Según se informó a través de un comunicado de prensa, la protesta tiene por objetivo "reclamar por tierra para vivir, vivienda y trabajo dignos" y sus organizadores plantearon que, tras un mes de finalizado el desalojo, los "volvieron a dejar en la calle".

"Somos familias trabajadoras que nos quedamos sin ingresos frente a la crisis económica que se profundizó con la pandemia, muchas mujeres sostén de familia", agregaron en el texto.

Los manifestantes se encontraban apostados sobre el puente desde las 6.30 de la mañana, lo que provocaba múltiples inconvenientes en el tránsito vehicular en esta vía, que conecta el barrio porteño de Constitución con el partido bonaerense de Avellaneda.

Entre las organizaciones convocantes se encuentra el Polo Obrero y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas.

“Desde el desalojo, hace 40 días, el Gobierno bonaerense no ofreció ni un metro de tierra a los vecinos desalojados, por eso mañana acompañaremos su reclamo”, afirmó el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

Una de las participantes de la manifestación, Juana, de 54 años, dijo a Télam que están reclamando "tierras para poder vivir ya que lo que nos ofrece la provincia, no nos alcanza y necesitamos, básicamente terrenos".

"Mis chicos tienen casa pero yo soy una mujer adulta y no voy a ir a vivir con ellos. Necesito que además de los 30 mil pesos que ofrecen las autoridades nos den un terreno para construir", dijo la mujer, que tiene 6 hijos mayores de edad.

El 29 de octubre pasado la justicia ordenó el desalojo de los terrenos de Guernica, donde alrededor de 100 hectáreas habían sido tomadas desde el mes de julio.

El operativo contó con 4000 efectivos policiales, se extendió por dos horas y culminó con alrededor de 30 detenidos.

En esa oportunidad, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que de no haberse producido el desalojo, la jurisdicción habría concurrido en "desacato" y puntualizó que el operativo se realizó "con todos los cuidados posibles para evitar heridos y situaciones de violencia".

El desalojo fue ordenado por el juez Martín Rizzo, quien había fijado como fecha límite el 30 de octubre, luego de prórrogas anteriores que habían sido acordadas con las autoridades provinciales para avanzar con el proceso de relocalización de las familias.