En el segundo año de Milei, la Argentina se percibe más corrupta y baja cinco puestos en el ranking global

La Argentina cerró 2025 con una percepción de corrupción más alta que en los cinco años anteriores, según el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparency International, que ubica al país en el puesto 104 entre 182 naciones, cinco lugares por debajo de la posición alcanzada en 2024. Con una calificación de 36 puntos sobre 100, la nota argentina marca un retroceso de un punto frente a los 37 de 2024 y continúa la tendencia de deterioro que se viene observando desde 2019, cuando el país llegó a 45 puntos, su máximo en la serie.

En el ranking, Argentina comparte el lugar 104 con Belice y Ucrania, y queda por debajo de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana, lo que refuerza la imagen de un Estado percibido como menos transparente en el sector público. El IPC combina al menos tres fuentes distintas de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción, elaboradas por instituciones de prestigio como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, y mide la percepción de expertos y empresarios sobre la corrupción en la administración pública.

El informe de Transparency International vincula explícitamente la caída argentina con escándalos que marcaron el segundo año de mandato de Javier Milei, en particular la investigación por presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad, centrada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El ex titular Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente, fue procesado por fraude, asociación ilícita y sobornos, en un caso que la ONG describe como un ejemplo de cómo las redes de coimas y sobreprecios afectan directamente a grupos vulnerables.

Más allá de ese caso, el informe señala que la percepción negativa se alimenta de una combinación de factores: sobreprecios en áreas estratégicas como Nucleoeléctrica Argentina, la gestión de la Hidrovía, la nominación de figuras polémicas en la Justicia y la pérdida de autonomía de la Oficina Anticorrupción, junto con restricciones al acceso a la información pública y el “loteo” de negocios en sectores sensibles. Transparency International advierte que estas prácticas, aunque algunas sean formalmente legales, se inscriben en un espectro de corrupción que incluye nepotismo, clientelismo y favoritismo, y que terminan erosionando la confianza ciudadana y el funcionamiento del Estado.

A nivel global, el promedio del IPC cayó a 42 puntos, un mínimo histórico, y más de dos tercios de los países se mantienen por debajo de 50, lo que la ONG interpreta como un estancamiento generalizado en la lucha contra la corrupción. En ese contexto, Argentina se suma a la mayoría de naciones que no logran revertir la tendencia negativa y se convierte, según el propio índice, en un ejemplo de cómo la corrupción socava servicios básicos, infraestructura y oportunidades para los jóvenes, mientras el gobierno de Milei se ve cuestionado por la profundización de esa percepción en apenas dos años de gestión.