Fueron acusados Jorge Eduardo Acosta y Alberto Eduardo González. La representación del MPFN indicó que los crímenes sucedieron tal como las tres mujeres los relataron ante tribunal y pidió que las penas se unificaran en la de prisión perpetua que los acusados vienen purgando. Estuvieron las fiscalas titulares de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad y de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres.
Argentina 28 de abril de 2021
Sures Noticias
El Ministerio Público Fiscal de la Nación pidió ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 la imposición de penas de 25 años para los ex miembros de la Armada Jorge Eduardo Acosta, alias “El Tigre”, y Alberto Eduardo González, “alias “Gato”, o “González Menotti”, en el debate en el cual se juzgan los hechos sufridos por tres mujeres durante el terrorismo de Estado: la privación de la libertad y tormentos sufridos por una de ellas y las agresiones sexuales contra todas las víctimas.
El fiscal federal Leonardo Filippini, titular de la Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, solicitó además que las penas requeridas se unifiquen en las de prisión perpetua que cada uno de los acusados ya purga en virtud de condenas anteriores. Por la UFI ESMA también intervino la auxiliar fiscal Marcela Obetko. Durante el alegato, estuvieron presentes la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos, y la fiscala federal a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozetta.
Ante el tribunal integrado por Adrian Grunberg (presidente) Adriana Paliotti y Daniel Obligado, la fiscalía señaló que el testimonio de las tres víctimas era dirimente, además de resultar consistente con el resto de las pruebas del juicio. Según la acusación del fiscal, “los crímenes ocurrieron tal como ellas los relataron ante el tribunal”.
Los delitos probados, además, dejaron expuesta una violencia específica de contenido sexual e impacto especial sobre las mujeres. Para la Unidad Fiscal, el ingreso al circuito represivo de la ESMA implicaba el sometimiento de las víctimas a agresiones sexuales de distinta intensidad que podían ser cometidas por guardias o por oficiales del grupo de tareas, incluso en espacios fuera del predio.
En efecto, muchas y muchos sobrevivientes dieron cuenta de la especificidad de estas violencias y sus testimonios también fueron valorados. Las agresiones no cesaban con los interrogatorios bajo tortura. Ir al baño o higienizarse en situación de total exposición era una situación de sometimiento, al igual que muchas otras humillaciones de contenido sexual. La fiscalía apuntó que estos ataques especialmente sobre las víctimas mujeres, fueron una nota persistente de ese CCD y formó parte del ataque generalizado probado desde el Juicio a las Juntas, en la denominada "Causa 13/85". Los crímenes se cometieron al amparo del dominio de los autores sobre víctimas vulneradas.
La Procuración General de la Nación ha fijado lineamientos para la intervención en este tipo de caso. Conforme a esos parámetros, no solo es autor responsable quien pone sus manos directamente sobre la víctima sino también “quien ejerza fuerza sobre ella, quien emita la orden de llevar adelante ese abuso sexual, quien sea responsable del funcionamiento del centro clandestino de detención donde se comete el crimen o todo aquel que realice un aporte cuya magnitud sea el motivo para afirmar su incidencia determinante en la configuración final del hecho”, según se indica en las Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de estado, protocolizadas mediante la Resolución PGN N° 557/12.
Esa resolución, guía del trabajo de la Unidad Fiscal, también especifica que "incluso respecto de delitos cometidos por los subordinados (…) en el marco de la clandestinidad e impunidad (…) los jerarcas (…) no sólo fueron responsables del funcionamiento general de los centros (…) donde los subordinados realizaron los abusos, sino que también decidieron el cautiverio (…) de las víctimas (…) las condiciones de detención y aseguraron la impunidad de sus autores. Comportamientos de tales características (…) permitirán fundar el efectivo control o el co-dominio (…) sobre (…) los crímenes sexuales”.
El juicio oral inició el 27 de octubre pasado. La investigación que arribó a esta etapa estuvo a cargo del entonces juez federal porteño Sergio Torres, con la intervención del fiscal federal Eduardo Taiano. El próximo 10 de mayo comenzarán sus alegatos las defensas.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó sobre la decisión de realizar una auditoría. Con ello, buscan identificar irregularidades en los procesos y consideran solicitar la devolución de fondos otorgados incorrectamente.
La causa judicial donde se investigan las presuntas torturas a soldados argentinos por parte de militares de su propia tropa, durante la guerra con Gran Bretaña de 1982, se encuentra actualmente “en manos” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En un comunicado con el título "Condenamos la reciente violencia contra el pueblo" El Frente por la Soberanía Nacional señala que el gobierno libertario ha atacado como en las mejores épocas de la dictadura a los trabajadores de prensa, movileros, fotógrafos, camarógrafos, quieren acallar las voces diferentes, las que se oponen a sus políticas de quita de derechos y desguace del Estado, a la par de una entrega vergonzosa de la soberanía de la patria.
El Instituto Biológico "Tomás Perón" produce un repelente diseñado para operaciones de intervención territorial en barrios con focos epidemiológicos reconocidos, como medida preventiva contra el mosquito Aedes aegypti. Aunque todavía no se comercializa, se anticipa un incremento progresivo en la producción para su distribución futura.
Los incrementos se aplicarán en tres etapas y los valores estarán condicionados por la variación del tipo de cambio. La Secretaría de Energía dio a conocer los nuevos cuadros tarifarios del servicio de gas natural por red en todo el país que implican aumentos promedio del 320%, con la novedad de la dolarización de los valores del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
En un comunicado la Federación de periodistas expresó: Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno nacional dejó en claro su hostilidad al trabajo de la prensa, con la suspensión de la Pauta Oficial, las limitaciones inéditas en la cobertura de actos oficiales, la intervención de los medios públicos y la represión a trabajadores de prensa durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.
Será tratado en una sesión especial de la Cámara baja que se celebrará el lunes 29 de abril a las 11. El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar en línea con el desguace del estado que propone Milei.
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.