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El inicio del juicio y el rol del Ministerio Público
El juicio se abrió con la lectura de la acusación fiscal y la presentación de los hechos que los exagentes deberán responder ante la Justicia. La fiscalía, integrada por funcionarios especializados en causas de lesa humanidad, sostuvo que los imputados formaron parte de estructuras represivas que operaban en forma coordinada con otros organismos de seguridad y fuerzas armadas, tanto en el ámbito nacional como en el marco del Plan Cóndor, la red de coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur.
Los acusados son los exagentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) César Estanislao Albarracín, Rubén Héctor Escobar y Patricio Miguel Finnen y el personal inorgánico de ese mismo organismo, Julio César Casanova Ferro. Todos deberán responder por lo sucedido a 90 víctimas, cinco de las cuales eran niños al momento de los hechos.
Durante la primera audiencia, los fiscales describieron los mecanismos de secuestro, traslado y detención en centros clandestinos, subrayando que los delitos no fueron actos aislados sino parte de un plan sistemático de eliminación de personas consideradas “subversivas” por el régimen. En este contexto, Automotores Orletti y Base Pomar se presentan como nodos clave de una red clandestina que funcionó con la complicidad de civiles y agentes del Estado.
Automotores Orletti y Base Pomar: centros clandestinos emblemáticos
Automotores Orletti fue un taller mecánico ubicado en el barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, que durante la dictadura fue transformado en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Allí se secuestró, interrogó y torturó a militantes políticos, sindicales y estudiantes, muchos de ellos de nacionalidad extranjera, en el marco del Plan Cóndor. Testimonios de sobrevivientes y pericias judiciales han permitido reconstruir que en Orletti se aplicaron métodos de tortura sistemáticos y se ocultaron desapariciones forzadas.
Por su parte, Base Pomar fue un centro clandestino ubicado en la zona oeste del conurbano bonaerense, vinculado a operaciones represivas contra organizaciones populares y de izquierda. En este lugar se habrían cometido privaciones ilegales de la libertad, interrogatorios bajo tortura y, en algunos casos, ejecuciones o desapariciones. Ambos centros forman parte de la trama de más de 500 centros clandestinos que funcionaron en Argentina entre 1976 y 1983, cuya existencia fue demostrada a lo largo de las últimas décadas por organismos de derechos humanos y por la propia Justicia.
Los imputados y los delitos que enfrentan
Los cuatro exagentes que hoy están siendo juzgados se desempeñaron como integrantes de servicios de inteligencia y grupos de tareas vinculados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a otras estructuras represivas. Según la acusación, participaron directamente en operativos de secuestro, traslado y mantenimiento de personas detenidas en forma clandestina en Automotores Orletti y Base Pomar.
Entre los delitos que se les imputan figuran:
Privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real con tormentos y malos tratos.
Aplicación de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Violencia sexual en algunos casos, configurando un agravante particularmente grave.
Participación en un plan sistemático de represión que se enmarca en los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el derecho internacional.
La fiscalía sostiene que los imputados no actuaron de manera aislada, sino como parte de una estructura organizada que respondía a órdenes superiores y a una lógica de eliminación de la disidencia política. En este sentido, el juicio no solo busca individualizar responsabilidades penales, sino también reconstruir la cadena de mando y la coordinación entre distintos organismos represivos.
Testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas
En el desarrollo del juicio se espera la declaración de sobrevivientes que pasaron por Automotores Orletti y Base Pomar, así como de familiares de personas desaparecidas o asesinadas en esos centros. Sus relatos constituyen una pieza central de la prueba, ya que permiten reconstruir el día a día de la represión clandestina, los métodos de tortura, los nombres de los agentes y las condiciones en que se produjeron las desapariciones.
Organizaciones de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo y otros grupos de familiares de detenidos desaparecidos, acompañan el proceso y reclaman que se haga justicia sin impunidad. Para estas organizaciones, cada juicio representa un paso más en la construcción de memoria histórica y en la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
El marco de los juicios por lesa humanidad en Argentina
Este juicio se inscribe en una trayectoria de procesos por crímenes de lesa humanidad que se reanudaron en Argentina a partir de 2006, cuando se declararon inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde entonces, la Justicia federal ha dictado cientos de sentencias contra exmilitares, policías y agentes de inteligencia por delitos cometidos durante la dictadura.
Según datos oficiales, desde 2006 se han dictado más de 300 sentencias en causas de lesa humanidad en todo el país, con condenas a prisión perpetua y penas de varios años de cárcel para responsables directos e indirectos de torturas, desapariciones y homicidios. El proceso contra los cuatro exagentes de Automotores Orletti y Base Pomar se suma a otros juicios emblemáticos que han permitido profundizar el conocimiento sobre la estructura represiva del terrorismo de Estado.
La importancia simbólica y política del juicio
Más allá de las penas que puedan dictarse, este juicio tiene un fuerte valor simbólico: reafirma el compromiso del Estado argentino con la memoria, la verdad y la justicia frente a los crímenes del pasado. También constituye un mensaje de rechazo a cualquier intento de relativizar o negar la existencia de los centros clandestinos y de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Para las nuevas generaciones, el debate público que genera el juicio sirve como herramienta de educación en derechos humanos y de prevención de futuras violencias estatales. Al mismo tiempo, para las víctimas y sus familiares, representa una instancia de reconocimiento de su sufrimiento y de reparación moral, aunque nada pueda devolverles a quienes fueron asesinados o desaparecidos.
El juicio a los cuatro exagentes de inteligencia por crímenes de lesa humanidad en Automotores Orletti y Base Pomar continúa en las próximas semanas, con la presentación de pruebas documentales, pericias y testimonios que buscarán esclarecer cada uno de los hechos denunciados. La sociedad observa el proceso como un capítulo más en la larga lucha por que nunca más se repitan los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina.
