Sures Noticias
En un contexto de fuerte retracción del empleo registrado a nivel nacional, la Provincia de Córdoba salió a mostrar como “éxito” que la caída del empleo formal privado fue “apenas” del 2,07% entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, frente a una baja del 3,04% en el promedio del país. Traducido en personas concretas, ese 2,07% implica la pérdida de alrededor de 11.000 puestos de trabajo privados formales en la provincia, un dato que el oficialismo presenta de manera comparativa para relativizar la gravedad del ajuste laboral.
Según los datos oficiales, en todo el país se destruyeron más de 195.000 empleos registrados en el sector privado en ese período, mientras que Córdoba se ubicó “entre las siete provincias con menor pérdida de empleo”. La lectura del Gobierno provincial, sin embargo, convierte una estadística dramática en motivo de autocomplacencia: en lugar de asumir la crisis ocupacional y revisar su modelo, el Ejecutivo la utiliza para exhibirse como “menos peor” que la Nación, normalizando que haya despidos y cierres de puestos de trabajo como si se tratara de un costo inevitable.
El argumento oficial se apoya en el desempeño de los programas Programa Primer Paso (PPP) y Empleo +26, que en sus ediciones 2024 y 2025 generaron 6.200 puestos de trabajo directos bajo contratos por tiempo indeterminado y ofrecieron prácticas laborales a más de 23.000 personas. Pero detrás del discurso de “políticas activas de empleo” se esconde un esquema sostenido de precarización, donde el Estado subsidia a las empresas con mano de obra barata, temporal y muchas veces sin plena equiparación de derechos laborales, en lugar de promover empleo de calidad con salarios y condiciones dignas.
Incluso las propias estimaciones oficiales reconocen que, sin estos planes, la caída del empleo registrado privado en Córdoba habría sido del 3,24%, lo que implicaría una pérdida cercana a 17.200 puestos desde noviembre de 2023. Es decir, el Gobierno provincial utiliza como argumento de éxito que “evitó” seguir el derrumbe nacional, al costo de consolidar programas que funcionan como un colchón de precariedad: jóvenes y personas adultas son empujados a aceptar prácticas mal remuneradas o empleos subsidiados para no quedar directamente fuera del sistema.
El PPP ya había sido evaluado académicamente en 2017 por su impacto en la inserción laboral de jóvenes sin experiencia; ahora se estudia su efecto sobre personas con discapacidad. Sin embargo, estos análisis conviven con una realidad incómoda: los planes provinciales se vuelven la puerta de entrada a trabajos inestables, con alta rotación, donde los beneficiarios muchas veces no logran permanecer en plantillas formales una vez que se agotan los incentivos estatales, reproduciendo un circuito permanente de mano de obra reemplazable.
En este escenario, la Provincia presenta como “indicador positivo” que Córdoba haya caído menos que otras jurisdicciones, en lugar de preguntarse por qué cae el empleo formal y de qué tipo de empleos se está hablando. La discusión pública queda así atrapada en un juego de porcentajes: se confronta el 2,07% de Córdoba frente al 3,04% nacional, pero se invisibiliza lo central, que es la degradación de las condiciones laborales, la extensión del trabajo subsidiado y la creciente naturalización de que perder empleo es una variable celebrable si se hace “un poco menos” que el promedio del país.
Lejos de ser solo un matiz estadístico, el enfoque oficial revela un cambio de paradigma: el Gobierno provincial prefiere mostrar una foto comparativa que lo favorece antes que hacerse cargo del impacto real que la destrucción de 11.000 puestos privados tiene sobre miles de familias cordobesas. En nombre de una supuesta “resiliencia” del mercado laboral, Córdoba termina transformando en motivo de orgullo lo que debería ser una señal de alarma: la consolidación de un modelo de empleo cada vez más frágil, subsidiado y despojado de derechos.
Fuente base: hoydia.com.ar
