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El martes 6 de agosto será una fecha clave en la disputa por los derechos sociales en la Argentina. Mientras trabajadores del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” exigen a los legisladores cordobeses su apoyo a la Ley de Emergencia en Salud Infantil, en paralelo se desarrolla una jornada federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad —sancionada por el Congreso pero vetada por el presidente Javier Milei—, que tendrá movilizaciones en todo el país.
Desde el Hospital Garrahan, institución de referencia nacional en salud pediátrica de alta complejidad, enviaron una carta al gobernador cordobés Martín Llaryora solicitando “respaldo político” para que los legisladores nacionales por Córdoba se presenten y voten a favor del proyecto. En 2024, el Garrahan atendió más de 1.200 consultas, 85 internaciones, casi 70 tratamientos diarios, más de 200 teleconsultas, 43 cirugías y un trasplante de pacientes provenientes de la provincia mediterránea.
“Estas cifras no sólo evidencian el alto nivel de derivación desde su provincia hacia nuestra institución, sino también la necesidad de garantizar, con carácter de urgencia, respuestas concretas para una población pediátrica que enfrenta diagnósticos y tratamientos de alta complejidad”, afirma la Comisión Enlace del Hospital con el Poder Legislativo en su nota formal, fechada el 1° de agosto.
La iniciativa legislativa busca declarar la emergencia en salud infantil para asignar recursos extraordinarios, fortalecer redes de atención y evitar el colapso de instituciones como el Garrahan, en un contexto de crisis económica, recortes presupuestarios y deterioro del sistema público de salud.
Mientras tanto, el colectivo de personas con discapacidad, prestadores y familiares también da batalla: convocan a un paro, movilización y clase pública en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), recientemente vetada por el Ejecutivo nacional. “La emergencia en discapacidad es ley, que se cumpla”, reza el título de la gacetilla difundida por la Asamblea por la Inclusión.
La norma establece un marco legal para garantizar la continuidad de apoyos, tratamientos y transportes para personas con discapacidad, sin afectar el equilibrio fiscal. “El costo de implementación no llega a un centésimo del PBI”, explican en la comunicación oficial. Sin embargo, fue vetada bajo argumentos de ajuste y ahorro, provocando indignación y movilización.
“La crueldad presidencial no tiene argumentos, el desequilibrio es social y no fiscal”, señalan con contundencia desde la Asamblea. La jornada del 5 de agosto incluye actos en plazas de todo el país, con fuerte presencia en Córdoba, donde se organizan marchas desde distintos sectores. En Córdoba la concentración sera en Plaza San Martin a las 12.00 hs.
Los organizadores hacen un llamado a la ciudadanía a no naturalizar “la violencia y el avasallamiento sobre las personas” y apuntan contra lo que consideran una política de ajuste que recae desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables: la infancia y las personas con discapacidad.
La discusión legislativa se vuelve entonces un campo decisivo para el futuro inmediato de derechos largamente conquistados. Tanto en el Congreso como en las calles, la consigna es clara: sin salud ni inclusión, no hay justicia social posible.
Compartimos el testimonio de la Colega Yanina Soria en el programa La Mañana de Telefe Córdoba de hoy 4 de agosto sobre la dimension del problema que acasiona el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad en la vida cotidiana de familia, trabajadores y profesionales.
