La convocatoria es impulsada por el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (Aatrac), la Unión Obrera Gráfica de Córdoba, el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid), y el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (Sutep)
Cerca de 15.000 personas, convocada en Córdoba por la Multisectorial contra la criminalización de la protesta social, marcharon ayer por las calles del centro de la ciudad hasta cercanías de la legislatura provincial, donde se debatía el presupuesto provincial, entre las y los referente presentes se encontraban Javier Musso, Liliana Olivero, Miguel Berrotarán, Luciana Echevarría, Gustavo Alvarez papá de Alexa, Tri Heredia, Pablo Alvarez, Zaida Charafedin, Irina Santesteban, Alfredo Seydel, Luis Bazán, entre otros. Emitieron un duro documento contra los intentos del gobierno de Córdoba y la oposición de Juntos por el Cambio por proyectar prohibir las movilizaciones populares.
En el día de ayer 1/11 en el Sindicato de luz y fuerza se reunieron diferentes organizaciones sociales, organismos de DDHH, asambleas socio-ambientales, sindicatos y organizaciones y partidos políticos.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.