El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.
Argentina02 de enero de 2026
Sures Noticias
El proceso es resultado de décadas de lucha de familiares, sobrevivientes, sindicatos y organismos de derechos humanos que reclaman verdad, justicia y reparación frente a la represión contra trabajadores aceiteros.eldiarioar
Un juicio en clave de derechos humanos
El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata fijó para el 23 de abril de 2026, a las 12, el inicio del juicio oral y público contra Parodi por su presunta participación en secuestros, torturas y desapariciones durante la última dictadura cívico‑militar. La fecha llega en la antesala del 50° aniversario del golpe de 1976 y se inscribe en la continuidad de las causas de lesa humanidad que, en un contexto de ofensiva negacionista, sostienen la política de memoria, verdad y justicia como obligación internacional del Estado argentino.
Responsabilidad empresaria en el terrorismo de Estado
Parodi, jerárquico del grupo Bunge & Born –entonces propietario de Molinos–, está acusado de integrar la estructura que elaboró listados de trabajadores señalados por su militancia gremial para facilitar su captura por el aparato represivo estatal. La causa Molinos coloca en el centro el rol de las corporaciones como co‑autoras o partícipes necesarios de los crímenes de lesa humanidad, desarmando el relato que reduce el terrorismo de Estado a una decisión exclusivamente militar.
Trabajadores víctimas y daño colectivo
En la planta de Avellaneda se investigan delitos de lesa humanidad contra 26 trabajadores y trabajadoras, entre ellos delegados sindicales y activistas, así como familiares secuestrados en los mismos operativos. Entre las víctimas figura una niña apropiada a los seis meses tras la desaparición de sus padres, lo que evidencia el carácter sistemático de la violencia y su impacto intergeneracional en términos de identidad, proyecto de vida y lazos comunitarios.
El rol de sindicatos y organismos de DDHH
La Federación del Complejo Industrial Oleaginoso y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires se constituyeron en querellantes, aportaron actas y documentos laborales y asumieron la representación de las víctimas frente a la complicidad empresarial y la inacción de antiguas conducciones sindicales. Su participación refuerza la dimensión colectiva del derecho a la justicia y demuestra cómo las organizaciones de trabajadores, junto con los organismos de derechos humanos, sostienen la reconstrucción de la verdad y la exigencia de sanción a todos los responsables.
Impunidad pendiente y exigencia de justicia integral
Tras décadas sin avances, Parodi recién fue detenido en julio de 2023, y la elevación a juicio y fijación de fecha son consideradas un hito, aunque los sindicatos reclaman que otros 16 jefes y mandos medios de la planta también sean investigados y citados a declaración indagatoria. A medio siglo del inicio del terrorismo de Estado, la causa Molinos vuelve a plantear que no puede haber jerarquías de impunidad según el poder económico: el derecho a la justicia exige alcanzar también a los actores civiles y empresariales que se beneficiaron de la represión contra la clase trabajadora.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.