La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán procesó a cuatro empresarios de la firma José Minetti y Cía por su participación criminal en delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978. Los acusados eran parte de la empresa, que explotaba el ingenio La Fronterita, ubicado en el municipio de Famaillá, al sur de la provincia. En la causa interviene  la Oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal federal Pablo Camuña. 

Los procesados son Jorge Alberto Figueroa Minetti, administrador del ingenio y presidente del directorio; y Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, miembros del directorio de la firma Minetti. La Cámara Federal tucumana receptó de esta manera la acusación fiscal presentada en abril de 2018 y procesó a los acusados como partícipes necesarios de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso sexual, violación sexual y homicidio cometidos en contra de las 68 víctimas identificadas a lo largo de la investigación.

En diciembre de 2020 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión previa de la misma cámara tucumana que, con otra composición, había confirmado la falta de mérito dictada por el entonces juez federal Daniel Bejas. El fiscal Camuña y las querellas habían recurrido en queja a la casación y obtuvieron un nuevo fallo, cuyos lineamientos ahora siguió la Cámara Federal de Apelaciones con nueva integración.

Las 68 víctimas son trabajadores y trabajadoras del Ingenio La Fronterita, habitantes de sus colonias y vecinos de la zona, que estuvieron secuestrados en el centro clandestino de detención que funcionó en el inmueble de la propia fábrica azucarera. Varios de ellos y ellas formaban parte del sindicato del ingenio. La Cámara Federal adoptó este temperamento luego de encontrar acreditados los supuestos de la acusación fiscal, en particular los aportes de los empresarios al plan criminal desarrollado a partir de febrero de 1975, que -de acuerdo a lo explicado- implicó la puesta en práctica de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población del sur tucumano. 

Los jueces Juan Carlos Reynaga, Mario Rodolfo Leal y José Camilo Quiroga Uriburu señalaron que los empresarios que dirigieron el Ingenio La Fronterita cedieron una porción del inmueble para el montaje de un centro clandestino de detención, autorizaron al Ejército a circular libremente para realizar allanamientos de moradas y secuestros de personas, que luego fueron torturadas y asesinadas; aportaron vehículos para la ejecución de los secuestros y proveyeron información calificada respecto de trabajadores y pobladores del ingenio, en particular en relación a sus posiciones políticas y/o sindicales. 

En este marco se puso de resalto la desarticulación de la organización sindical de los obreros del ingenio, nucleados en FOTIA, ocasionada por la represión desatada al momento de los hechos. Finalmente, y en consonancia con la posición del Ministerio Público Fiscal, los camaristas remarcaron el valor primordial que tienen los testimonios de las víctimas y sus familiares en el marco de los procesos penales por delitos de lesa humanidad.

La resolución deja allanado el camino para la pronta elevación a juicio de la causa en lo que será el primer debate oral y público en el que se discuta la responsabilidad de sectores del empresariado local en la comisión de crímenes contra la humanidad en Tucumán.