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El Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a juzgar la responsabilidad de cuatro exagentes orgánicos e inorgánicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) —César Estanislao Albarracín, Rubén Héctor Escobar, Patricio Miguel Finnen y Julio César Casanova Ferro— por secuestros, tormentos y otros delitos de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti y en la Base Pomar, dos centros clandestinos que operaron bajo el mando de la SIDE durante la última dictadura militar. La causa aborda, por primera vez, los casos de ocho militantes del Partido Comunista Argentino secuestrados en 1977 y llevados a Base Pomar, entre ellos el exdiputado nacional Juan Carlos Cominguez, así como el secuestro del empresario Pedro León Zavalía.
Automotores Orletti funcionó entre junio y noviembre de 1976 en un taller mecánico del barrio porteño de Floresta y fue una base clave de coordinación represiva del Plan Cóndor, en la que actuaron de manera conjunta represores locales y de otros países del Cono Sur. Tras el cierre de ese centro, la banda comandada por Aníbal Gordon —vinculado previamente a la Triple A y luego a secuestros extorsivos— trasladó sus operaciones a un depósito en Gregorio Pomar 4171, en Nueva Pompeya, identificado recién en 2022 como centro clandestino de detención y hoy también integrado al mapa del terrorismo de Estado.
El juicio incorpora además uno de los casos paradigmáticos de las llamadas “niñeces del Cóndor”: el de Anatole y Eva Julien-Grisonas, hijos de los militantes uruguayos Mario Julien y Victoria Grisonas, secuestrados y desaparecidos en Argentina en septiembre de 1976. Los niños fueron abandonados en una plaza de Valparaíso, Chile, en diciembre de 1976, adoptados por una familia que desconocía su origen y finalmente restituidos a sus familias biológicas en 1979, en uno de los primeros procesos de restitución de identidad de la región.
Entre los imputados se destaca la figura de Patricio Finnen, agente de la SIDE desde 1974 y exsubdirector de Contrainteligencia, quien también tuvo un rol central en la investigación del atentado a la AMIA y en el pago ilegal de 400.000 dólares a Carlos Telleldín para involucrar falsamente a policías bonaerenses, un episodio por el que su absolución inicial fue revertida luego por la Cámara Federal de Casación Penal. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con Kaos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, actúa como querellante en representación de familiares de víctimas, en una causa que vuelve a poner en primer plano la articulación entre los aparatos de inteligencia, el terrorismo de Estado y las tramas de encubrimiento en democracia.
