Sures Noticias
El año pasado Misiones fue escenario de una de las movilizaciones más masivas en defensa de los salarios. Docentes, trabajadores de la salud, seguridad y de la administración pública llevaron adelante semanas de protestas con asambleas, marchas de antorchas, cortes de ruta y actos multitudinarios. Ese proceso de lucha, bautizado popularmente como el “misionerazo”, logró instalar en la agenda nacional la situación de los estatales de la provincia y forzó una mesa de negociación con el gobierno el 7 de junio de 2024. Allí se conquistaron mejoras salariales y un compromiso oficial de no aplicar represalias.
Sin embargo, lejos de cumplir con lo acordado, el Ejecutivo provincial profundizó la persecución a través de un Poder Judicial cuestionado por su dependencia política. En ese marco, dos dirigentes sindicales fueron seleccionados como blanco: Mónica Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, y Leandro Sánchez, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) y adjunto de la CTA. Ambos fueron citados a un juicio oral fijado para el 15 de octubre de 2025, acusados por su participación en un acampe multitudinario y pacífico en la Avenida Uruguay, en Posadas.
Distintas organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos advierten que la causa constituye un intento de disciplinamiento hacia los sectores en lucha, con un ensañamiento particular sobre las representaciones sindicales. “Se busca responsabilizar penalmente a quienes encabezaron un reclamo justo y colectivo, para desalentar futuras movilizaciones”, denunciaron en un comunicado.
En este contexto de ajuste económico y creciente represión, los espacios convocantes llaman a movilizarse por la absolución de Gurina y Sánchez, así como por el desprocesamiento de todos lxs luchadorxs populares perseguidos judicialmente.
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