La Fiscalía Federal de Bahía Blanca, que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez el 30 de abril cuando se fue de la localidad de Pedro Luro, informó hoy que continuarán los rastrillajes, detalló las pericias y diligencias que se realizan y pidió analizar la posibilidad de que se ofrezca una recompensa para quienes aporten datos.
Argentina20 de julio de 2020
Sures Noticias
A través del sitio Fiscales.gob.ar se informó que en la fiscalía a cargo de Santiago Ulpiano Martínez se recibieron varias declaraciones testimoniales y que, a raíz de una brindada el 14 de julio último por una mujer, que se incorporó como reservada, "se encomendó a las fuerzas de seguridad que ampliaran las tareas investigativas en la zona de General Cerri, a 10 kilómetros al oeste de Bahía Blanca.
En tanto, personal la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en conjunto con la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina, recibió declaración de manera remota a otros testigos, también de manera reservada, mientras que la fiscalía informó que prevé continuar con la recepción de más declaraciones en los próximos días.
"El miércoles 15 de julio se llevaron a cabo los peritajes ordenados sobre el vehículo Chevrolet Corsa Classic, dominio FYK 677, y el móvil policial Toyota Hilux, orden 22.788, dominio PQH 491, los cuales consistieron en la inspección ocular, el levantamiento de muestras físicas (rastros) y biológicas (ADN, manchas hemáticas, etc.), fotos y filmación", informó el Ministerio Público Fiscal oficialmente.
Tras recibir el informe junto a las muestras levantadas de esos autos, el fiscal se solicitó a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina (PFA) que tomara muestras de ADN de la madre de Facundo, Cristina Castro Alaniz, para practicar el correspondiente cotejo, "tendiente a determinar si los rastros detectados pertenecen a Facundo Astudillo Castro".
Por otro lado, el fiscal ordenó también a la PFA "la realización de un peritaje respecto de los teléfonos secuestrados, utilizando la tecnología UFED -dispositivo forense de extracción de datos-, y posteriormente un análisis del contenido de relevancia para la investigación".
También, solicitó un peritaje sobre el libro de guardias de la comisaría de Mayor Buratovich con el fin de establecer si en las anotaciones del 30 de abril, cuando Facundo fue visto por última vez, existen enmiendas, raspaduras, borrones, faltantes de hojas o cualquier otro tipo de señal que permita suponer una alteración.
Además de los rastrillajes realizados la semana pasada, que no arrojaron resultados, la fiscalía pidió a la Delegación Viedma de la PFA y a Prefectura tareas de campo en Puerto Madryn, con el fin de determinar si Facundo se encuentra o fue visto en ese lugar, en base a testimonios incorporados a la causa.
Sobre los teléfonos analizados, la la PFA entregó el informe de los datos obtenido del celular de la ex pareja del joven, de donde surgió el usuario y la contraseña de la cuenta de Gmal de Facundo, a la que se podrá ingresar.
Por su parte, las empresas Facebook y Google LLC remitieron los informes solicitados, añade el comunicado de la fiscalía, en el que también se da a conocer que ya se cuenta con la información de la localización de los dos móviles policiales investigados.
El comunicado indica también que "se requirió al Sistema Federal Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación que informara si existe la posibilidad de ofrecer una recompensa a quienes aporten datos de relevancia en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro".
Por su parte, fuentes policiales informaron hoy que en las próximas horas se realizará la coordinación para determinar por dónde continuarán con las tareas de rastrillaje a cargo de las fuerzas federales de seguridad.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.