A través de una resolución interna, la cartera sanitaria entrerriana ordenó que Moyano deberá "cerrar su consultorio y abstenerse de ejercer la medicina en toda la provincia".

Moyano fue condenado a 10 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo a ejercer su profesión por ser considerado coautor del delito de imposición de severidades, vejaciones, tormentos y apremios ilegales a unas siete víctimas, en el marco de la causa denominada Área Paraná.

Si bien cumplió la totalidad de esa pena, Moyano carga con prisión preventiva en otra causa, llamada Área Paraná II, imputado por privación ilegal de la libertad agravada y torturas, que cumple en su domicilio debido a la pandemia por el coronavirus.

A pesar de la prohibición, se detectó que Moyano seguía utilizando una matrícula y ejercía su profesión desde su domicilio.

"Luego de efectuadas las tramitaciones de rigor, el Ministerio llegó a la conclusión de suspender la matrícula de dicho profesional", informó la cartera en un comunicado.

Además, notificaron la medida al Círculo Médico de Paraná y a la Justicia Federal de Paraná.

Días atrás, el Registro Único de la Verdad (RUV) solicitó a ese Juzgado que "se revoque la prisión domiciliaria y sea inmediatamente trasladado a la Unidad Penal 1" y que se revoque su matrícula para hacer "efectiva la inhabilitación dictada".

El titular del RUV, Marcelo Boeykens, remarcó que Moyano "puede abrir un cervecería, pero no trabajar de médico habiendo utilizado esa digna profesión al servicio de la maquinaria del terrorismo de Estado".

En sus redes sociales, el funcionario señaló que Moyano "ha violado sistemáticamente" la prisión domiciliaria "yendo al Ministerio de Salud, Policía y el Círculo Médico", entre otros lugares.

"Pero lo más grave es que ejerce la profesión de médico en su consultorio privado habiendo desaparecido toda dolencia que le llevó a obtener el beneficio" de prisión domiciliaria, agregó.

Moyano fue condenado en la causa Área Paraná por ser partícipe de sesiones de tortura con la función de controlar si los prisioneros se descompensaban y "aplicó toda clase de tormentos a cuatro víctimas", según el fallo condenatorio.

La causa investigó delitos de lesa humanidad cometidos contra 52 víctimas, incluidas las desapariciones y homicidios de Pedro Sobko, Victorio Erbetta, Claudio Fink, Carlos Fernández y Juan Alberto Osuna.

La causa iniciada en 1983 tuvo 21 imputados pero, por el paso del tiempo sin llegar a juicio, la mayoría de ellos murieron o fueron apartados por demencia senil y otras enfermedades.