Juicio por la causa Molinos: juzgan a los cómplices empresariales de la dictadura

El proceso es resultado de décadas de lucha de familiares, sobrevivientes, sindicatos y organismos de derechos humanos que reclaman verdad, justicia y reparación frente a la represión contra trabajadores aceiteros.eldiarioar​

Un juicio en clave de derechos humanos
El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata fijó para el 23 de abril de 2026, a las 12, el inicio del juicio oral y público contra Parodi por su presunta participación en secuestros, torturas y desapariciones durante la última dictadura cívico‑militar. La fecha llega en la antesala del 50° aniversario del golpe de 1976 y se inscribe en la continuidad de las causas de lesa humanidad que, en un contexto de ofensiva negacionista, sostienen la política de memoria, verdad y justicia como obligación internacional del Estado argentino.

Responsabilidad empresaria en el terrorismo de Estado
Parodi, jerárquico del grupo Bunge & Born –entonces propietario de Molinos–, está acusado de integrar la estructura que elaboró listados de trabajadores señalados por su militancia gremial para facilitar su captura por el aparato represivo estatal. La causa Molinos coloca en el centro el rol de las corporaciones como co‑autoras o partícipes necesarios de los crímenes de lesa humanidad, desarmando el relato que reduce el terrorismo de Estado a una decisión exclusivamente militar.

Trabajadores víctimas y daño colectivo
En la planta de Avellaneda se investigan delitos de lesa humanidad contra 26 trabajadores y trabajadoras, entre ellos delegados sindicales y activistas, así como familiares secuestrados en los mismos operativos. Entre las víctimas figura una niña apropiada a los seis meses tras la desaparición de sus padres, lo que evidencia el carácter sistemático de la violencia y su impacto intergeneracional en términos de identidad, proyecto de vida y lazos comunitarios.

El rol de sindicatos y organismos de DDHH
La Federación del Complejo Industrial Oleaginoso y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires se constituyeron en querellantes, aportaron actas y documentos laborales y asumieron la representación de las víctimas frente a la complicidad empresarial y la inacción de antiguas conducciones sindicales. Su participación refuerza la dimensión colectiva del derecho a la justicia y demuestra cómo las organizaciones de trabajadores, junto con los organismos de derechos humanos, sostienen la reconstrucción de la verdad y la exigencia de sanción a todos los responsables.

Impunidad pendiente y exigencia de justicia integral
Tras décadas sin avances, Parodi recién fue detenido en julio de 2023, y la elevación a juicio y fijación de fecha son consideradas un hito, aunque los sindicatos reclaman que otros 16 jefes y mandos medios de la planta también sean investigados y citados a declaración indagatoria. A medio siglo del inicio del terrorismo de Estado, la causa Molinos vuelve a plantear que no puede haber jerarquías de impunidad según el poder económico: el derecho a la justicia exige alcanzar también a los actores civiles y empresariales que se beneficiaron de la represión contra la clase trabajadora.