El régimen de Milei reestructura el sistema de inteligencia por DNU. Habilita detenciones y persecuciones políticas a personas

El DNU 941/2025 introduce 41 artículos que reordenan el Sistema de Inteligencia Nacional y establecen una nueva estructura encabezada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), junto con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. La norma crea la figura del Subsecretario de Inteligencia, con capacidad de asistir y reemplazar al titular de la SIDE y de recibir funciones delegadas.

El decreto incorpora además una cláusula que permite al personal de inteligencia aprehender personas cuando actúe en tareas de inteligencia vinculadas a requerimientos judiciales o ante delitos flagrantes, con la obligación de avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad competentes. Junto con la reforma, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete, encargado de proteger el ciberespacio de interés nacional, infraestructuras críticas de información y activos digitales estratégicos del Estado.

Rechazo

La oposición argentina rechazó un nuevo DNU impulsado por el gobierno de Javier Milei relacionado con reformas en la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado). Este decreto, identificado como DNU 941/25, modifica la Ley de Inteligencia Nacional y genera críticas por supuestamente habilitar espionaje a opositores, periodistas y activistas, además de transferir competencias sensibles.​

Figuras como Esteban Paulón (socialista), Agustín Rossi (peronista), Leopoldo Moreau y otros de izquierda y radicalismo denunciaron el DNU como un retroceso a un "estado policial" y viola la Constitución al legislar por decreto sin debate parlamentario. Anticipan impugnar el decreto en el Congreso mediante la Comisión Bicameral de Inteligencia, aunque requiere mayoría en ambas cámaras para anularlo.​

La oposición política salió a cuestionar el DNU 941/25 con el que Javier Milei modificó por decreto la Ley de Inteligencia y reestructuró la SIDE, sin pasar por el Congreso. El decreto declara “encubiertas” todas las actividades del organismo, le permite aprehender personas en casos de flagrancia y traslada la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete mediante la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad.

Advirtieron que la norma amplía el margen para el espionaje interno y la persecución de opositores, periodistas y activistas. Hablan de “policía secreta”, “fuerza parapolicial” y “retroceso democrático” y reclaman que el Congreso active la bicameral de inteligencia y la de trámite legislativo para tratar y rechazar el DNU.

La reforma también prevé nuevas agencias especializadas, la disolución del organismo de inteligencia estratégica militar y su unificación bajo el Estado Mayor Conjunto, lo que, según Taiana, debilita el control civil sobre la inteligencia de defensa y acerca a las Fuerzas Armadas a un rol de “Guardia Nacional”. Mientras el oficialismo pule la implementación del decreto, los bloques opositores preparan una ofensiva legislativa para intentar anularlo.

Antecedentes
Previamente, en 2024, el Congreso rechazó por unanimidad opositora un DNU (656/2024) que asignaba $100.000 millones extras a la SIDE para fondos reservados, en medio de reclamos de austeridad fiscal. Este nuevo caso revive tensiones similares sobre el rol de la SIDE entre Karina Milei y Caputo.