La cobertura de una protesta de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires se convirtió en un escenario de violencia policial. Más de 80 personas resultaron heridas y al menos cuatro fueron detenidas, entre ellas periodistas y fotorreporteros que denunciaron agresiones directas por parte de las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ha convocado a una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en una acción coordinada a nivel nacional que se manifiesta en paros y movilizaciones.
El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.
Dos mujeres enfrentan un aparato judicial que organismos de derechos humanos denuncian como persecutorio. Alesia Abaigar y Eva Mieri, junto a otras detenidas, se han convertido en símbolos de lo que múltiples organismos de derechos humanos califican como detenciones políticas en Argentina.
Así lo determinó la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Consideró que se le otorgó el beneficio sin contar con un certero pronóstico de reinserción favorable y que hubo una desconsideración en la opinión de las víctimas. Losito cuenta con una prisión perpetua unificada por sus condenas en 2008 por la causa Regimiento 9 y en 2011 por la Masacre de Margarita Belén. En enero había sido dado de baja del Ejército argentino.