Multitudinaria marcha en Córdoba contra proyectos de leyes que pretenden cercenar protesta social

Documento completo de la Multisectorial contra los intentos de criminalizar la protesta social

Rechazamos el presupuesto de ajuste de la legislatura, al servicio de las necesidades impuestas por el FMI

Rechazamos también los intentos que legisladores de Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, de profundizar el ataque a la clase trabajadora, los sectores populares, las mujeres y disidencias, la juventud y las organizaciones de desocupados y ambientales, cercenando, regimentando, sancionando y criminalizando el derecho a la protesta social.

¡Que se retiren los proyectos!

Que se ataquen las causas por las que se dan las movilizaciones y no las consecuencias.

Mientras esta movilización se desarrolla, los legisladores de HxC, JxC entre otros, se aprestan a hacer votar el presupuesto de ajuste al servicio de las necesidades de un gobierno que pone como prioridad, cumplir con los intereses de los organismos de crédito internacional. En el presupuesto que se está discutiendo, está contemplado el acuerdo llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional y a eso se atañe. Es ajuste al pueblo trabajador, y todo tipo de concesiones a las grandes empresas. 

El presupuesto muestra una de las facetas del gobierno de Schiaretti que en estas últimas semanas no solo ha mostrado ser un gobierno ajustador, sino un gobierno corrupto, montado en un marco de impunidad como se demostró con el reciente crimen vial cometido por Oscar González, que dejo el saldo de una trabajadora docente fallecida y dos adolescentes en gravísimo estado como Alexa y Marina. Y que demuestra la complicidad del conjunto de los partidos del régimen político cordobés que más allá de discursos enfrentados, pretenden garantizar la impunidad de Gonzalez y todo lo que con su crimen salto a la vista.

Pero mientras el gobierno intenta cerrar estos procesos a la espera que la agenda electoral del 23 ocupe las noticias, el pueblo trabajador, las organizaciones de desocupados y de jubilados, las mujeres y disidencias, las organizaciones ambientales salen a luchar. En solo una semana vimos como la rebelión en la salud llego a córdoba donde se impuso un paro y una movilización histórica por salario que pone en jaque las políticas de ajuste de Schiaretti. También salió la docencia que rechazando la mísera oferta salarial. Se movilizo atrás de las familias de las víctimas del crimen vial reclamando justicia. Se movilizaron en el día del orgullo, las disidencias exigiendo presupuesto. Y las organizaciones de desocupados siguen manifestándose por trabajo genuino y universalización de los planes. 

Mientras todos estos reclamos crecen, el gobierno intenta aprobar un presupuesto de mayor ajuste que solo traerá más pobreza, más desocupación y fundamentalmente, más conflictividad social. En el presupuesto que se discute, no solo que no están contemplados los reclamos del pueblo trabajador y los sectores populares, sino que contrariamente, plantea un nuevo ajustazo al salario, a los presupuestos de educación, salud, vivienda. Por eso, desde esta multisectorial exigimos la caída de este proyecto de presupuesto y que se brinden las partidas necesarias para que la crisis que atraviesa el país, no sea pagada por los que siempre la venimos pagando.

Pero es sabido que las y los luchadores no dejaran pasar el robo al poder adquisitivo que este gobierno intenta profundizar. Al contrario, las protestas vienen creciendo y la dinámica será al avance de la movilización. Por eso, el ajuste va a acompañado de intento de avance en la criminalización de la protesta y la represión. 

En el mes de septiembre ingresaron a la legislatura, por parte de legisladores de HxC y de Juntos por el Cambio proyectos que intentan prohibir y sancionar la protesta social. Proyectos que cuentan con el respaldo de la cámara de comercio y otras entidades patronales. Con ellos, se busca impedir la protesta social, otorgándole más poder a la policía del gatillo fácil y a la justicia y cercenando un derecho elemental, garantizado en la propia constitución nacional. Todas las argumentaciones dadas por los sectores que apoyan estos proyectos parten de contenidos netamente reaccionarios. Son leyes de represión, discriminatorias y clasistas en su cara más violenta, autoritaria, ilegal, inconstitucional, antidemocrática

No es casual que estos proyectos se presenten en el marco de un proceso de crecimiento de la pobreza, de la indigencia, de una inflación que carcome todo poder adquisitivo. En Córdoba, al igual que en el país, hay movilizaciones por las más diversas causas:  El 50% de la población es pobre o indigente, el 60% de la niñez está condenada a la extrema pobreza, las y los trabajadores pierden derechos y tienen salarios miserables, o directamente no tienen salario y cobran planes de miseria. Los jubilados son condenados a la indigencia y les robaron el 82% móvil, los defensores ambientales son perseguidos, encarcelados e imputados por luchar contra la destrucción con la que el gobierno beneficia al negocio inmobiliario y al agronegocio. Continúan los femicidios y transfermicidios y todo tipo de violencias contra las mujeres y disidencias. Para lxs jóvenes hay palos y balas policiales en lugar de educación, comida, salud y vivienda.

¿Cómo se pretende que los trabajadores no se manifiesten cuando el salario y las jubilaciones no alcanzan para lo básico y las paritarias son a la baja? ¿Cómo quieren que las mujeres y disidencias abandonemos la calle si cada día nos matan por el solo hecho de serlo? ¿Cómo los activistas ambientales van a dejar de reclamar si el poco monte que tenemos arde bajo el fuego del agronegocio? ¿Cómo van a sacar a las organizaciones sociales de la calle si la pobreza y la indigencia avanzan y cada día se hace más difícil para los sectores populares poner un plato de comida en la mesa? La legislatura debería responder esos reclamos, y no impulsar la represión. 

Estos intentos de acallar la protesta social aparecen como respuesta a un clima de malestar social creciente, para el cual los partidos de casi todo el arco político no pretenden dar soluciones de fondo y para el pueblo trabajador, sino para el sector al cual responden, que es el empresario. 

La Legislatura de Córdoba debería abocarse a tratar proyectos que den respuesta efectiva a las causas por las cuales se generan estas movilizaciones, que no son otras que la miseria creciente y los abusos de poder, dejando de lado estos intentos represivos que buscan atacar las consecuencias. El gobierno de Schiaretti, junto a la oposición de Jx C con esto, buscan eludir su completa responsabilidad en la situación de crisis creada, y endilgarle esa responsabilidad a las y los trabajadores que se movilizan; promoviendo el enfrentamiento social entre trabajadores. 

Pero es precisamente la protesta social el único mecanismo con el que contamos para que sean escuchados nuestros reclamos y como tal es una herramienta fundamental para la defensa de la democracia y los DDHH. Incluso en él están contemplados principios y garantías que han sido reconocidos en la Constitución Nacional y en innumerables Pactos y Tratados Internacionales, y por lo tanto conforman materia en la cual no pueden intervenir legislativamente. 

Todos los derechos conquistados por los trabajadores y los sectores populares, se lograron por la vía del derecho democrático, humano y constitucional a la protesta. Es justamente por eso que lo atacan. Debemos defenderlo, en las calles y con la más amplia unidad de todas y todos los que exigimos el inmediato retiro de ambos proyectos y la puesta en debate de aquellos temas que realmente afectan a la población.

Denunciamos también que la avanzada contra el derecho constitucional a la protesta está enmarcada en un accionar sumamente discriminatorio y persecutorio. Detrás de los proyectos presentados el gobierno y los funcionarios públicos están desarrollando toda una cobertura política y social que busca criminalizar y estigmatizar a las personas que se manifiestan. Con estos proyectos se le otorga más poder a la policía del gatillo fácil de Córdoba. Y también a un poder judicial corrupto, que mete preso al ladrón de gallinas y protege la impunidad de los ladrones de guante blanco como quedó demostrado nuevamente en el accionar de la justicia, la policía y los políticos patronales ante el crimen vial cometido por el presidente de la legislatura y dirigente del PJ Gonzalez

La conflictividad social se soluciona resolviendo los problemas de fondo, garantizando empleo pleno y en condiciones dignas, acceso a vivienda, destinando los presupuestos necesarios para salud, educación, programas para combatir la violencia de género, planificando el desarrollo urbano e industrial democráticamente, y no amedrentando a quienes reclaman las falencias en estas y otras áreas.

Llamamos a organizarnos, partiendo de la más amplia unidad de todos los sectores que repudian este ataque, conformando una multisectorial para defender en las calles el derecho a la protesta: llamamos al pueblo trabajador ocupado y desocupado, a las organizaciones sindicales, políticas, de DDHH, a los movimientos sociales, de mujeres y disidencias, centros de estudiantes, los defensores ambientales, etc. para enfrentar esta política represiva que busca profundizar el ajuste contra el pueblo trabajador.

Firman:  PRML, FORO POR LA LIBERTAD, LA DEMOCRACIA Y LOS DDHH, FORO SOLIDARIO, FOL, MARABUNTA, LIBRES DEL SUR, MÁS DEMOCRACIA, PA, FITU, MST, IS, PTS, POLÍTICA OBRERA, PL, BRIGADA YUSPE, NUEVO MAS, MTR VL, CENTRO CULTURAL LA PIOJERA, SINDICATO DE VIALES CÓRDOBA, LUZ Y FUERZA, entre otros.