La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) se encuentra en el centro de una grave crisis institucional tras el vaciamiento y la confirmación judicial de Eduardo Maurizzio como interventor designado por el gobierno de Javier Milei, una decisión que ha generado un fuerte rechazo por parte de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la comunidad universitaria.
Argentina28 de mayo de 2025
Sures Noticias
Contexto y antecedentes
La UNMa fue creada hace 25 años como un proyecto liberador impulsado por las Madres de Plaza de Mayo, con un fuerte compromiso político, ético y social. En octubre de 2023, el Congreso argentino aprobó su creación como universidad nacional autónoma, con Cristina Caamaño elegida democráticamente como rectora en marzo de 2024. Sin embargo, desde la asunción del gobierno de Milei en diciembre de 2023, la universidad ha sufrido una serie de ataques que incluyen la retención presupuestaria, la intervención administrativa y la intromisión policial en sus sedes.
En julio de 2024, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ordenó la intervención de la UNMa y designó a Eduardo Maurizzio como interventor. Maurizzio había sido secretario administrativo de la universidad hasta diciembre de 2023. La intervención fue cuestionada judicialmente por la comunidad universitaria y las Madres, que denunciaron la violación de la autonomía universitaria y la ilegalidad de la medida.
La decisión judicial y sus consecuencias
El 27 de mayo de 2025, la Sala III del Fuero Contencioso Administrativo Federal reconoció a Eduardo Maurizzio como autoridad legítima de la UNMa, respaldando la intervención del gobierno de Milei y desconociendo la representación legal de la rectora Cristina Caamaño. La resolución judicial fue interpretada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo como un "secuestro" de la universidad por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que además desconocieron el derecho de la comunidad universitaria a litigar a través de su rectora elegida democráticamente.
La Asociación emitió un comunicado firmado por su presidenta, Carmen Arias, en el que calificó la medida como una apropiación política del proyecto educativo que las Madres construyeron y defendieron durante 25 años.
Reacciones y denuncias
Organismos como CLACSO denunciaron la violación a la autonomía universitaria y el desfinanciamiento sistemático de la UNMa desde la llegada del gobierno de Milei, calificando la intervención como una medida fraudulenta e ilegítima que atenta contra la educación pública y los derechos humanos.
La comunidad universitaria habia sufrido además episodios de violencia y hostigamiento, como el ingreso de personas no identificadas que sustrajeron documentación y causaron daños materiales en noviembre de 2024, y la intromisión de docentes vinculados al partido oficialista La Libertad Avanza, hechos que aumentan la tensión institucional.
Situación actual y perspectivas
La UNMa enfrenta una profunda crisis institucional y financiera, con amenazas a su autonomía y funcionamiento. La comunidad educativa, junto con las Madres de Plaza de Mayo, mantiene su compromiso con la defensa de la universidad como un espacio de formación, memoria y lucha social.
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El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
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El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
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La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
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La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
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