26 años de cordobesismo, neoliberalismo y alejamiento de las banderas peronistas

1. El punto de partida: dictadura, destrucción del tejido obrero y reorientación económica

La dictadura cívico-militar de 1976 golpeó a Córdoba con particular saña. Una provincia con alta densidad industrial, tradición combativa y un movimiento obrero de los más organizados del país fue blanco prioritario del terrorismo de Estado. Se destruyeron dirigencias, se desmanteló la organización popular y se abrió el camino para una reorientación económica profunda.

Lo que vino después no fue sólo consecuencia de la dictadura: fue una elección política de quienes condujeron el peronismo local en democracia. En lugar de disputar la reestructuración capitalista, la abrazaron como programa. Eso es lo que explica los 26 años siguientes.

2. La Fundación Mediterránea: no una influencia, una pertenencia

La Fundación Mediterránea nació en 1977, en plena dictadura, creada por empresarios cordobeses con un objetivo claro: producir cuadros técnicos liberales y condicionar el rumbo del Estado. Desde allí, Domingo Cavallo diseñó los programas que después aplicaría como ministro: convertibilidad, privatizaciones, flexibilización laboral. El vínculo entre esa usina y el peronismo cordobés no fue de influencia externa: fue de pertenencia.

José Manuel De la Sota recibió asesoramiento de Cavallo desde 1983 y fue el vehículo para que llegara al Congreso como diputado del PJ. Juan Schiaretti fue gerente de la propia Fundación. No puede decirse que el peronismo cordobés “fue influido” por el neoliberalismo: sus principales dirigentes fueron parte activa de su construcción.

La prueba más concreta de esta relación es un dato simple: el brazo técnico de la Fundación Mediterránea, el mismo que diseñó los programas del ajuste, puso a su presidente como ministro de Finanzas de la provincia durante el gobierno de Schiaretti. No es una metáfora del poder: es la estructura del poder.

3. De la Sota y Schiaretti: un peronismo que abandonó al trabajo

Ambos dirigentes construyeron un modelo que abandonó la centralidad del trabajo, la industria y la justicia social como eje de la gestión, y lo sustituyeron por la inserción en circuitos económicos globalizados. Córdoba se reorientó en torno a cinco mercados que definen quiénes ganan y quiénes quedan afuera:

• El agronegocio exportador: soja, maíz, carne. La Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio como actores políticos de primera línea.

• La energía como commodity: inversión en infraestructura orientada a la exportación, no al consumo popular.

• Los polos tecnológicos: empleo sin sindicalización, precarización moderna con packaging de modernidad.

• El mercado financiero e inmobiliario: especulación y acumulación de capital como motores del crecimiento.

• La flexibilización laboral: políticas para abaratar costos y debilitar la capacidad de negociación del trabajo.

El propio Schiaretti sintetizó este modelo ante la Fundación Mediterránea: “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”. No es doctrina peronista. Es gestión empresarial del Estado.

4. El costo social: lo que el “modelo cordobés” no menciona

El cordobesismo construyó una narrativa de eficiencia y progreso que contrasta brutalmente con lo que vive la mayoría de los cordobeses. La provincia que se precia de ser el corazón productivo del país tiene más pobres que el conurbano bonaerense. Eso no es mala suerte: es la consecuencia de dónde fue la riqueza que se produjo.

Más de la mitad de los trabajadores cordobeses está en la informalidad. De cada diez personas que trabajan, cinco lo hacen sin derechos, sin aportes, sin acceso a obra social ni a una jubilación digna. Córdoba lidera ese indicador a nivel nacional. No como consecuencia del ajuste Milei, sino como sedimentación de décadas de política laboral orientada a reducir el costo del trabajo.

En los últimos dos años desaparecieron cerca de cuatro mil empresas en la provincia. Cinco por día. Once mil empleos privados perdidos. La desocupación se fue al 8%. El propio gobierno provincial reconoció públicamente que hay un proceso de desindustrialización golpeando sector por sector. La narrativa del progreso choca con esa realidad y se quiebra.

El ajuste de Milei agravó todo esto, sin duda. Pero cayó sobre un piso de precariedad estructural que fue construido durante 26 años. Esa es la responsabilidad política que no puede transferirse.

5. La política convertida en marketing: Schiaretti, Seita y el control del relato

Tras la muerte de De la Sota, Schiaretti no solo gobernó: administró percepciones. El consultor Guillermo Seita —quién había trabajado con Cavallo en la Cancillería y el Ministerio de Economía, cerrando así el círculo ideológico— se convirtió en el arquitecto de la imagen gubernamental. Sus empresas facturaron decenas de millones de pesos del Estado provincial. Las productoras y consultoras ligadas a él fueron las grandes beneficiarias de la pauta oficial.

Los medios más grandes de la provincia —los que llegan a la mayoría de los cordobeses— fueron sostenidos con pauta estatal y articularon durante años una narrativa que ocultaba la pobreza, naturalizaba la precariedad y presentaba el modelo como éxito de gestión. No se trata de comprar silencio puntual: se trata de construir hegemonía sistemática. Gobernar 26 años requiere no solo ganar elecciones sino administrar lo que la gente cree que es verdad.

El slogan “las obras y el progreso” fue el relato que desplazó del debate las preguntas incómodas: ¿progreso para quién? ¿obras que benefician a qué sectores? ¿cómo se distribuyó la riqueza generada?  

6. La Cámpora organizaciones afines y la fragmentación del campo popular

El kirchnerismo en Córdoba nunca logró construir una alternativa real. La Cámpora tuvo presencia en el Estado provincial pero no articuló un proyecto político autónomo que disputara la hegemonía. Los intentos de cohesión del campo nacional y popular fueron sistemáticamente desarmados: el cordobesismo absorbió a los que pudo absorber y aisló a los que no. La fragmentación no fue un accidente: fue una condición de posibilidad del poder cordobesista. Un campo popular unido hubiera sido un problema; desarticulado, fue funcional al modelo.

7. La cooptación como método: el frente Llaryora-Passerini

El cordobesismo no solo gana elecciones: fabrica el escenario en el que las elecciones se juegan. Uno de sus mecanismos más eficaces es la cooptación de dirigentes de otros espacios, no por afinidad doctrinaria sino por participación en el modelo de poder. El resultado es un frente que se presenta como plural pero que tiene un único centro de gravedad.

Los casos son concretos. Myrian Prunotto llegó a la UCR con una trayectoria propia y terminó siendo vicegobernadora del cordobesismo. Javier Pretto construyó su perfil en el PRO y hoy es viceintendente de Passerini. Nicolás Quinteros, referente de Encuentro Vecinal —un espacio que se definía por su distancia del poder tradicional— fue incorporado a la estructura de gobierno. En los tres casos el mecanismo fue el mismo: oferta de participación institucional a cambio de neutralización política. Los que podrían haber articulado oposición desde sus propios espacios pasaron a ser parte del sistema que criticaban.

El campo nacional y popular no fue ajeno a esta dinámica, a través de una experiencia de construcción de un frente electoral denominado: Frente Vamos Soberano, en las elecciones a gobernador del año 2023, dejó una enseñanza que vale registrar. En el momento de construcción del frente, allegados a la municipalidad de la capital, se acercaron presentándose como militantes desencantados con el peronismo cordobés, dispuestos a sumarse a una alternativa. Con el tiempo, se pudo saber que ellos fungían como informantes al servicio del cordobesismo.

Este método tiene un efecto doble: agranda el frente gobernante y achica el campo opositor. Cada dirigente cooptado se lleva parte de su base, fragmenta a quienes quedan y le cierra al electorado alternativo la posibilidad de encontrar referentes por fuera del cordobesismo.

8. La Bolsa, la Rural y el ladrillo: quiénes sostienen el modelo

Detrás del cordobesismo hay actores económicos concretos que se benefician y que lo sostienen. La Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural operan como actores políticos de primera línea, no como entidades técnicas. El sector inmobiliario y de la construcción fue históricamente beneficiario directo de la inversión pública, mientras el Estado se retiraba de garantizar el acceso popular a la vivienda. La acumulación de unos y la exclusión de otros no es un efecto secundario del modelo: es su lógica central.

9. El cordobesismo frente a Milei: la última prueba

La llegada de Milei planteó la pregunta definitiva: ¿un gobierno que dice ser peronista puede acompañar sin resistencia un programa de ajuste brutal sobre los sectores populares? La respuesta del cordobesismo fue los hechos: priorizó su relación con el poder nacional por sobre cualquier defensa activa de los que más sufren. Con cuatro mil empresas cerradas, desocupación creciente y salarios destrozados, la alineación del gobierno provincial con el ajuste no fue omisión involuntaria. Fue posicionamiento.

10. La contradicción central: peronismo de nombre, neoliberalismo de hecho, popularmente caracterizados como “pejotismo”.

El peronismo cordobés gobierna hace 26 años bajo una bandera histórica aplicando un programa que la contradice punto por punto. La justicia social no convive con ser la provincia de mayor informalidad laboral del país. La soberanía económica no puede proclamarse desde un gobierno cuya política económica fue diseñada por la usina empresarial que creó la convertibilidad. El trabajo digno no puede ser bandera de un modelo que precarizó a más de la mitad de su fuerza laboral.

No es una contradicción accidental ni un desvío coyuntural: es el resultado de decisiones políticas sostenidas durante más de dos décadas.

11. Córdoba vista desde Buenos Aires: el diagnóstico equivocado

Desde el peronismo nacional se tiende a leer Córdoba como un electorado estructuralmente conservador, casi como si el voto al cordobesismo expresara una identidad política liberal enraizada. Esa lectura es un error que tiene consecuencias: si el problema es cultural, no hay nada que disputar. Pero la hegemonía cordobesista no es expresión de consenso genuino. Es el resultado del control mediático sistemático, la cooptación de dirigentes alternativos, la fragmentación deliberada del campo popular y una capacidad de gestión de la imagen que operó sin pausa durante más de dos décadas. Hay malestar en Córdoba. Lo que falta es quien lo organice.

12. El caso Agostina Vega: la crisis institucional al desnudo

El femicidio de Agostina Vega, de 14 años, sacudió a Córdoba y expuso ante todo el país lo que el relato del “modelo” ocultaba. Lo que se sabe es esto: el hombre imputado por su asesinato era empleado municipal, incorporado por gestión de un concejal del mismo partido que gobierna la ciudad, quien además lo había defendido legalmente en una causa anterior. Estaba en las listas de pase a planta permanente cuando lo detuvieron. El municipio admitió que nunca se enteró de que ese empleado había estado detenido el año anterior y había faltado veinte días al trabajo.

El intendente Passerini reconoció públicamente que “el sistema de controles falló” y pidió renuncias. La oposición impulsó jury contra fiscales. Las organizaciones feministas reclamaron la salida del fiscal y del ministro de Seguridad por no haber activado los protocolos ante la desaparición.

Pero más allá del caso en sí, lo que quedó expuesto no fue una falla del sistema: fue el sistema mismo. El empleo público como moneda de lealtad partidaria, el Poder Judicial como territorio de disputa política, la ausencia de controles institucionales reales. Esas dinámicas no nacieron con este caso: llevan 26 años consolidándose. El femicidio de Agostina las puso bajo la luz.

13. Lo que viene: la necesidad de una alternativa con raíces doctrinarias

El cordobesismo construyó una hegemonía sólida. Ganó elecciones, gestionó con eficacia relativa, modernizó partes de la provincia. Pero lo hizo sacrificando lo esencial: la justicia social, el trabajo digno, la soberanía económica. Los números lo dicen sin eufemismos: la provincia con mayor informalidad laboral del país, con pobreza por encima de la media nacional, con miles de empresas cerrando y una crisis institucional que el femicidio de Agostina dejó a la vista de todos.

La hegemonía cordobesista no es eterna ni inevitable. Es el resultado de condiciones políticas concretas que pueden disputarse. Para eso, el campo nacional y popular en Córdoba necesita dejar de ser un conjunto de fracciones que compiten entre sí y construir una alternativa real: con justicia social como programa, con el trabajo como eje organizador, con un Estado que vuelva a estar al servicio de los que menos tienen. No como retórica de campaña. Como proyecto de gobierno.