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La relatora especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas, Reem Alsalem, incorporó información clave aportada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) de Argentina en su último informe presentado ante la Asamblea General de la ONU. El documento analiza las múltiples manifestaciones de violencia de género en el mundo y dedica un apartado específico a la problemática de la maternidad subrogada como una práctica que puede implicar riesgos de explotación reproductiva.
La PROTEX, a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, aportó evidencia sobre el modus operandi identificado en varios casos que se investigan en la justicia federal argentina. Según el informe, la procuraduría logró identificar "el funcionamiento de un sistema ilícito dedicado a la explotación de mujeres gestantes a través de la modalidad conocida como 'gestación por sustitución' y la posterior comercialización de los niños nacidos bajo este sistema".
Perfil de vulnerabilidad
El aporte de PROTEX fue considerado relevante para visibilizar que en Argentina muchas mujeres, particularmente madres solteras en contextos de precariedad económica, recurren a la subrogación como estrategia de subsistencia, quedando expuestas a dinámicas de explotación y desigualdad.
La procuraduría identificó un perfil concreto de vulnerabilidad: mujeres solas con hijos a cargo que se ven compelidas a recurrir a la práctica por necesidad económica, generalmente con una historia previa de vulneración de derechos. "Esta caracterización permite identificar la subrogación como una modalidad de captación de mujeres en contextos de vulnerabilidad, similar a lo que ocurre en otras finalidades de la trata", señaló PROTEX.
"Reducción a la servidumbre"
El informe de la ONU hace una mención específica a la situación argentina, afirmando que "se reclutó a mujeres más pobres en los medios sociales para que se convirtieran en sustitutas en condiciones que los fiscales describían como la 'reducción a la servidumbre'".
Para PROTEX, cuando en la "gestación por sustitución" intervienen actores que hacen de esta práctica un negocio habitual y lucrativo a partir de la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad, se está frente a un supuesto de explotación en los términos del delito de trata de personas, de acuerdo con las pautas establecidas en el Protocolo de Palermo.
Cinco tipos de violencia
El informe internacional identifica cinco tipos de violencia en el contexto de la reproducción subrogada: económica, psicológica, física, reproductiva, y esclavitud y trata. La relatora subraya que la ausencia de marcos regulatorios claros y de mecanismos efectivos de control en distintos países, incluida Argentina, incrementa los riesgos de abuso, mercantilización y violencia contra las mujeres.
Según el documento, con frecuencia las madres sustitutas reciben solo una pequeña fracción de la compensación total, pues la mayor parte del pago va a parar a los intermediarios. PROTEX ha intervenido en casos donde aparecen terceros que se dedican al reclutamiento sistemático de mujeres vulnerabilizadas, ofreciéndoles determinadas sumas de dinero que incluyen "adicionales" si el parto tiene lugar por cesárea, lo que evidencia la introducción en el "mercado" de los cuerpos de las mujeres y la comercialización de bebés.
Recomendaciones y reconocimiento internacional
Entre las recomendaciones que la relatora especial hace a los Estados se destaca aprobar un marco jurídico que sancione a intermediarios que facilitan los arreglos de reproducción subrogada y se benefician de ellos, mientras despenaliza a las madres sustitutas.
También sugiere fortalecer la cooperación internacional para detectar y prevenir violaciones de derechos humanos relacionadas con la trata de mujeres y niños, y establecer mecanismos de justicia eficaces que incluyan resarcimiento y reparaciones para las mujeres y niños que hayan sufrido daños.
La inclusión de los aportes de PROTEX en este documento internacional constituye un reconocimiento al trabajo de la procuraduría en la identificación de modalidades de explotación vinculadas a la vulnerabilidad social y económica de las mujeres, y reafirma la importancia de continuar fortaleciendo la investigación y prevención de estas problemáticas en los ámbitos nacional e internacional.
