Sures Noticias
El Ministerio de Seguridad, liderado por Alejandra Monteoliva, lanzó un comunicado oficial que restringe de manera draconiana la labor periodística en las protestas contra la reforma laboral libertaria de Javier Milei, prevista para debatirse en el Congreso los días 18, 19 y 20 de febrero. Con la excusa de "medidas de seguridad", insta a los periodistas a no posicionarse "entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad", advirtiendo que tal emplazamiento implica una "autopuesta en peligro" y que, ante violencia, "nuestras Fuerzas actuarán". Lejos de proteger, este texto se interpreta como amenaza velada, priorizando el operativo estatal sobre el derecho constitucional a informar en el espacio público.
La Asociación de Corresponsales Extranjeros (ACERA) fue inmediata en su rechazo, alertando que tales limitaciones buscan "deslindar al Estado de su rol constitucional" como garante de la prensa y vulneran el derecho ciudadano a información veraz, en sintonía con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Herrera Ulloa vs. Costa Rica.
El Colectivo Más Democracia de Córdoba amplificó esta crítica el 17 de febrero, repudiando el anuncio como un "corralito para violentar la actividad de las y los trabajadores de prensa", un pretexto para reprimir no solo a periodistas, sino a trabajadores y al derecho a la protesta democrática en vísperas del debate laboral.
Esta ola de condenas se extiende a nivel nacional e internacional: el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) lo califica de "retroceso autoritario" que remite a prácticas dictatoriales, invocando el artículo 14 de la Constitución y la Convención Americana; la Comisión de Libertad de Expresión del Colegio de Abogados de Buenos Aires (CLADE) denuncia la delegación indebida de responsabilidades de seguridad a los reporteros; Amnistía Internacional Argentina registra 45 ataques a la prensa en protestas mileístas durante 2025, exigiendo protocolos protectores reales; la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (OEA) rechaza advertencias que disuadan coberturas, demandando intervención proactiva del Estado; y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) vincula esto al desplome de Argentina 12 posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras en 2025, señalando un patrón de hostilidad gubernamental.
En conjunto, estas entidades expertas exponen la iniciativa no como medida cautelar, sino como maniobra para silenciar críticas a una reforma que precariza derechos laborales históricos, en medio de un ajuste económico feroz. Mientras las movilizaciones sindicales ganan fuerza, el gobierno de Milei elige el corralito mediático sobre el diálogo, erosionando la democracia y el pluralismo informativo.
