La dirigente social Milagro Sala fue notificada hoy sobre una nueva imputación en su contra por aparente instigación a cometer delitos a vecinos del barrio capitalino Campo Verde que protestaron en marzo contra la decisión del Gobierno jujeño de construir un colegio secundario en un parque de la zona y que derivó en una represión policial contra los manifestantes, informaron fuentes vinculadas al caso. la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió información al Gobierno local por el operativo policial realizado.
Argentina11 de junio de 2021
Sures Noticias
Sala fue trasladada hoy en un móvil policial desde su domicilio en el barrio Cuyaya, de la capital provincial, donde cumple prisión domiciliaria hasta las instalaciones del Ministerio Público de la Acusación.
"A Milagro Sala la están vinculando a la causa del barrio Campo Verde como instigadora", confirmó a Télam Ariel Ruarte, uno de los abogados de la referente social, quien evaluó que "desde ningún punto de vista se puede considerar un delito la defensa de los vecinos sobre un predio del cual eran poseedores y permanecían de manera pacífica".
El 17 de marzo la policía de Jujuy lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de goma contra vecinos del barrio Campo Verde, en el marco de un operativo que involucró el infrecuente despliegue de 300 efectivos, que según se denunció ejercieron una "brutal represión" para el desalojo del predio.
El conflicto se originó a partir de la determinación del gobierno de Gerardo Morales de construir un establecimiento escolar de nivel secundario en el único espacio verde con el que cuentan los vecinos de la zona, quienes quieren preservar ese terreno para la "recreación de niños, jóvenes y adultos".
Esos hechos motivaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requiriera información al Gobierno local por el operativo policial realizado.
La comunicación fue firmada por el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, y la recibió la secretaria de DDHH de Jujuy, María Infante, requerimiento que no fue contestado.
Los vecinos denunciaron que el desalojo del predio se realizó "sin orden judicial, con personal policial no identificado y en horas de la madrugada" y advirtieron también que fueron detenidas personas "en forma arbitraria".
“Lo que pasó fue una manifestación pública, un encuentro de personas en contra de la decisión del Poder Ejecutivo, defendiendo el espacio como verdaderos poseedores, dentro de los límites de lo que indica la Constitución Nacional por lo tanto me parece que no hay delito ni siquiera de la gente que estaba ahí”, consideró Ruarte sobre la nueva causa contra Sala.
La investigación de esta nueva causa está cargo del fiscal, Carlos Gil Urquilola, quien lleva adelante las indagaciones sobre los hechos sucedidos en el barrio Campo Verde de la capital jujeña.
“Vincular a Milagro Sala a una actividad que no es delictiva para nada, es la muestra clara que todo esto está más ligado a una cuestión electoral que a una cuestión penal”, sostuvo.
Luego de su traslado al Ministerio Público Fiscal, la lideresa de la Tupac Amaru expresó: “Este es el circo de Gerardo Morales y de Rubén Rivarola (presidente del PJ en Jujuy)”.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.