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En un contexto marcado por ajustes y recortes, la política de derechos humanos en Argentina atraviesa una de sus etapas más críticas en las últimas décadas. La reciente degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a una subsecretaría, junto con el re-nombramiento ad honorem de Alberto Baños —quien ya lideró un proceso de despidos masivos—, evidencia un claro debilitamiento institucional que pone en riesgo la continuidad de políticas públicas esenciales para la defensa y promoción de los derechos fundamentales.
Desde su asunción en diciembre de 2023, Baños ha impulsado una reducción drástica del personal, con más de 400 despidos concretados y la proyección de un recorte adicional del 30%. Esta sangría afecta directamente áreas clave como la dirección de Sitios de Memoria y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que han visto cómo sus equipos se reducen a una mínima expresión. Actualmente, solo queda un abogado para atender las causas de crímenes de lesa humanidad en Buenos Aires y provincia, mientras que en otras jurisdicciones ya no hay representación legal para estos procesos.
El impacto de estos ajustes es palpable en la desaparición de cuerpos técnicos, como el de peritos especializados, y en el cierre de espacios culturales y de memoria, entre ellos el Centro Cultural Haroldo Conti, donde se han censurado actividades relacionadas con la memoria histórica. Además, la unificación del ANM con el Museo del Sitio de Memoria ESMA bajo un organismo acéfalo, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), genera incertidumbre sobre el rumbo de estas instituciones.
El marco normativo vigente, expresado en el Decreto 347/2025, establece que la Subsecretaría debe asistir al Ministerio de Justicia en la elaboración y seguimiento de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, coordinar con organismos nacionales e internacionales y promover la erradicación de la violencia y discriminación. Sin embargo, la reducción de recursos humanos y materiales compromete gravemente la capacidad de cumplir con estos objetivos.
Organismos de derechos humanos, gremios y sectores sociales han expresado su preocupación por este retroceso, que no solo afecta la memoria y la justicia por crímenes de lesa humanidad, sino también la protección de derechos de personas LGTBIQ, jubilados y grupos vulnerables, en un contexto de creciente pobreza y restricciones a la protesta social y la libertad de prensa.
La política de derechos humanos en Argentina enfrenta así un desafío mayúsculo: la necesidad de resistir y revertir un proceso de desmantelamiento institucional que amenaza con borrar conquistas fundamentales y dejar a las víctimas sin respuestas ni justicia. La comunidad nacional e internacional observa con atención y alerta este escenario que, de no corregirse, podría marcar un punto de inflexión negativo en la historia reciente del país.
Quien es Alberto Baños
Alberto Baños es un jurista y exjuez que desde diciembre de 2023 ocupa la titularidad del área de Derechos Humanos en Argentina, primero como secretario y desde mayo de 2025 como subsecretario "ad honorem" del Ministerio de Justicia, tras la degradación de la Secretaría a Subsecretaría por el gobierno de Javier Milei.
Ingresó al Poder Judicial en 1977, durante la dictadura, y fue juez desde 1993 hasta su retiro en 2023. Es conocido por su perfil duro y conservador, con vínculos en tribunales con figuras polémicas como Juan José Galeano, y por haber concedido en 2010 un hábeas corpus al ministro de Economía de la dictadura José Martínez de Hoz.
Baños llegó al área de Derechos Humanos por su amistad con el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien también lo reclutó como docente universitario. Desde su gestión, ha impulsado un fuerte ajuste en la estructura del organismo, con más de 400 despidos y un plan de recorte adicional del 30%, afectando gravemente a áreas clave como el Archivo Nacional de la Memoria y los Sitios de Memoria, además de censurar actividades culturales y cerrar espacios como el Centro Cultural Haroldo Conti.
