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El informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, destaca que tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas, 258 detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de fuerzas federales y tareas de inteligencia prohibidas sobre la ciudadanía en la Ciudad de Buenos Aires.comisión por la memoria
Un protocolo que habilitó la represión
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sitúa el origen de la actual política represiva en la resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación, dictada el 14 de diciembre de 2023, al inicio del gobierno de Javier Milei. Según el organismo, esta normativa dio marco a una práctica sistemática de represión de la protesta social, aplicada casi exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, epicentro de las principales movilizaciones frente al Congreso y la Casa Rosada.
Desde entonces, el CPM montó equipos de observación en la calle, con protocolos internacionales de monitoreo y una identificación visible como organismo de derechos humanos y parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. En dos años, registró 139 manifestaciones y elaboró tres informes especiales, además de cuatro informes específicos sobre hechos represivos de alta gravedad.
Más heridos, más detenidos y más violencia selectiva
Entre el 10 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2025, el CPM documentó 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias en el marco de protestas sociales; sólo en 2025 se relevaron 1.369 heridos y 165 detenidos, lo que implica un aumento del 13% en heridos y del 77% en detenciones respecto de 2024. El informe subraya que la represión se duplicó: en 2025 hubo episodios represivos en el 43% de las movilizaciones monitoreadas (34 de 79), frente al 28% del año anterior (17 de 60).
El pico represivo se registró el 12 de marzo de 2025, en una movilización de jubilados e hinchas, con 672 personas heridas y 114 detenciones, el mayor desplegado desde 2001 según el CPM. Esa jornada dejó, además, dos personas que perdieron la visión de un ojo por disparos de postas de goma y al fotoperiodista Pablo Grillo gravemente lesionado por una granada de gas lacrimógeno que le provocó traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica.
Periodistas, jubilados y defensores de derechos humanos bajo fuego
El informe destaca que la violencia estatal tiene blancos particularmente sensibles: periodistas, adultos mayores y defensores de derechos humanos. Entre las 1.341 personas heridas en movilizaciones monitoreadas presencialmente en 2025, 184 fueron trabajadores y trabajadores de prensa, el 14% del total, duplicando la proporción de 2024.
La represión sobre las columnas de jubilados aparece como un rasgo recurrente: en las movilizaciones semanales frente al Congreso se registraron al menos 155 adultos mayores heridos en 2025, casi cuatro veces que los 42 casos de 2024. También se consignaron lesiones a cinco niños y adolescentes de entre 4 y 16 años, todos afectados por gas irritante, así como golpes, disparos con postas de goma al rostro y tórax, por químicos y crisis respiratorias y de ansiedad. entre manifestantes.
Los equipos propios de monitoreo y otros defensores de derechos humanos tampoco quedaron al margen: al menos 20 referentes fueron alcanzados por la represión en 2025, pese a estar claramente identificados ya que las fuerzas tienen un deber especial de cuidado sobre ellos.
Operativos desproporcionados e inteligencia ilegal
El CPM describe un esquema de seguridad fuertemente militarizado, con un despliegue que considera desproporcionado frente al carácter pacífico y la cantidad de asistentes a las protestas. En 68 de las 127 movilizaciones presenciales de los dos años participaron tres o más fuerzas de seguridad y en 81 hubo al menos cuatro tipos de móviles, incluyendo camiones hidrantes y helicópteros.
En 2025, 41 de las 67 movilizaciones monitoreadas contaron con al menos tres fuerzas actuando en conjunto y en muchas marchas de jubilados la relación llegó a superar los tres policías por cada manifestante, con ejemplos de hasta siete efectivos por persona. Además, en 57 de 67 protestas relevadas ese año se observó portabilidad de armas letales por parte de efectivos, sobre todo de grupos motorizados de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal, lo que representa un incremento respecto de 2024.
El informe denuncia, además, un uso sistemático de tareas de inteligencia ilegal sobre la ciudadanía movilizada: en al menos el 81% de las manifestaciones de 2025 se registraron efectivos filmando, tomando fotos, operando desde terrazas y usando drones, muchas veces sin uniforme ni identificación, en abierta colisión con la ley de inteligencia. La CPM alerta que estas prácticas se dan en un contexto de reformas regresivas, como el DNU 614/2024 y el decreto 338/25 que amplía facultades de la Policía Federal y habilita investigaciones preliminares sin control judicial, junto a la reglamentación del ciberpatrullaje para monitorear redes sociales.
Denuncias judiciales y advertencias sobre la democracia
En respuesta a este escenario, el CPM presentó 37 denuncias penales en dos años, 27 de ellas durante 2025, además de hábeas corpus y presentaciones ante organismos de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Varias causas, entre ellas las que investigan las lesiones gravísimas a Pablo Grillo y la pérdida de visión de Jonathan Navarro, tienen a efectivos de Gendarmería y Prefectura procesados, aunque sin prisión preventiva.
El organismo advierte que la combinación de represión física, detenciones arbitrarias, uso de fuerzas militarizadas, portabilidad de armamento letal y expansión de las capacidades de inteligencia configura un cambio de paradigma: del enfoque en la seguridad ciudadana hacia la protección del “Estado” frente a la protesta social. Para el CPM, este modelo no sólo vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y reunión, sino que erosiona la tradición de participación ciudadana que organismos internacionales como la CIDH han reconocido como pilar de la democracia argentina.
