Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes de la CTA-A y UTEM, enfrentarán un juicio oral el próximo 15 de octubre de 2025, acusados por participar de un acampe pacífico durante el “misionerazo”. Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos denuncian un ataque al derecho a la protesta y exigen el cese de la criminalización de lxs luchadorxs.
Argentina28 de agosto de 2025
Sures Noticias
El año pasado Misiones fue escenario de una de las movilizaciones más masivas en defensa de los salarios. Docentes, trabajadores de la salud, seguridad y de la administración pública llevaron adelante semanas de protestas con asambleas, marchas de antorchas, cortes de ruta y actos multitudinarios. Ese proceso de lucha, bautizado popularmente como el “misionerazo”, logró instalar en la agenda nacional la situación de los estatales de la provincia y forzó una mesa de negociación con el gobierno el 7 de junio de 2024. Allí se conquistaron mejoras salariales y un compromiso oficial de no aplicar represalias.
Sin embargo, lejos de cumplir con lo acordado, el Ejecutivo provincial profundizó la persecución a través de un Poder Judicial cuestionado por su dependencia política. En ese marco, dos dirigentes sindicales fueron seleccionados como blanco: Mónica Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, y Leandro Sánchez, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) y adjunto de la CTA. Ambos fueron citados a un juicio oral fijado para el 15 de octubre de 2025, acusados por su participación en un acampe multitudinario y pacífico en la Avenida Uruguay, en Posadas.
Distintas organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos advierten que la causa constituye un intento de disciplinamiento hacia los sectores en lucha, con un ensañamiento particular sobre las representaciones sindicales. “Se busca responsabilizar penalmente a quienes encabezaron un reclamo justo y colectivo, para desalentar futuras movilizaciones”, denunciaron en un comunicado.
En este contexto de ajuste económico y creciente represión, los espacios convocantes llaman a movilizarse por la absolución de Gurina y Sánchez, así como por el desprocesamiento de todos lxs luchadorxs populares perseguidos judicialmente.
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Fueron considerados responsables del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. El tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto en línea con lo planteado por el MPF en su alegato. Los fundamentos se conocerán el próximo 9 de diciembre. Inicialmente la condena fue a 10 y 8 años de prisión.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital emitió un comunicado enérgico en respuesta a un pronunciamiento del Ministerio de Capital Humano que considera negacionista. En su declaración, ATE critica la apertura de un sumario policial por la colocación de una baldosa con la inscripción "Barrios x Memoria y Justicia" en la sede de la Secretaría de Trabajo, señalando que esta acción es un homenaje a los trabajadores desaparecidos durante la dictadura.
El martes 14 de octubre, a las 18, en la sala Regino Maders de la Legislatura Histórica, el periodista Fabián García presenta su libro sobre el caso Mackentor: 48 años de impunidad atravesados por Terrorismo de Estado, corrupción y persecución judicial, y el rol de Supercemento y Franco Macri en la disputa por el acueducto Villa María–San Francisco.
La jueza María Romilda Servini dictó el procesamiento por "abuso de armas agravado" contra Héctor Jesús Guerrero, quien disparó de forma antirreglamentaria durante la marcha de jubilados del 12 de marzo en Plaza Congreso La justicia federal dio un paso en la búsqueda de responsabilidades por la brutal represión del 12 de marzo pasado.
El evento, impulsado por Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en democracia, convoca a la comunidad este 9 de octubre en el CISPREN con música, arte y solidaridad, en busca de memoria, justicia y contención social ante un contexto nacional complejo.
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El juez Alejo Ramos Padilla desestimó el reclamo de La Libertad Avanza para posicionar a Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional, ratificando a la racista Karen Reichardt al frente de la nómina luego de una serie de renuncias y controversias sobre la paridad de género en la lista.