resulta estratégico para el normal funcionamiento de las industrias.
En ese sentido, Accastello informa que en el Ministerio de Industria, Comercio y Minería han receptado múltiples inquietudes de parte de industrias que pertenecen al entramado productivo cordobés que han recibido las notificaciones de referencia.
Trabajo articulado
Las carteras que integran el Gabinete Productivo, se encuentran en permanente contacto con la Unión Industrial de Córdoba y todas las economías regionales de la provincia. Del mismo modo que se trabaja de forma mancomunada con los intendentes maniceros desde el 2020 para intentar bajar las retenciones.
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La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.